En la distancia, los cultivos de coca se ven luminosos. Su resplandor baña de luz las montañas del municipio de El Tambo, en el Cauca. Al acercarse, se ven las plantas de tallos leñosos, de dos metros de altura, con sus hojas verdes y pequeñas flores blancas coronadas por frutos rojizos.
También crecen así en Nariño o en Guaviare, en Putumayo o en Norte de Santander. Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), en el 2016 en Colombia había 188.000 hectáreas de coca. ¡Todo un récord! Un incremento del 18 por ciento frente a las cultivadas en el 2015, que fueron 159.000.
La inquietud en Estados Unidos tiene un argumento sólido. “El derivado de esas hectáreas en la producción potencial de cocaína pura es de 710 toneladas por año”, reconoció el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
La coca y lo que gravita a su alrededor ha sido noticia durante los últimos 35 años en Colombia. Y a pesar de su impacto en la sociedad, son contados los profesionales que se dedican a estudiarla en el escritorio y en el terreno. Uno de ellos es Daniel Mauricio Rico Valencia, exasesor de políticas antinarcóticos del Ministerio de Defensa y actual investigador de la Fundación Ideas para la Paz. Él sabe de los mitos y verdades de que haya tantas plantas, como se dijo desde Washington.
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¿Por qué se llegó a semejante número? En Colombia –cuenta– confluyen varios factores particulares que la adaptaron, la arraigaron y la expandieron: “La presencia de actores armados ilegales que generan condiciones de estabilidad en precios y producción, la protección de agentes corruptos del propio Estado y la ventaja topográfica que retrasó la llegada estatal a una parte significativa del territorio”.
La lucha contra los narcocultivos ha sido el eje de la agenda del presidente de turno. Pero hay temas de igual impacto criminal que la coca. El investigador enumera a la minería ilegal, donde solo hasta este año hubo un primer intento de medición; la tala de bosques, el desvío de medicamentos, el contrabando de combustibles o la producción y venta de drogas de síntesis.
Hoy se hacen dos mediciones de cultivos. Una, la del CNC (Crime and Narcotics Center’s), dependencia de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), que usa una metodología de imágenes y software para llegar a un estimado con menor nivel de detalle y que responde a la pregunta de cuánta coca en promedio hay cada año.
Y otra, la del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que toma fotos para saber cuánta coca había el último día de cada año. Esta tiene el valor añadido que emplea más recursos humanos de interpretación, con el propósito de hacer un censo más detallado. Su trabajo es más lento por lo que el resultado sale con seis meses de rezago.
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Y en camino viene una tercera medición. Será hecha por la Policía Antinarcóticos: el Sistema de Información Integrado de Cultivos Ilícitos (Cima), que en teoría apoyará las labores operativas de erradicación. Es previsible que más temprano que tarde sus datos vayan a diferir con los de Simci y CNC.
“Nuestra agenda está ‘cocainizada’. No tenemos buenas mediciones de la producción de ningún otro cultivo ilícito, no sabemos ni cuánta marihuana, ni cuánta amapola se cultiva”, dice este estudioso bumangués de 38 años de edad.
Él cree que es vital analizar el incremento bajo periodos amplios para tomar decisiones y no dar respuestas al calor de las últimas noticias. A juicio de Rico Valencia, no hay un objetivo definido que asuman todas las entidades del Estado y se mantenga de un presidente a otro.
“El error ha sido querer reducir la oferta de cocaína a cualquier costo. Nuestro objetivo debió ser reducir los muertos del narcotráfico y combatir la corrupción que se genera en el Estado y los negocios”.
Y, claro, cada vez que sale una medición de estas se abre la intensa polémica: ¿la fumigación aérea con glifosato es buena o mala? “Este es un punto de absoluta polarización, que tiene más de política y apasionamientos que de debate basado en evidencias”, afirma el investigador.
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Para un sector –agrega él– el glifosato es la causa de todos los males, según la cual se generaron desde desplazamientos hasta abortos, y señalan que no tuvo ningún impacto en reducir los cultivos de coca. Para otro, es la solución casi mágica que nos devolverá la seguridad y legalidad a los campos y ven en la suspensión de las fumigaciones la causa única del incremento de la coca. “Ambas concepciones están equivocadas y ambas tienen algo de verdad”, concluye.
Su veredicto no es político, sino técnico. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, politólogo de la Universidad de los Andes, máster en Administración Publica para la Seguridad y Defensa Nacional, candidato a Doctor en Criminología de Políticas Públicas y becario J. William Fulbright de la Universidad de Maryland, un currículum siempre inclinado al impacto de la coca.
Además, se declara lector de cuanto informe tenga que ver con lo que algunos llaman “la hoja maldita” y dedica buen parte de su tiempo a recolectar cifras y elaborar hipótesis que después testea con la realidad que observa en las zonas rurales por donde anda libreta en mano recogiendo las experiencias de los campesinos.
Eso le da la autoridad para saber cómo les fue a los últimos presidentes en esta batalla. “Con Ernesto Samper tuvimos una tendencia calcada de la actual, Uribe tuvo un mal registro entre el 2004 al 2007, a pesar de que en ese momento era el de mayor intensidad del Plan Colombia y de la Seguridad Democrática”.
Según el académico, a Uribe, con las cifras históricas de aspersión y erradicación de esos años, la coca se le subió de 120.000 a 160.000 hectáreas. “Desde que tenemos mediciones, el único presidente que ha tenido una reducción sostenida de la coca fue Andrés Pastrana, de resto todos han tenido subidas y bajadas de las hectáreas”, dice.
Cada mandatario ha tomado su propio camino. Por ejemplo, Uribe con su política de Seguridad Democrática, ordenó capturas masivas de las personas que estaban vinculadas en el campo a su siembra y cultivo. Cada año se capturaban mínimo 1.000 campesinos cocaleros. Santos, por su parte, buscó el diálogo.
En lo que sí hay sintonía entre Uribe y Santos ha sido en atacar la siembra para evitar que esta sea el combustible de la guerra.
“Las 188.000 (hectáreas) –agrega– del 2016 parecen un incremento enorme si se comparan con las 80.000 del 2013, pero si comparamos con años más atrás vemos que estamos repitiendo nuestros ciclos históricos. Nunca nos hemos bajado de la bicicleta estática. La verdad es que si bien una mañana se arranca una mata aquí, en la tarde crece otra allí. Esto no significa, empero, que a todos los cultivadores les deje ganancias fabulosas”.
El investigador señala que el fenómeno es diferente en cada región. Si bien montar un cultivo vale en promedio 5 millones de pesos en términos generales en el país, el rendimiento depende de muchas cosas.
“Una cosa es en el Catatumbo, donde los mismos campesinos producen base de coca. ¿Por qué? Para procesarla se necesita muchísima gasolina y cemento. Como estos entran fácil de contrabando desde Venezuela se ganan una plata extra cuando el precio está bueno”, señala.
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Lo que ha encontrado Rico Valencia es un factor nuevo: se están armando 'clusters' de coca donde un empresario criminal monta en la misma zona decenas de cultivos de coca y los llenan de raspachines que le trabajan.
“Estas dos economías, la del microcultivador y el macrocultivador, coexisten y no es fácil diferenciarlas, desde el satélite no se puede saber quién es el dueño de cada cocal”, explica.
Sea como sea, lo cierto es que en Colombia son miles las personas que viven de la coca. Según sus investigaciones, al menos 200.000 familias generan un ingreso directo de la coca, como cultivadores o jornaleros.
Hay otro dato –advierte el experto– para tener en cuenta. La población que sabe cultivar coca y por diferentes razones hoy no lo hace. “Este es un ejército de reserva de unas 800.000 familias que en algún momento cultivaron coca”.
¿De dónde salió tanta gente? Rico Valencia lo atribuye a “incentivos perversos”, como ofrecer recursos a cocaleros para sustituir la coca. “Lo que logran es reactivar ese ejército de reserva que va en búsqueda de beneficios prometidos”.
Y es que en este rubro, los números sí han cambiado. Los subsidios para sustitución que por familia eran de 3 millones ya van en ofrecimientos de 33 millones, por eso el ejército de reserva de la coca está respondiendo y sembrando.
Y, claro, en el listado hay que poner a los que ya no están. En Colombia la lucha contra las drogas ha dejado miles de muertes de policías, jueces, líderes locales y erradicadores que casi siempre son víctimas anónimas.
Hay otro hecho evidente, la presencia cada vez mayor de cultivos de coca a la vera del camino. “Al principio había un cierto factor vergonzante, la coca se cultivaba escondida y en secreto, después con el auge se volvió un factor de seguridad económica, la coca no da mucho pero es un ingreso seguro, un mercado maduro, como dicen los economistas”, afirma.
En efecto, hoy pesan muchas variables. El proceso de paz, el actor que va a dominar el territorio y en esto la coca es muy útil: si llega el Estado a hacer una sustitución y paga bien o si llegan el Eln, las ‘bacrim’ o el Epl, hay que sembrar. Para los cultivadores, la coca es su moneda de cambio.
Ante este balance, la pregunta es inevitable. ¿Santos podría mostrarse satisfecho cuando observa las cifras de 188.000 hectáreas de coca, pero con un saldo mínimo de muertos?
“Yo sí prefiero el balance del actual gobierno con 28.000 hectáreas más de coca que en el 2007, pero con la mitad de los muertos”, responde el académico.
¿Entonces? ¿Qué hacer? “Yo soy optimista –concluye nuestro experto–: los últimos tres presidentes han tenido cada uno sus aciertos que han logrado desescalar la violencia asociada al narcotráfico, ya no tenemos millones de desplazados, ni el 40 % de los alcaldes gobernando fuera de sus municipios, tampoco ninguna ciudad sitiada por la insurgencia ni hay una mafia que amenace el Estado de derecho y en el mundo ya no nos ven como un Estado fallido”.
O sea, ¿que los reportes no dan como para sentarse a llorar? “Creo que dentro de 100 años los historiadores del siglo XXII van a mirar nuestra época y se preguntarán... ¿De verdad creían que la guerra contra las drogas la podían ganar?”.
ARMANDO NEIRA
Twitter: @armandoneira
Redacción Política
