“Tocaba apagar el incendio”, dice el comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, al hablar sobre la airada declaración que dio esta semana luego de que el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, dijo que el 55 por ciento de los exguerrilleros de las Farc ya no estaban en las zonas de reincorporación.
Arnault aclaró que no todos se iban por descontento con la falta de perspectivas, pero que esto sí era determinante. Y para el Gobierno, con esa declaración “graduó” como disidentes a todos los excombatientes que salen de las zonas por distintas razones.
Rivera habló con EL TIEMPO sobre la molestia con la ONU, sobre lo que puede hacerse para sacar adelante las leyes de la paz que ya no saldrán por ‘fast track’ y de la implementación de los acuerdos con las Farc.
Usted fue inusualmente duro esta semana con la ONU…
Tocaba. Las declaraciones de Jean Arnault produjeron un incendio en redes y en la opinión, porque dieron lugar a la lectura de que todos los exguerrilleros que salen de los espacios de reincorporación se fueron del proceso. ¿Usted vio voceros de opinión muy serios y candidatos presidenciales que conocen de estos temas diciendo: ‘ya lo dijo la ONU: más de la mitad son disidentes'? Era muy grave graduar de disidentes a quienes salen porque pueden hacerlo.
¿Se equivocó el jefe de la misión de la ONU, o los políticos que lo interpretaron?
Las declaraciones de la ONU dieron a entender que la gente sale de los espacios por descontento, luego se van a las disidencias o desertan del proceso. Hay que ser extremadamente cuidadosos con los mensajes, y un vocero de la ONU dice estas cosas sin contarle a la gente que los exguerrilleros pueden entrar y salir de las zonas. La ONU sabe que hay cientos entrenándose para ser escoltas, para desminado, en tareas de seguimiento a los acuerdos, en la preparación del partido político, y que hay 1.300 que se presentaron para pedir una ruta individual de reincorporación. Lo sorprendente es que todavía el 74 por ciento de la gente se mantenga en las zonas.
Lo sorprendente es que todavía el 74 por ciento de la gente se mantenga en las zonas
Según la ONU, permanecen en las zonas el 45 por ciento de los exguerrilleros...
El 15 de agosto, cuando se produjo el fin del desarme, había en las zonas 7.200 adultos que no podían salir, y 330 niños. Al día siguiente ya podían salir. Hace una semana, cuando hicimos el último conteo para la alimentación, en las zonas había 5.300 adultos y 400 niños. Es decir, estaban el 74 por ciento de los adultos y habían aumentado los niños, porque hay una especie de ‘babyboom’ y han llegado muchos niños para estar con sus padres porque ahí están rehaciendo sus vidas.
¿Por qué el debate público con la ONU si usted mismo le pidió al organismo usar los canales diplomáticos?
Tenía que quedar claro que hubo por lo menos una imprudencia al hacer una aseveración sin el contexto necesario. Graduar a los que salen de los espacios como desertores implica un riesgo de seguridad para ellos.
¿Tras el incidente, alguien del Gobierno habló con el jefe de la misión de la ONU en Colombia?
Con la ONU tenemos la mejor relación, y con el señor Arnault también. Lo que muestra este episodio es la complejidad del proceso. El acuerdo previó que esto iba a tomar por lo menos 10 años de implementación. Por eso, las partes establecieron que una institución internacional experta en evaluación y seguimiento de acuerdos de paz, como el Instituto Kroc, hiciera la evaluación. Quisiera ver a la ONU citando al instituto, que es el único con una base de datos de todos los procesos de paz en el mundo (34) en los últimos 27 años, y dice que este proceso va mejor que el resto.
Pero es tarea de la ONU, como verificador de la reincorporación, lanzar alertas…
La tarea de la ONU es recoger las versiones de las partes y hacer un seguimiento.
¿Y no lo está haciendo?
El Gobierno está dando cifras inobjetables de la reincorporación, y la ONU debería recogerlas porque parte de los retos de la implementación es explicarles a las Farc que los proyectos productivos no se hacen de la noche a la mañana. Que no se puede improvisar como hicimos con el M-19 o las Auc (paramilitares). La plata que se entregó a la carrera para esos proyectos se perdió.
¿Usted cree que la ONU no está siendo constructiva?
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay unas cifras del Gobierno que no estuvieron en el informe presentado por el señor Arnault.
Desconocieron las cifras del Gobierno…
Se basaron exclusivamente en la versión de las Farc. Y la versión de las Farc, en alto grado, corresponde a la de un partido político que está en campaña y que no reconoce el número de acreditados, bancarizados...
¿Usted cree que a las Farc le conviene políticamente decir que el Gobierno ha incumplido?
No es cuestión de conveniencia. Los partidos oficialistas se comportan de una manera y los contestatarios, de otra.
Las leyes para la paz han sufrido en el Congreso. ¿El Gobierno apelará a la conmoción interior para sacar las que no salgan por ‘fast track’?
Estuve 16 años en el Congreso y no hubo un año en el que no hubiera drama al final, pero tampoco uno en el que el Congreso no aprobara las leyes más importantes. Todavía tenemos tiempo.
¿Confía en que eso pasará con las leyes de la paz?
Confío en que el Congreso cumplirá con su deber. De nueve reformas constitucionales que se habían planteado este año, siete han sido aprobadas. Y dos, que son las circunscripciones y la reforma política, están a punto de aprobarse. Es un récord facilitado por el ‘fast track’, pero que no se puede desconocer. En cuanto a leyes, se han expedido cinco de 16 proyectos presentados. Es donde tenemos las mayores dificultades. Y en materia de decretos leyes y decretos ordinarios se han expedido 82. El Instituto Kroc reconoce que se están haciendo las cosas más importantes, pero las menos visibles, para que el acuerdo funcione. No sexis, y nadie tira voladores por ellas.
Lo relacionado con tierras, corazón del conflicto con las Farc, está en ceros…
Ya hay un proyecto. Podríamos quedar atrapados por la dinámica electoral, pero hay vida más allá del ‘fast track’.
¿Y cómo esperan sacar adelante estas leyes?
El Congreso no se acaba el 30 de noviembre, solo se acaba el ‘fast track’, y no hay gran diferencia entre este mecanismo y el trámite de urgencia. El Gobierno tendrá que evaluar el 30 de noviembre cómo quedan los proyectos y a cuáles les va a dar prioridad.
Pero el margen de maniobra del Gobierno es cada vez más estrecho en medio de la campaña electoral…
La campaña va a seguir, pero doy tranquilidad en que logramos lo mismo con manifestaciones de urgencia que con ‘fast track’ en el tiempo que falta hasta el 16 de diciembre. El Gobierno tendrá que evaluar la convocatoria a extras. El Presidente tiene la voluntad y los instrumentos.
¿Cambiando de tema, cuál es la realidad sobre la permanencia futura de las Farc en los actuales espacios de reincorporación?
Lo que está convenido con las Farc es que esos espacios tengan una vigencia de dos años por lo menos. Si hay condiciones jurídicas para comprar esos terrenos y las Farc quieren permanecer ahí, la voluntad del Gobierno es apoyar que esos espacios se conviertan en ciudadelas de paz. En la mayoría podrán hacerlo.
¿Y cómo ve que la Corte Constitucional haya validado la idea de que los terceros (no combatientes responsables de delitos en el conflicto) no estén obligados a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz?
La Corte dejó a empresarios y funcionarios públicos con su juez natural, pero también les deja abierta la puerta para ir a la JEP. Me parece una decisión impecable. Habría desconocido el acuerdo de paz si dijera que las Farc deben ir a un juez ordinario.
¿Le tocó a usted llegar a la paz con las Farc en el tramo más difícil?
Cuando llegué como comisionado de Paz, las Farc no existían como organización armada. Empecé a tener interlocución con un partido político.
¿Ve eso como una ventaja?
No. Yo creo en este proceso, aunque siempre fui un halcón, línea dura, y aunque me opuse al proceso de paz del Caguán, porque fue mal concebido.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO@marisolgmezg