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Indígenas en Murindó, asediados por las minas antipersonal
Murindó Antioquia

Comisión de la diócesis de Apartadó y de Quibdó y la comunidad embera de Isla. Río Murindó, marzo. 

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Jesús Abad Colorado López

Indígenas en Murindó, asediados por las minas antipersonal

Comisión de la diócesis de Apartadó y de Quibdó y la comunidad embera de Isla. Río Murindó, marzo. 

Comunidades indígenas del municipio son las principales víctimas.

Cuando Remilda Benítez Domicó se desplazaba por el territorio para realizar sus actividades de pancoger, activó una de las tantas minas antipersonal que se encuentran en un camino ancestral en el municipio de Murindó, en el Urabá antioqueño. Llevaba a su hija menor –de 2 años– en brazos, cuando el dispositivo explotó. Su niña sufrió heridas leves, pero sobrevivió. Sin embargo, Remilda falleció en el lugar el domingo 20 de junio. Tenía 22 años y pertenecía al pueblo embera eyábida, de la comunidad de Bachidubi, en el resguardo Río Murindó. Remilda dejó cinco hijos, un esposo y una población atemorizada en su territorio.

Remilda es una de las 73 víctimas de minas antipersonal que se han registrado en el país durante el 2021. De ellas, 45 son civiles, de las cuales 13 son indígenas, 15 son menores de edad y cinco han fallecido. Los 28 restantes son integrantes de la Fuerza Pública, según las cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Actualmente, en Murindó se adelantan labores de desminado a cargo del Ejército. Según información militar, este año 622 artefactos explosivos han sido encontrados en Antioquia, y 194 han sido desactivados en el sector de Urabá.

La gente de Murindó en este momento no tiene tranquilidad para expresarse, no tiene tranquilidad para labrar la tierra, no tiene tranquilidad para sembrar sus cultivos”, expresa Dabayabi Sinigui Bailarín, cabildo mayor indígena de Murindó. Aunque manifiesta que los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han disminuido en las últimas semanas, en cualquier momento podrían aumentar de nuevo; “ellos están constantemente presentes”, dice.

(Le puede interesar: Obispos denuncian que el ELN está minando campos en Murindó, Antioquia).

La gente de Murindó en este momento no tiene tranquilidad para expresarse, no tiene tranquilidad para labrar la tierra, no tiene tranquilidad para sembrar sus cultivos

El caso más reciente ocurrió en la mañana del martes 13 de julio. Otro miembro de la comunidad indígena de Turriquitadó Alto del resguardo Río Chageradó, en Murindó, cayó en un campo minado. Diego Bailarín Carupia estaba preparando la tierra para sembrar sus cultivos de plátano cuando detonó el artefacto.

El día de la explosión, la guardia indígena y los médicos tradicionales no se atrevían a trasladarlo debido a que los caminos, según amenazas que recibieron, volvieron a ser minados por presuntos integrantes del Eln. Sin embargo, viendo la gravedad de las heridas, la guardia indígena y algunas autoridades del municipio lograron evacuar a Diego Bailarín, con la ayuda de un bote, hasta la cabecera urbana de Murindó. Allí lo recogió un helicóptero para trasladarlo hasta la ciudad de Medellín, adonde llegó el miércoles 14 de julio para ser atendido en un centro hospitalario. Bailarín se encuentra estable, y los médicos evalúan la cantidad de pierna que deberán amputarle.

EL TIEMPO se comunicó reiteradamente con el alcalde del municipio de Murindó, Nafel Palacios Lozano, para conocer su versión de los hechos, pero no se pronunció sobre el tema.

Alertas previas

El 24 de julio de 2018, la Defensoría del Pueblo lanzó la primera alerta temprana sobre los riesgos que hoy en día enfrentan las comunidades Murindó y municipios aledaños como Dabeiba y Frontino, debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).

Luego de la desmovilización de la antigua guerrilla de las Farc, las Agc se han expandido desde la región del Bajo Atrato hacia la del Atrato Medio, con el fin de hacerse con el control de las rutas del narcotráfico. Y de ahí, sacar la cocaína por la costa Pacífica chocoana hacia Centroamérica. La estrategia de expansión de las Agc se ha hecho con los espacios de control territorial y poblacional antiguamente dominados por las Farc. La respuesta de la guerrilla del Eln, ante la expansión de las Agc, ha sido minar los territorios de esta zona, sobre todo los resguardos indígenas.

Panorama de minas antipersonal en el país.

Foto:

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

“Las minas son un repertorio que está en el ADN de esta guerrilla, y eso no es nuevo. Con el proceso expansivo de los paramilitares, el Eln recurrió a la misma estrategia. El uso de las minas antipersonales es un reconocimiento de pérdida de poder militar. Es básicamente la incapacidad de controlar un territorio lo que lleva a hacer las minas para no ser atacados. Es una actitud de defensa de su dominio. La que termina más afectada es la población civil de la región”, explica Andrés Aponte, politólogo e investigador en temas del conflicto armado.

Adicionalmente, Álvaro Jiménez, director nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), dice que ninguno de los grupos armados no estatales, tanto el Eln como las Agc, respeta las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Ellos argumentan que esas normas no los obligan y, para resolver la disputa entre ellos, están dedicados a instalar artefactos explosivos”, afirma.

(Le recomendamos: Miembro de la guardia indígena cayó en campo minado en Dabeiba).

La situación en Murindó ha implicado, según la Defensoría, amenazas para la población civil y servidores públicos, restricciones de la movilidad, extorsiones, regulación de la vida social, control poblacional y territorial, afectación del territorio colectivo y de sus prácticas tradicionales de producción, reclutamientos, desplazamientos individuales y confinamientos.

Si tú no puedes salir a cazar o a cultivar, no tienes que comer. Los pueblos indígenas viven de lo que da el monte

“Estamos necesitando muchísima ayuda y apoyo del Gobierno Nacional porque no sabemos en estos momentos cuál sea el estado de las personas que están en la comunidad, porque no pueden sembrar, no pueden salir a recoger nada, no sabemos cómo sea su alimentación y es muy difícil el acceso porque allá no se puede entrar”, afirma Katya Ledezma Valdés, personera del municipio.

Según datos de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), en Murindó hay 12 comunidades indígenas en 2 resguardos, lo que equivale a más de 2.000 personas. “Ellos se encuentran confinados y en situación de desabastecimiento, porque si tú no puedes salir a cazar o a cultivar, no tienes que comer. Los pueblos indígenas viven de lo que da el monte”, explica Wilfer Sánchez, vocero de la OIA.

Agrega que, en una cifra global entre las regiones de Occidente, Urabá y Bajo Cauca antioqueño, se podría hablar de 7.000 indígenas confinados.

Katya Ledezma afirma que es fundamental que el municipio trabaje con los gobiernos departamental y nacional, para brindar un acompañamiento integral a las comunidades: “Se necesita cooperación del Gobierno Nacional para que el Ejército brinde acompañamiento a esas comunidades, pero es muy difícil porque la presencia del Estado no se ve por estos lados”, afirma.

En esto coincide Dabayabi Sinigui. Sin embargo, él añade que, si bien se requiere más acompañamiento del Ejército, el municipio no posee los recursos para ello.
Las autoridades del municipio han sostenido consejos de seguridad para evaluar medidas y establecer un trabajo articulado.

(También le recomendamos: Herramienta virtual para capacitar a profesores en riesgo de minas).

Contexto nacional

Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, actualmente en Colombia hay un total de 111 municipios asignados en operaciones de desminado humanitario.
En dichos municipios se han destruido 2.096 artefactos explosivos. En los 137 municipios que se encuentran sin condiciones de seguridad, se han destruido 607 artefactos explosivos en operaciones de desminado militar durante el 2021.

Hoy en día hay 10 municipios priorizados a nivel nacional: Segovia, Caucasia y Remedios, en Antioquia; Montecristo, en Bolívar; Pisba y Paya, en Boyacá; Buenos Aires, en el Cauca; Cartagena del Chairá, en Caquetá; La Gloria, en Cesar, y una zona en Bogotá.

Número de víctimas de minas antipersonal en Colombia.

Foto:

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Pero debemos decir que, en la medida en que actores no estatales están presentes en algunas zonas, pues a esas zonas no podremos entrar para hacer desminado humanitario

En Antioquia, 27 municipios se encuentran en operaciones de desminado humanitario, en estos municipios se han destruido 302 artefactos explosivos. Tres están recientemente priorizados para la intervención en desminado humanitario y 16 municipios no cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad para la intervención.

Y es que es desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se adelanta el programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (Aicma). Este se desarrolla a través de tres pilares que son el desminado humanitario, la educación en el riesgo de minas y la asistencia integral a las víctimas.

Andrés Osorno, enlace de este programa en la Gobernación de Antioquia, explica que la educación en el tema de minas no resuelve el problema, solo lo mitiga porque el riesgo siempre va a estar allí.

Además, resalta que, si bien en la atención a víctimas existen unos mínimos garantizados para su rehabilitación y reparación, reconoce que el principal problema ha sido la evacuación, ya que son lugares de muy difícil acceso en donde hay presencia de grupos armados ilegales activos, campos minados y no hay garantías de seguridad para el ingreso a la zona.

Las labores de desminado humanitario fueron asignadas a la CCCM. “Pero debemos decir que, en la medida en que actores no estatales están presentes en algunas zonas, pues a esas zonas no podremos entrar para hacer desminado humanitario”, explica Álvaro Jiménez.

Las comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y las diócesis de Quibdó y Apartadó insisten en la urgencia de que el Gobierno Nacional abra nuevamente el espacio a la solución dialogada al conflicto armado y de esta manera cese la victimización.

Sin embargo, “hasta que llegue el fin de la guerra, necesitamos retomar las iniciativas del 2004, cuando propusimos acuerdos humanitarios –explica Jiménez–, tenemos que buscar limitar los efectos sobre la población que no es combatiente, pero que está atrapada en la lógica de quienes hacen la guerra”.

(Lea: 38 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en 2021).

MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

POLÍTICA
EN TWITTER @PoliticaET

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