¿Es el momento para reabrir las negociaciones de paz con el Eln?

Hace pocos días, el Eln le propuso al presidente Iván Duque un cese del fuego bilateral por 90 días para ayudar a enfrentar la pandemia del covid-19 y crear un ambiente favorable para restablecer las negociaciones de paz.

En su carta, la guerrilla recuerda que el 1.º de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad, de sus 15 miembros, la resolución 2532 de respaldo al llamamiento del secretario general, António Guterres, a favor de un alto al fuego global para combatir con mayor eficacia el coronavirus.

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Y agregaron que “de pactarse este cese bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Eln”.

La respuesta del presidente Duque fue negativa, reiterando su exigencia de ponerles fin al secuestro y a las acciones armadas. Por el contrario, el nuncio apostólico en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor, respaldó la propuesta del grupo guerrillero.

Uno de los temas más complejos en la teoría de resolución de conflictos es la determinación del momento más adecuado para iniciar una negociación de paz.

Si, por cualquier circunstancia, se escoge mal el momento y se produce un fracaso, se puede generar una honda decepción en la sociedad e, incluso, cerrar las puertas de la paz por años.

Al respecto, las dos teorías más aclamadas a nivel mundial son la teoría del impase mutuamente doloroso del profesor William Zartman y, su complemento, la teoría de la disponibilidad de Dean Pruitt.

Según la primera, el momento ideal para una negociación tiene lugar cuando los actores armados, estatales y no estatales, se encuentran en un ‘punto muerto’, por lo cual, la escalada de la guerra ya no tiene mayores posibilidades de éxito y solo sirve para ahondar aún más la degradación de un conflicto sin perspectivas de triunfo por la vía militar.

Ahora bien, según Pruitt, este ‘punto muerto’ requiere de un reconocimiento de la situación por parte de los actores involucrados y, ante todo, de una disponibilidad para encontrar una salida mutuamente beneficiosa.

Aunque resulte sorprendente, debido al empantanamiento de los Estados Unidos en Afganistán —la guerra más larga de su historia (2001-2020)—, Donald Trump, contra todos los pronósticos, decidió abrir una mesa de negociación con los talibanes (que hoy se hacen llamar Emirato Islámico de Afganistán), en Doha (Catar). Además del ‘punto muerto’, ambas partes, por razones distintas, quieren salir ya de una guerra sin perspectivas.

Una de las condiciones para abrir una negociación de paz fructífera es que ninguna de las partes juegue con cartas marcadas, pues como sostiene el reconocido director de la Escuela de Paz de Barcelona, Vicenç Fisas, “con frecuencia se negocia sin el convencimiento de una de las partes, ya sea el Gobierno o el grupo armado, para ganar tiempo, como maniobra de distracción para rearmarse, bien por inercia o simplemente como cálculo estratégico. De ser así, las negociaciones, en caso de abrirse, están condenadas al fracaso”.

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¿Existe por parte del Eln una convicción de que el conflicto armado se halla en un ‘punto muerto’ y que es indispensable transitar de las armas a la política? ¿Es decir, tiene este grupo una real voluntad de paz o, nuevamente, como viene ocurriendo desde 1991, quiere utilizar los escenarios de paz (el respiro en las operaciones militares y la visibilidad política nacional e internacional) como espacios para fortalecer su proyecto armado?

La postura del Gobierno es, si se quiere, más clara. Iván Duque solo se muestra dispuesto a reabrir las negociaciones de paz sí el Eln accede a sus exigencias de abandonar el secuestro y las acciones armadas.

Mientras tanto, seguirá insistiendo ante el Gobierno cubano en la extradición de la delegación que permanece en la isla, así como en el escalonamiento de la respuesta militar.

Desde mi perspectiva, en Colombia se da desde hace ya años la primera condición para una negociación de paz exitosa (el impase mutuamente doloroso), pero falta la segunda condición, la disponibilidad para una negociación efectiva, ante todo, por parte del Eln.

La presentación en sociedad del Eln tuvo lugar hace ya 55 años, el 7 de enero de 1965, con la toma de la pequeña población de Simacota en Santander.

Uno esperaría que, tras más de medio siglo de intentar llegar al poder por la vía de las armas, el grupo guerrillero hubiera tomado conciencia de la inutilidad de ese camino. No ha ocurrido así. Alguien decía que mientras las Farc se movían, por sus orígenes sociales, en un ‘tiempo rural’, el Eln se mueve —por la influencia de los ‘curas guerrilleros’— en un ‘tiempo bíblico’.

Y, por ello, todos los esfuerzos de paz que se han llevado a cabo con el Eln han fracasado. La primera negociación de paz, en compañía de las Farc y una disidencia del Epl, tuvo lugar entre 1991 y 1992 en Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala, bajo César Gaviria.

Luego, habría nuevos esfuerzos con Ernesto Samper en Madrid y Maguncia (Alemania), Álvaro Uribe en La Habana (2005-2007) y Juan Manuel Santos en Quito y La Habana (2016-2018).

Es decir, en plata blanca, salvo el mandato de Andrés Pastrana, quien se hallaba inmerso en las negociaciones de paz con las Farc en el Caguán, todos los gobiernos desde 1990 —hace ya 30 largos años— han impulsado negociaciones con el Eln. Sin ningún resultado.

A partir del 2012, al inicio de conversaciones con las Farc, Juan Manuel Santos le hizo un llamado al Eln en el mismo sentido.

Un año más tarde, se abrió la fase exploratoria mediante una serie de encuentros discretos que, tras muchos avatares, culminó con la aprobación del Acuerdo de diálogos para la paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, y el inicio de las negociaciones en Quito el 7 de febrero de 2017.

Por distintas razones, las negociaciones con el Eln fueron muy tortuosas. Primero, debido a la agenda pactada. Mientras que el temario con las Farc definía con precisión los puntos por tratar, en el caso del Eln debía ser la sociedad civil en múltiples mesas la que debía definir la agenda final, la cual podría terminar por esta vía abarcando todos los temas divinos y humanos. Una vía impracticable.

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​Segundo, a diferencia de la verticalidad de las Farc, el Eln es una organización federal de múltiples dirigentes locales, los cuales debían ser permanentemente consultados, por lo cual, cada decisión tomada en Quito o La Habana implicaba meses y meses para su ratificación.

Tercero, el Eln planteaba que la dejación de las armas no tendría lugar tras la aprobación del acuerdo final, sino una vez fuera implementado, así se tardase muchos años. Una situación insostenible.

Y, finalmente, su delegación solo estaba facultada, según la V Conferencia de la organización celebrada en 2015, para explorar la voluntad de paz del Gobierno, pero no para llegar a acuerdos finales. Solo un futuro congreso podía aprobar o desaprobar lo negociado, lo cual era una fuente de mucha incertidumbre.

En pocas palabras, el modelo de negociación con el Eln era la crónica de un fracaso anunciado. Hoy por hoy, en el caso de una reapertura de la mesa de conversaciones, sería indispensable volver a barajar las cartas, pues, simple y llanamente, el modelo de negociación pactado bajo el gobierno de Juan Manuel Santos sería una nueva fuente de frustraciones.

En todo caso, este último esfuerzo de paz terminó trágicamente el 17 de enero de 2019 con el atentado a la Escuela de Policía General Santander, que produjo la muerte de 22 jóvenes cadetes y alrededor de 90 heridos.

El Gobierno reaccionó rompiendo con las negociaciones, afirmando que el “protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de diálogos de paz Gobierno colombiano-Eln”, firmado el 5 de abril de 2016 por Frank Pearl y Antonio García para garantizar el retorno de la delegación del Eln al país con plenas garantías, no se cumpliría y, por el contrario, se le exigiría a Cuba la entrega de sus miembros.

Sin duda, es indispensable y urgente. Por una parte, Colombia debe intentar superar ya un conflicto armado que nada le ha dejado al país, salvo dolor y lágrimas.

Por otra parte, las dramáticas consecuencias que previsiblemente producirá la pandemia por el coronavirus (desempleo, pobreza, destrucción del aparato productivo, etc.) van a exigir un enorme esfuerzo nacional para superar la dura recesión económica. Colombia no debe ni puede distraer recursos en una guerra inútil y costosa.

Pero, así mismo, dada la experiencia de los fracasos recurrentes de todos los esfuerzos de paz en el pasado, hoy por hoy, sería un error negociar por negociar.

¿Quién nos garantiza que, finalmente, el Eln ya tomó la decisión firme de impulsar un proceso de paz que conduzca al abandono de las armas? ¿Qué indica que está dispuesto a acogerse a una agenda de negociación realista y no a exigir, como siempre ha pretendido, una ‘revolución por decreto’? ¿Quién nos garantiza que las facciones más derechistas del país tienen disponibilidad para la paz?

A mi modo de ver, en medio de un conflicto empantanado y con una honda desconfianza entre el Estado y la guerrilla, se requiere la participación de un tercero (ojalá de un Estado que goce de la confianza del Eln y del Gobierno, por ejemplo, el Vaticano), que evalúe la real voluntad de ambas partes y sea capaz de coayudar a construir una hoja de ruta (agenda, reglas de funcionamiento, participantes, lugar de la negociación, papel de la comunidad internacional, etc.) que nos permita salir, finalmente, del infierno de la guerra.

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ
Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia
ESPECIAL PARA EL TIEMPO