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Proceso de Paz

‘Cualquier cifra mayor a cero es alta’: Emilio Archila

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El consejero Presidencial para la Estabilización habla sobre los asesinatos a excombatientes.

Carlos Camacho*
Emilio José Archila es el consejero Presidencial para la Estabilización, el hombre, que, en representación del Gobierno Duque, le ha puesto el pecho a uno, o tal vez, al mayor tropiezo que ha tenido el proceso de implementación de los acuerdos de paz, que es sin duda el asesinato de desmovilizados de las Farc.
Archila sostiene que el Gobierno ha desplegado todos los instrumentos disponibles para brindarles protección y seguridad a los excombatientes. Y lamenta que esto haya sucedido: “Ninguna acción o medida será suficiente hasta que el resultado sea cero homicidios de personas en reincorporación por su condición excombatientes o su filiación política”.
El consejero Presidencial afirma que la mayoría de los asesinados han sido guerrilleros rasos y atribuye sus crímenes a grupos armados ilegales, entre estos, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln.
La mayoría de los crímenes se han cometido en zonas en conflictos por el control territorial de economías ilegales como la siembra de coca y las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta que concentran el 56 por ciento de los hechos.
No obstante, Archila dice que es claro “el nivel de compromiso de quienes se mantienen en la legalidad y en la ruta de la reincorporación”, y agrega que “el Gobierno no duda de su genuina voluntad de mantenerse en la legalidad”.

¿Cuántos desmovilizados han sido asesinados desde la firma del Acuerdo?

Conforme con la información que produce la Fiscalía General de la Nación con corte al 27 de agosto de 2021 se registran 271 homicidios de personas en reincorporación.

¿Usted cree que la protección que se les está brindando es suficiente?

El Estado ha desplegado todos los instrumentos de los que dispone para brindar garantías de seguridad a los excombatientes, y no ahorrará ningún esfuerzo en ese sentido.
Se cuenta con esquemas de protección para 626 personas, se han dispuestos apoyos para reubicación por fuera de la zona de riesgo a 335 personas, se ha puesto a salvo frente a amenazas de muerte inminentes más 50 personas; se realizan comités de información que apoyan la labor de investigación de la Fiscalía, se ofrecen recompensas por quiénes han sido identificados como los victimarios, etc. Sin embargo, ninguna acción omedida será suficiente hasta que el resultado sea cero homicidios de personas en reincorporación por su condición excombatientes o su filiación política.
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de Mutatá, Antioquia

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de Mutatá, Antioquia

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¿A qué causas y a quienes atribuye el Gobierno el asesinato de los desmovilizados? O, ¿Quién los está matando y por qué?

En este punto lo correcto es remitirnos a la información de la Fiscalía y lo que digan las sentencias de los jueces. Sin embargo, podemos señalar algunos factores ligados con los homicidios que permiten tener una idea sobre quiénes los han asesinado. Según el ente investigador en el 78 por ciento de los casos en los que ya hay avances investigativos, los victimarios de los excombatientes son grupos armados ilegales, en primer término, las llamadas disidencias o residuales, luego el Clan del Golfo y el Eln.
Además, la mayoría de las afectaciones se producen en zonas con conflictos por el control territorial de economías ilegales, como lo son los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta que concentran en 56 por ciento de los hechos. Y en cuanto a municipios los de mayor registro son Tumaco, Ituango, Puerto Asís y Argelia.
Hay que señalar que quienes han sido asesinados eran personas de bajo perfil en la organización guerrillera y en las actividades posteriores a la dejación de armas, salvo un par de casos de mandos medios.
Son también factores recurrentes en los homicidios, que se han producido en el sector rural (66,7 por ciento), que se han presentado contra personas en reincorporación que no residían en los AETCR, y la permanencia de la víctima en la misma zona en que desarrolló su actividad guerrillera. Otras circunstancias que se reiteran son la excarcelación reciente y el no registro de iniciativa productiva.
En dos casos se ha identificado móvil político.
Lo anterior permite inferir que la victimización ha afectado principalmente a excombatientes rasos, en contextos de dinámicas regionales de violencia relacionada con economías ilegales, donde los principales victimarios han sido los grupos que se disputan el control y rentas de esas economías ilegales.

¿No sería más efectivo sacar a los guerrilleros de las zonas de riesgo?

Esa es una de las alternativas, pero requiere la voluntad por parte de los excombatientes, quienes, como cualquier colombiano, pueden elegir libremente donde vivir. Como lo señalé, desde la Mesa Técnica de Seguridad y con la implementación por la UNP se ha dispuesto la reubicación fuera de la zona de riesgo a 335 personas.
Hay que recordar que el Estrado les brinda los beneficios de la reincorporación y garantías de seguridad en cualquier parte del país en que se ubiquen y se apoya la reubicación cuando el resultado del análisis de riesgo así lo indica.

¿Considera alta la cifra de asesinatos?

Cualquier cifra mayor a cero es alta.
Los excombatientes que estaban en el ETCR de Monterredondo le apostaron a la paz en el territorio del norte del Cauca.

Los excombatientes que estaban en el ETCR de Monterredondo le apostaron a la paz en el territorio del norte del Cauca.

Foto:Cortesía

Así el Gobierno diga que les está dando protección, ¿hay riesgo de que algunos piensen en volver al monte?

El nivel de compromiso de quienes se mantienen en la legalidad y en la ruta de reincorporación es claro y el Gobierno no duda de su genuina voluntad de mantenerse en la legalidad.

¿Cuántas personas están vinculadas a la protección de los exguerrilleros?

De manera directa para la presencia permanente e intervención de tropas y efectivos de policía y protección en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se mantienen 24 unidades Básicas de Carabineros (697 efectivos) y 52 pelotones del Ejército (1.314 efectivos) y 26 esquemas de protección para colectivos de la UNP y la totalidad de los hombres y mujeres de protección (escoltas) en los esquemas de la UNP es de 1.266 hombres de protección. Pero además habría que sumar las personas vinculadas a la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía que son más de 300; así como el personal del Unipep de la Policía Nacional y el CCOET del Ejército; así como los funcionarios de orden nacional y territorial que participan en las actividades de protección, prevención y coordinación.

¿Qué resultados han dado las investigaciones de las autoridades sobre crímenes de desmovilizados?

En su balance, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, (a 16 de julio de 2021), se destaca que se adelantan investigaciones por 382 afectaciones a excombatientes y sus familiares, entre homicidios, desapariciones y tentativas, registrando avances investigativos respecto de 204 hechos, con un 53 por ciento.
Se señala que 335 personas están vinculadas como presuntos responsables en esas acciones, 279 órdenes de captura; 151 privadas de la libertad.
La Fiscalía advierte en este esfuerzo conjunto con las demás entidades del Estado que 56 de las órdenes de captura corresponde a determinadores (autores intelectuales), de estos se tienen 17 capturados en centro de reclusión. En los casos que se vienen investigando por atentar contra la seguridad de los excombatientes y sus familiares se han producido 41 condenas.
CARLOS CAMACHO
*Especial para El Tiempo
Carlos Camacho*
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