En una madrugada de terror, 20 guerrilleros de las Farc asesinaron con ametralladoras M-60 a 35 habitantes del barrio La Chinita de Apartadó, Antioquia. El calendario marcaba el 24 de enero de 1994, y la incursión generó una estampida de los sobrevivientes. Algunos de ellos se reunieron en Cuba con ‘Pastor Alape’, ‘Iván Marquez’ y ‘Pablo Catatumbo’, que en medio de lágrimas les prometieron que el próximo viernes 30 de septiembre irán a La Chinita a pedirles perdón.
La historia de horror se repitió el 2 de mayo del 2002, durante un enfrentamiento de las Farc con paramilitares. Esa vez, el escenario fue la iglesia de Bojayá, Chocó, detrás de la cual se escondían los paramilitares, y las M-60 fueron cambiadas por armas no convencionales: cilindros bombas y pipetas que volaron la iglesia del pueblo con más de un centenar de niños, mujeres y hombres no combatientes en su interior que murieron por las explosiones. (Vea el gráfico: Las masacres de las Farc en los últimos 20 años)
Una de las pipetas impactó primero un puesto de salud y otra más hizo blanco en el altar. Solo pasadas 72 horas, los guerrilleros permitieron el acceso de los organismos de socorro, que entre los escombros hallaron a 96 personas, algunas mutiladas pero aún vivas.
Allí, en diciembre pasado, el jefe guerrillero ‘Pastor Alape’ encabezó un acto en el que las Farc pidieron perdón a la comunidad por lo ocurrido en Bojayá. Fue un acto cerrado para la prensa, pero el primero de ese tipo que hizo la guerrilla.
Bombas, otra de sus armas mortalesEn la lista de crímenes graves que sumó las Farc está también el del ataque al club El Nogal de Bogotá. En el 2003, un carro bomba con 200 kilos de explosivo C-4, similar a los utilizados por el narcoterrorismo de Pablo Escobar, hizo polvo tres pisos del club, mató a 36 personas y dejó heridas a 200.
Y el 28 de julio del 2007, 11 diputados de la Asamblea del Valle, que llevaban 5 años secuestrados, fueron asesinados en uno de los campamentos de esa guerrilla, en un supuesto enfrentamiento con un grupo armado que nunca apareció. (Además: Las cifras y fechas de las Farc en un minuto)
Estos cuatro violentos episodios de guerra hacen parte de la larga lista de delitos que las Farc cometieron durante sus 52 años de historia, con rasgos que les merecieron ser incluidas en listados internacionales de grupos terroristas, al lado de organizaciones como Al-Qaeda y el Estado Islámico.
La Fiscalía calcula que hay cerca de dos mil acciones que encajan en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Los campos de concentración que se habilitaron en las selvas de Calamar, Guaviare, para mantener presos, con cadenas y candados en el cuello, a más de 400 militares y policías secuestrados hacen parte de ese listado de atrocidades que desbordaron los límites de la guerra y que incluyeron el secuestro, por años, de políticos como Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Alan Jara, Jorge Eduardo Géchem, Consuelo González y Gloria Polanco, entre otros.
Cerca de 250 miembros de las Farc, entre los que se encuentran ocho del secretariado, han sido condenados por este tipo de conductas, consideradas de lesa humanidad. (Lea: Vamos hacia la política sin armas: 'Timochenko' tras firma de la paz)
Abortos y minasPero hay otros que hasta ahora se están documentando, como las violaciones a mujeres civiles. De incursiones a pueblos, ocurridas en los últimos 15 años, se han podido documentar 600 casos. Uno de ellos implicó a una niña de 9 años, a dos de sus tías, a su madre y a su abuela, de 70 años.
La Fiscalía maneja una cifra similar de delitos sexuales contra guerrilleras, incluidas varias menores de edad. Esta última conducta va de la mano con el reclutamiento de menores, modalidad usada para engrosar ilegalmente sus filas con cerca de 2.000 niños, de los cuales la guerrilla reconoce una mínima parte.
Las desapariciones, ajusticiamientos y abortos dentro de sus filas es otro capítulo por escribir. Sobre los abortos, se habla de más de mil y se ha probado que era una política instaurada por el secretariado, el cual violó los derechos de sus mujeres combatientes en una especie de “eliminación sistemática de niños en gestación”.
Un caso similar se investiga en relación con los indígenas nasas, que se declararon neutrales dentro del conflicto y han sido víctimas de asesinatos selectivos y reclutamiento forzado. (Lea: Los 5 mitos de los que parten los acuerdos de La Habana)
En último término aparece el uso de minas antipersona en zonas rurales con presencia de civiles, con cuyo uso han asesinado y dejados mutilados a campesinos, policías y militares.
En Colombia se han contabilizado 11.000 víctimas de estos artefactos instalados también por los paramilitares y que están presentes en cerca de 600 municipios, convirtiendo a Colombia en el país con más minas de este tipo después de Afganistán.
Por masacres contra civiles, delitos sexuales, usos de armas no convencionales, entre otras conductas, hoy hay activos 11.269 procesos contra más de 16.000 integrantes de las Farc, y hay 1.858 sentencias condenatorias.
‘Nadie nos devolverá lo que nos quitaron’En distintas reuniones de las víctimas que ha dejado el conflicto de 52 años, el denominador común es el dolor y el deseo de que lo que les pasó no le vuelva a suceder a nadie. Eso concluye Martha Amorocho, quien perdió a su hijo Alejandro en el 2003, cuando en la noche del 7 de febrero estallaron 200 kilos de C 4 en el club El Nogal, en el nororiente de Bogotá. Casi le pasa lo mismo a Juan Carlos, su hijo mayor, pero sobrevivió. Fueron las Farc. (También: ¿Cuánto ha costado la guerra en Colombia?)
“Así como la reparación es simbólica, seguramente las penas también lo son, porque nadie nos va a devolver lo que nos quitaron, no hay forma. ¿Quién lograría que yo tuviera un abrazo de Alejandro otra vez? Nadie”, le dijo a EL TIEMPO.
Martha se siente una sobreviviente, más que una víctima. Su discurso hacia el perdón la llevó a ser parte de la tercera comisión de víctimas que fue en el 2014 a La Habana (Cuba) para contarles al Gobierno y a los miembros de la guerrilla su versión del conflicto. Sabe que firmar un papel en La Habana no es el fin del conflicto y que lo duro vendrá después del acuerdo. “Me parece irresponsable pensar en que los únicos victimarios son las Farc y que cuando se acaben, el país va a funcionar perfectamente. Eso es infantil”, dice.
EL TIEMPO
