Tras el hundimiento de la reforma política este miércoles en el Congreso, respaldado incluso por el Gobierno debido a los cambios que el proyecto original sufrió y con los cuales no se lograba cambiar el sistema electoral para hacerlo más transparente, las dos decisiones más importantes del Legislativo este miércoles, cuando se vence el plazo del trámite abreviado para las leyes de la paz –fast track–, tienen que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los 16 cupos en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado.
La suerte de ambos proyectos está concretamente en manos del Senado, donde deben votarse las conciliaciones, que ya pasaron en la Cámara. Esta aprobó este miércoles la conciliación de las curules de paz con 90 votos contra 31.
Se da casi como un hecho que los senadores aprobarán la reglamentación de la JEP con los cambios que le introdujeron en la Cámara, donde al final revivieron la inhabilidad para los magistrados que actuaron como defensores o acusadores del Estado en procesos por violaciones de derechos humanos y para quienes fueron asesores de la mesa de diálogos de La Habana.
En cambio, hay gran expectativa por la suerte de las 16 circunscripciones de paz, por la resistencia que le han hecho partidos como Cambio Radical y el Conservador, sobre la base de que las antiguas Farc podrían poner candidatos para esas curules.
Pero ni el partido político de la exguerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) ni ningún otro movimiento puede presentar candidatos.
Las circunscripciones especiales de paz hacen parte de los acuerdos de La Habana para compensar con representación en la Cámara a las regiones del país que sufrieron el mayor impacto del conflicto.
La idea es que tengan un representante por dos periodos: en el Congreso que sea elegido en el 2018 y en el que se escoja en el 2022. En esas regiones apartadas y marginadas históricamente de la política, asociaciones de víctimas se han venido organizando para presentar sus candidatos.
Una reunión prevista para este jueves entre el presidente Juan Manuel Santos y delegados de la bancada del Partido Conservador en el Senado será la última carta que se jugará el Gobierno para tratar de salvar las 16 curules para las víctimas.
En el encuentro, acordado en la tarde del miércoles, estarán a nombre de los ‘azules’ el presidente del partido, Hernán Andrade; el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el vocero de los senadores, Juan Diego Gómez.
Este miércoles fracasaron los intentos por convencer a ese partido de apoyar la votación de la conciliación de la iniciativa.
Primero fue una reunión en la presidencia de Senado, en la cual los conservadores propusieron que se hundiera la iniciativa y se incluyera un artículo en la reforma política que les diera vida a las curules. Según esa propuesta, estas no serían elegidas con voto popular sino por las víctimas.
Y luego, pasadas las 4 de la tarde, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, conservador, llegó al Congreso y les pidió a varios senadores del partido el apoyo para salvar las curules de paz, pero sus esfuerzos fueron en vano.
Según el senador Juan Diego Gómez, al menos este mieércoles, el partido se mantenía en su posición. “Vamos a votar la conciliación de la JEP y estamos en la posición de votar negativamente las curules de paz”, afirmó.
El retiro del respaldo de la bancada ‘azul’ es el principal obstáculo que tiene la aprobación de la norma, pues, sin sus votos (18), el proyecto se hunde. Un eventual hundimiento de las 16 curules para la paz en la votación de la conciliación en el Senado sería el mayor fracaso del proceso de paz con las Farc si se tiene en cuenta que el eje de esa negociación era el reconocimiento y la reparación de las víctimas, como lo ha dicho repetidamente el presidente Juan Manuel Santos.
El acuerdo entre el Gobierno y las Farc para depurar las campañas electorales y abrirles camino a nuevos movimientos políticos fracasó este miércoles en el Congreso.
Con 69 votos por el sí y solo 2 por el no, la plenaria del Senado hundió la reforma política, la cual había recibido duras críticas de los partidos en las últimas semanas.
La iniciativa permitía que las colectividades presentaran listas conjuntas al Congreso; creaba nuevas reglas para la financiación de las campañas electorales; habilitaba a movimientos políticos que acreditaran un mínimo de afiliados para que avalaran candidatos, y cerraba las listas al Congreso y otras corporaciones públicas, entre otras disposiciones.
Sin embargo, con el paso de los meses, los partidos políticos fueron detectando aspectos en el proyecto que no lograron convencerlos del todo y terminaron por minar su aprobación en el Congreso.
El origen de esta iniciativa estuvo en el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc, en el que se dispuso la conformación de una Misión de Observación Electoral para que hiciera “recomendaciones” sobre lo que debería ser la reforma de las costumbres políticas.
A estos lineamientos se unieron otras propuestas impulsadas por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aunque en ese momento fue uno de los decididos promotores de la reforma, en los últimos días terminó pidiendo que se hundiera.
Con estas bases, el Gobierno convocó a los partidos políticos y se produjo un texto que fue el que se comenzó a tramitar por la Cámara, en mayo.
El interés primordial del Ejecutivo siempre fue en salvar el artículo que permitía que los movimientos políticos que demostraran tener un número mínimo de afiliados pudieran avalar candidatos a corporaciones públicas. Este era el único aspecto de la reforma que estaba en el acuerdo de paz.
Pero, desde que pisó la Cámara, la iniciativa tuvo en el presidente de esa corporación, Rodrigo Lara, uno de sus más fuertes contradictores.
Lara, quien pertenece a Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, calificó el proyecto de la “ley Cristo”, aduciendo que el exministro era el único que se beneficiaba de ella.
Por eso, cuando esta llegó a la plenaria, pasaron casi dos meses para que saliera adelante en medio de un trámite que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, calificó como una “tortura china” para el proyecto.
Con pocas posibilidades de vida, en la Comisión Primera del Senado, en el tercero de cuatro debates se le incorporó la posibilidad de que los congresistas cambiaran de partido si no estaban de acuerdo con las coaliciones que hicieran estos para llegar al Legislativo, lo que se conoce como transfuguismo.
Pero el apoyo partidista en la Comisión Primera de Senado, que tramitó la norma en tan solo tres horas, fue un espejismo y en las últimas semanas varias colectividades le quitaron su respaldo.
Aunque, en su último debate en la plenaria del Senado trató de revivir, sus posibilidades duraron poco ya que Lara levantó la sesión en la Cámara y con ello cerró la posibilidad de votar una posible conciliación, último paso de un proyecto en el Congreso.
Tras esto, el mismo ministro Rivera pidió su hundimiento en Senado. “Con el levantamiento de la sesión, la Cámara lo que hizo fue obligar al Senado a acoger su texto sin ninguna modificación, y este no respondía a las expectativas del Gobierno”, precisó Rivera.
REDACCIÓN PAZ y POLÍTICA
