El Gobierno Nacional difundió este viernes un comunicado en el que responden a los reparos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre el proyecto de la Justicia Especial para la Paz.
Según lo dicho por Martínez hace dos días, tal y como está redactado el proyecto de acto legislativo que crea la nueva Justicia de Paz, las disidencias de las Farc podrían terminar cobijadas con las penas alternativas a pesar de haberle hecho ‘conejo’ a la negociación de La Habana.
El Gobierno aseguró que esto no sucederá porque según lo establecido en el punto 38 del acuerdo para la terminación del conflicto, la participación de los miembros de las Farc en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y en particular en la Jurisdicción Especial para la Paz, “está sujeta a la dejación de las armas”.
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“Claramente, quien no participe del proceso de dejación de armas en los términos establecidos en el Acuerdo Final, es decir, que hace entrega de sus armas a las Naciones Unidas en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, no podrá tener acceso a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema”, se explica en el comunicado.
Además, según la declaración del Gobierno, “para participar en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad se debe acreditar la pertenencia a la organización de conformidad con el procedimiento establecido en el Acuerdo y en la ley para la entrega de listados por parte de las Farc”.
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De hecho, según el numeral 38 del acuerdo de paz, las Farc entregarán una lista previa sobre los integrantes del grupo armado y serán las partes las que “determinen la pertenencia” de dichos miembros a la guerrilla.
“Las llamadas disidencias de las FARC no cumplen ninguna de estas condiciones y por tanto no pueden acceder a los tratamientos penales especiales que establece el Sistema. Es decir, quien se salga del proceso de paz, perderá todos los beneficios y será investigado por la Jurisdicción Ordinaria”, se indica en el comunicado.
El Gobierno también recordó que “cualquier delito que cometan los miembros de las Farc después del 1 de diciembre del 2016, salvo los estrechamente ligados con el proceso de dejación de armas” no podrá ser objeto de ningún tratamiento penal especial.
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