El Gobierno colombiano tiene suficientes motivos para sentirse orgulloso y esperanzado. Después de más de cuatro años de arduas negociaciones con las FARC, finalmente se alcanzó un acuerdo definitivo para que sus miembros depongan las armas y se reincorporen a la sociedad civil, al mismo tiempo que la organización delictiva inicia un proceso que se espera concluya con su transformación en un partido o movimiento político.
Pero sostener ante la comunidad internacional que la “guerra” en Colombia ha terminado, es una afirmación que desconoce el largo y espinoso camino que todavía debe recorrer el pueblo colombiano para alcanzar la paz.
El pasado 21 de septiembre, en el marco de la 71ª sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente Juan Manuel Santos tomó el pódium para dirigirse a las delegaciones que asistieron a la cita global. El tema central de su discurso, como en otras oportunidades, el proceso de paz en Colombia.
En su alocución ante la plenaria de la Asamblea el mandatario afirmó que: “Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas, en el Día Internacional de la Paz, para anunciar –con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón– que la guerra en Colombia ha terminado”. Lo cual reiteró hacia el final de su intervención con la frase: “me siento emocionado, humildemente emocionado, al presentar ante ustedes el anuncio de la paz de Colombia. Un conflicto de más de medio siglo llegó a su fin”.
Las apreciaciones del Presidente Santos fueron apresuradas y no corresponden al contexto actual del conflicto armado colombiano. Si bien es cierto, la desmovilización de las FARC es un gran avance hacia el objetivo de alcanzar la paz, no se puede afirmar que en nuestro país esta ya sea una realidad. Dos hechos, uno relacionado con el cumplimiento de los acuerdos y otro con el fortalecimiento de uno de los actores del conflicto, así lo demuestran.
Alias Iván Márquez, jefe negociador del grupo subversivo, sostuvo el 19 de septiembre en entrevista a CNN en español que: “Sin ley de amnistía e indulto pues muy difícil que la guerrilla empieza el movimiento de sus efectivos hacia la zona de paz o hacia los puntos transitorios de normalización (SIC)”. Pareciera indicar con eso que la guerrilla no va a cumplir sin dilaciones el cronograma pactado en el punto tres de la agenda sobre fin del conflicto, el cual debe iniciar a correr el 26 de septiembre (denominado día-D), fecha en la que se firma oficialmente el Acuerdo Final.
Si las FARC realmente quieren poner fin a más de 50 años de violencia, deben empezar por cumplir lo acordado. Lo contrario, lo único que genera es más desconfianza en un pueblo que el 2 de octubre debe refrendar en las urnas lo negociado con el Gobierno Nacional.
Otro aspecto que contradice la afirmación presidencial de que la “guerra” en Colombia ha llegado a su fin, es que mientras se busca terminar el conflicto con las FARC, el otro grupo guerrillero histórico del país -el ELN- ha recrudecido su accionar militar con el fin de demostrar que todavía tienen una gran capacidad de hacer daño, cara a una negociación con el Gobierno. Negociación que una vez refrendados los Acuerdos, tendrá como punto de partida los beneficios pactados en La Habana.
A lo anterior se suma, la posibilidad que va a tener ese grupo guerrillero de engrosar sus filas con los miembros de las FARC que no estén de acuerdo con el proceso de paz adelantado por sus líderes.
Como consecuencia de los dos hechos analizados –a lo que también se podría adicionar las bandas criminales, la proliferación de los cultivos ilícitos y otros-, es necesario que el Gobierno sea transparente con la comunidad internacional, dejando claro que el conflicto en Colombia no se ha terminado.
Si se llegase a contar con el apoyo popular suficiente para avalar las negociaciones, dejará de existir en el contexto nacional de violencia uno de sus principales y más antiguos actores, las FARC, pero otros siguen. La paz sigue siendo un camino con un amplio trecho por recorrer y los acuerdos un importante primer paso hacia ella, por eso el Gobierno no puede permitir que el fin de las negociaciones transformen ese importante valor en el espejismo de una nación necesitada de reconciliación.
Como corolario, y al margen de la intervención del Presidente Santos ante las Naciones Unidas, es un deber recordar que precisamente porque la paz es un proceso en construcción, la decisión que deberemos tomar todos los colombianos el próximo 2 de octubre no puede ser condicionada por la filiación política, el deseo de apoyar a un partido o al otro, el amor o el odio por Santos o Uribe.
Aprobar o improbar los Acuerdos con las FARC debe ser una decisión responsable tomada con tanta autonomía individual como consciencia colectiva, sabiendo que cualquiera sea la decisión, esta cambiará el futuro del país que conocemos, comprometiendo, para bien o para mal, las generaciones que vendrán.
CARLOS ARÉVALO
Profesor Maestría en Derecho Internacional
Universidad de La Sabana
