El Gobierno iniciará a partir de este lunes un ‘plan de rescate’ para las zonas más golpeadas por el conflicto armado, con menor desarrollo y de mayor presencia de cultivos ilícitos.
El proyecto tendrá sustento en los llamados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que pondrá en marcha el presidente Juan Manuel Santos, los cuales se aplicarán en los 170 municipios que más sufrieron el fragor de la guerra.
Con los PDET se busca que las comunidades, junto con autoridades locales, regionales y nacionales y el sector privado, construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades específicas en materia de desarrollo rural, infraestructura, proyectos productivos y desarrollo social, entre otros.
Con base en estos planes, las agencias del Estado, de forma articulada, intervendrán en los territorios según las necesidades identificadas.
De esta forma se dará inicio al compromiso, adquirido en La Habana, de hacer reformas estructurales en las zonas rurales históricamente abandonadas por el Estado.
El desarrollo rural es uno de los ejes claves de la implementación del acuerdo de paz. Los otros dos componentes son el desarrollo normativo del acuerdo y la reincorporación de los miembros de las Farc, también en marcha.
“Estos son programas de desarrollo social para la población campesina, no para las Farc”, dijo el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.
Según explicó, para este propósito se invertirán 129 billones de pesos en los próximos 20 años.
Para la financiación de los PDET se contará con los recursos del Presupuesto Nacional, del sector privado y de cooperación internacional.
Los tres ejes claves son el progreso rural, el desarrollo normativo del acuerdo y la reincorporación de los miembros de las Farc
Los 170 municipios priorizados para desarrollar estos programas forman parte de las 16 circunscripciones especiales de paz acordadas en La Habana.
Cada uno de estos 16 territorios, de acuerdo con lo pactado en Cuba, tendrá una curul en la Cámara de Representantes durante los próximos dos periodos (2018-2022 y 2022-2026).
Tiene el fin de establecer el marco legal que permita la puesta en marcha de planes, programas, estrategias y acciones, de cara a esta nueva etapa de posconflicto.
El desarrollo de este componente está a cargo del Congreso, con la discusión y aprobación de proyectos de ley y de acto legislativo.
El Presidente expidió decretos con fuerza de ley en el mismo sentido, pero su facultad para ello ya expiró. Hasta el momento se han expedido 87 de estas normas.Para hacer más rápido el trámite de las iniciativas para la paz, el Legislativo recurre a la llamada vía rápida o ‘fast track’.
Comprende todo el proceso para permitir que los miembros de las Farc, una vez hayan dejado las armas, hagan su proceso de reincorporación a la vida civil.
Según explicó el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, cada uno de los miembros del grupo insurgente recibirá, a partir del primero de agosto, un apoyo del 90 por ciento de un salario mínimo por 24 meses. Adicionalmente, se les otorgará un auxilio por 2 millones de pesos por una sola vez, más un apoyo de 8 millones de pesos para hacer un proyecto productivo en algún momento.
Se busca que el Estado llegue de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el desminado humanitario, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos e incentivos tributarios al sector privado para que invierta en el campo son los principales programas con los que el Estado busca impactar las regiones que requieren de atención de fondo en el posconflicto.
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