La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la prohibición que tenía el Congreso para modificar los proyectos que se presenten vía 'fast track' sin tener el aval del Gobierno y de invalidar la votación en bloque de estas iniciativas ha producido un gran debate sobre el futuro de la implementación normativa del acuerdo de paz.
Son muchas las repercusiones que la decisión de la Corte tendrá sobre la implementación jurídica y práctica del acuerdo con las Farc.Con un Congreso más lento en sus decisiones, una campaña presidencial en marcha, los partidos de la coalición más sueltos y una oposición cada vez más empoderada por la opinión, el acuerdo de paz con la guerrilla puede sufrir consecuencias.
Votar artículo por artículo no es ‘fast track’, con esto será mini fast track o no sé cómo se podría decir de ahora en adelante
A esto habría que agregar la inconveniencia de la inminente partida del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuando todavía quedan por tramitar muchas normas. Cristo no solo fue artífice de los acuerdos con los insurgentes en la capital cubana, sino que su conocimiento del Congreso, por haber sido parte de este muchos años, había favorecido el debate político alrededor de estos temas.
Es posible que muchas de las normas que quedan por aprobarse en el Congreso para materializar el acuerdo de La Habana no reflejen rigurosamente lo pactado con la subversión. Los congresistas, después de la decisión de la Corte Constitucional, pueden modificar el texto y el espíritu de las propuestas del Gobierno derivadas del acuerdo de La Habana.
La vía rápida o ‘fast track’ es el mecanismo usado por el Congreso para darle mayor celeridad al trámite de los proyectos, para implementar lo pactado en La Habana.
Parece inevitable que la implementación del proceso de paz con las Farc sufra algún tipo de debilitamiento con esta determinación.
Con esta decisión, cualquier congresista que quiera hacerle un cambio a un proyecto de ley o un acto legislativo que se presente por ‘fast track’ podrá hacerlo y su petición tendrá que ser estudiada por el Congreso.
Igualmente, los artículos de la iniciativa y las propuestas de modificación tendrán que votarse una por una y no en bloque como se venía haciendo actualmente.
Los sectores defensores del acuerdo de paz han señalado que esta decisión dificultará de ahora en adelante el trámite de los proyectos para la paz, pues con este cambio las votaciones serán más lentas y se podrían introducir modificaciones que podrían ir en contravía de lo acordado con las Farc.
“Votar artículo por artículo no es ‘fast track’, con esto será mini fast track o no sé cómo se podría decir de ahora en adelante”, aseguró el presidente del Partido de ‘la U’, Armando Benedetti.
La decisión del alto tribunal se tomó tras estudiar una demanda que presentó el año pasado el Centro Democrático, encabezada por el senador Iván Duque, y en la cual reunían un millón de firmas para tumbar el ‘fast track’.
Tras conocer la decisión, Duque manifestó que la Corte señaló que “el Congreso es autónomo e independiente para modificar los proyectos que discute. No es notario de la Casa de Nariño”.
No se puede olvidar, eso sí, que como lo expresó el senador de ‘la U’, Roy Barreras, el Gobierno mantiene las mayorías en el Congreso.
Este hecho se da en momentos en que la campaña electoral prende motores. Generalmente el último año de su periodo (que finaliza el 20 de julio de 2018) los legisladores están más tiempo en sus regiones buscando votos para el 2018 que pensando en sacar adelante los proyectos para implementar el acuerdo.
Adicionalmente, para sacar adelante las iniciativas, el Gobierno tiene muchas veces que entrar a hacer gestiones con los congresistas, pero la administración del presidente Juan Manuel Santos tiene el sol sobre su espalda y poco margen de maniobra.
Si bien el ‘fast track’ se podrá seguir utilizando, con estas modificaciones, el trámite de proyectos que producen gran debate como la ley estatutaria para poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz y la reforma política tendrán un trámite menos expedito en el Congreso.
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