El desarme será simultáneo en los 26 puntos veredales de las Farc

A diferencia de lo que sucedió en el proceso de desarme de los paramilitares, que fue por regiones y bloques, el desarme de las Farc, de acuerdo con las nuevas condiciones fijadas el lunes, será simultáneo en los 26 puntos donde está concentrada esa guerrilla. Se hará de manera progresiva.

A partir de este miércoles, las Farc tienen 20 días para entregar las armas individuales de los guerrilleros que están en las zonas de concentración y que suman cerca de 7.000. Este plazo también incluye a los milicianos y termina, concretamente, el 20 de junio.

“En cada lugar pueden recibir 20 o 5 armas por día. La metodología se está coordinando con las Farc en cada campamento”, dice una funcionaria de la ONU.

Inicialmente el desarme total de las Farc debía cumplirse este martes, pero el cronograma fue modificado como producto de los retrasos en la adecuación de las zonas definidas para la dejación de armas y en la aplicación de las amnistías.

El nuevo plazo fue anunciado el lunes por el presidente Juan Manuel Santos luego de varias reuniones de la Comisión de Seguimiento al acuerdo de paz –de la que hacen parte el Gobierno y las Farc–.

A los problemas logísticos y jurídicos para cumplir los plazos originales del desarme se habían sumado la intranquilidad que les generó a las Farc el fallo de la Corte Constitucional que modificó la vía rápida para tramitar las leyes de la paz en el Congreso.

Los únicos guerrilleros que no tendrán que dejar su armas el 20 de junio, sino días después, son aquellos que van a participar en la evacuación de las 949 caletas de las Farc. “Hay caletas que pueden requerir hasta 20 personas, como otras que con 5 personas es suficiente”, le dijo a EL TIEMPO ‘Pastor Alape’, uno de los jefes de las Farc.

En todo caso, los guerrilleros que participen en la extracción del armamentos de esos depósitos y en la destrucción de los explosivos que se encuentren en estos –procedimiento que no será simultáneo– dejarán sus armas el primero de septiembre, fecha límite para evacuar las caletas.

Las que no se logren evacuar quedarán a disposición del Gobierno que, con la ayuda de las Farc, se encargará de desmantelarlas.

Otro grupo de guerrilleros que no tiene que dejar sus armas en 20 días son aquellos que tienen tareas de seguridad en cada sitio de desarme. Ellos lo harán el primero de agosto, cuando se terminan las zonas veredales y se convierten en Espacios de Capacitación.

Hasta el momento, Naciones Unidas tiene registrados en los 26 sitios de desarme unas 7.000 armas. De estas, ya tiene en contenedores bajo su exclusiva custodia e inhabilitadas un poco más de 1.000.

Durante los meses que transcurran entre el fin del desarme de las Farc y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los guerrilleros que tienen delitos graves y que deben presentarse a esa instancia pera ser juzgados permanecerán en algunos de los sitios que hoy sirven como puntos de concentración de esa guerrilla, bajo libertad condicional.

Se les levantarán las órdenes de captura mientras acuden a la Justicia Especial para reconocer sus delitos, declarar la verdad y recibir la sentencia, que incluirá un tiempo de restricción de movilidad.

Esa es una de las disposiciones tomadas por decreto por el Gobierno para garantizar el arranque del nuevo sistema de justicia alternativa en Colombia y luego la implementación del sistema de justicia, verdad y reparación pactado con las Farc en La Habana.

“Las personas trasladadas permanecerán en dichas zonas veredales transitorias en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016”, dice el decreto.

En todo caso, frente a quienes incumplan con las condiciones impuestas por la JEP o ‘hagan conejo’ con la entrega de armas y el compromiso de dejar de delinquir, el Estado no pierde la facultad de procesarlos y aplicarles las penas previstas en la justicia ordinaria.

Los militares y otros agentes del Estado procesados por delitos graves cometidos con ocasión del conflicto armado también tienen derecho a la libertad condicional mientras se pone en marcha la JEP.

Varias decenas de militares han accedido ya al beneficio de excarcelación. Es el caso del general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 30 años por omisión en la masacre de Mapiripán y se acogió a la JEP.

UNIDAD DE PAZ