Nadie esperaba hace un año, cuando se firmó la paz con las Farc, que la implementación de los acuerdos fuera fácil. Pero la realidad ha demostrado que todo ha resultado mucho más difícil de lo imaginado.
Lo más evidente es que la puesta en marcha del Acuerdo Final de Paz, firmado en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, quedó atrapada en la campaña electoral.
Una sola prueba de esto es el sorprendente viraje que dieron varios congresistas que respaldaron las negociaciones de paz y refrendaron los acuerdos. En cuestión de semanas, se convirtieron en enconados críticos de lo pactado con las Farc.
Pero también hay un hecho del que poco se habla en la coyuntura informativa y que gravita de manera permanente sobre la implementación de los acuerdos de paz: el peso que tiene sobre la sociedad colombiana el daño sufrido durante 52 años de guerra.
Lo que el país está viendo hoy es que la reconciliación, principal objetivo de un proceso de paz, será una dura y larga tarea que requerirá de líderes políticos dispuestos a encabezarla. Además, de una ciudadanía que más allá de los rencores que dejó el conflicto armado asuma que, para avanzar, Colombia necesita la paz.
Esto, por supuesto, implica una primera y difícil tarea: llevar a la práctica los acuerdos con las Farc, pues al fin de cuentas son una herramienta para poner a Colombia en la ruta de un modelo de desarrollo sintonizado con el siglo XXI y permiten resolver problemas estructurales, como la marginalidad de amplios sectores rurales y la violencia como instrumento político.
Aunque el debate de las últimas semanas se ha centrado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –ante la que deben responder quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado–, esta es apenas una de las 558 disposiciones que, según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, contiene el acuerdo firmado hace un año.
De estas, dice ese instituto –encargado por el Gobierno y las Farc para evaluar la implementación de lo pactado–, solo se ha completado el 17 por ciento. El 55 por ciento no se ha iniciado y el 28 por ciento tiene un desarrollo mínimo o intermedio.
Ese es el balance estadístico sobre todos los puntos del Acuerdo Final, pero si este primer aniversario de la firma con las Farc se midiera por el avance de los temas de mayor impacto, habría que empezar por decir que la deuda con las víctimas del conflicto armado está en rojo. La JEP aún no supera el debate en el Congreso y debe esperar su examen en la Corte Constitucional para arrancar.
Paradójicamente, mientras en el mundo político no para la tormenta por este punto, militares, policías y exguerrilleros que cometieron crímenes graves buscan los beneficios de este sistema de justicia transicional con el que se espera reivindicar a las víctimas y sancionar a los victimarios.
Hasta el viernes 17, tras salir de las cárceles, 3.491 exguerrilleros y 1.714 miembros de la Fuerza Pública esperaban el comienzo de la JEP para comparecer ante ella.
Los otros temas sobre los que habría que medir el efecto de la paz con las Farc, por el impacto inmediato que tienen, son la seguridad y la manera como esta se refleja en la economía del país.
El proceso de paz evitó la muerte de 2.796 personas en diez meses (entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017
Aunque los sectores urbanos no lo perciben, es un hecho que la violencia por el conflicto armado se redujo en forma sustancial. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el proceso de paz evitó la muerte de 2.796 personas en diez meses (entre el 29 de agosto del 2016 y el 27 de junio del 2017). La mayoría de ellas, guerrilleros, militares y policías. En el mismo tiempo, las muertes de civiles por el conflicto se redujeron en 688 casos.
Como la seguridad es en doble vía, hay que advertir que hoy preocupa la violencia contra excombatientes y líderes sociales. Con respecto al año pasado, los homicidios contra estos últimos han aumentado en 30 por ciento, según Somos Defensores.
Finalmente, en el corto plazo la solidez de la paz con las Farc debe evaluarse según le vaya a la reincorporación económica y política de la exguerrilla.
Por eso, a cinco días de que se cumpla un año de la firma de la paz, EL TIEMPO evalúa sus efectos sobre la seguridad, la economía y la vida de los exguerrilleros. Y claro está, sobre las víctimas. Para ellas, por lo pronto, lo único concreto es la expectativa sobre la justicia que haga la JEP a partir de lo que digan los hasta ahora 5.205 postulados.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora - EL TIEMPO
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