La Corte Constitucional dejó en firme el decreto 897 del 2017, por medio del cual se establecieron las medidas para la reincorporación económica del las Farc, entre ellos, el pago de un beneficio económico equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo durante dos años.
El decreto también fijó que el beneficio se podrá extender, siempre y cuando el desmovilizado continúe vinculado a los proyectos educativos y de reincorporación.
Así mismo, quedó en firme la constitución de una "organización de economía social y/o solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN)", cuya finalidad será garantizar las condiciones económicas para la resocialización de los excombatientes.
El alto tribunal solo declaró inexequible la expresión: "la Superintendencia Nacional de Economía Solidaria y la Cámara de Comercio de Bogotá no podrán rechazar el registro ni la inscripción por ningún motivo formal o de contenido", que se refería a la constitución de esa cooperativa.
