De los 163 artículos que tiene el proyecto que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 48 fueron sometidos a conciliación.
Esto se debe a que los textos de dichos artículos son diferentes entre lo que se aprobó en Senado y lo que se avaló en la Cámara y en algunos casos simplemente fueron aprobados en una sola de las corporaciones. La conciliación es para tener un texto unificado.
Este martes, los cuatro conciliadores, dos por Senado y dos por Cámara, se reunieron y al finalizar la tarde radicaron la ponencia de la conciliación para que este miércoles sea votada por las plenarias de las dos corporaciones.
De acuerdo con el representante a la Cámara Abraham Jiménez, la conciliación se hizo sobre la base del texto aprobado en la Cámara. “Esto, porque tuvimos más tiempo de estudiar el proyecto y se basó en lo aprobado en Senado y en lo que planteó la Corte Constitucional en la sentencia que declaró exequible la JEP”, dijo el congresista.
Indudablemente, el tema más polémico y que más demoró el debate entre los conciliadores es el que tiene que ver con las inhabilidades para los magistrados de la JEP.
En este punto sí se acogió lo aprobado en Senado, en donde se decidió que esos togados no podrán haber sido abogados en procesos que tengan alguna relación con el conflicto armado durante los últimos cinco años y que tampoco podrán haber interpuesto recursos ante el Estado en temas relacionados con derechos humanos, ni haber “participado” o haber “emitido opinión o concepto profesional sobre la reglamentación” de este modelo de justicia transicional.
Este texto ha sido objeto de cuestionamientos, pues los magistrados ya fueron elegidos. Incluso, el propio presidente Juan Manuel Santos en su momento lo calificó de “inconstitucional”.
“Estuve en contra de esto”, admitió el senador Horacio Serpa, uno de los conciliadores.
Otro de los artículos que fueron conciliados tiene que ver con los delitos sexuales contra los menores de edad. Mientras en el Senado se estableció que por esta conducta deberían responder quienes incurran en este delito, en la Cámara el articulado quedó mucho más explícito –por eso fue el que se acogió– y se aclaró que la medida será para todo aquel que cometa o haya cometido delitos sexuales con menores.
Los conciliadores también acogieron el texto de la Cámara en lo que tiene que ver con el denominado régimen de condicionalidad para los que se sometan a la JEP, esto es: decir la verdad, no seguir delinquiendo, reparar y, si no lo hacen, pierden el tratamiento especial que trae la JEP.
De acuerdo con Jiménez, en lo que tiene que ver con los denominados delitos graves también se acogió el texto de la Cámara, en el que se definió que todo aquel que incurra en este tipo de conducta debe ser investigado y sancionado por la JEP. En Senado se había establecido que solo serían los jefes o cabecillas.
Unas 141 organizaciones de víctimas y de derechos humanos llevarán ante la Corte Penal Internacional (CPI) los casos relacionados con la responsabilidad de terceros y funcionarios que no entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según lo aprobado en el Congreso.
Mañana, una delegación visitará a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en La Haya (Países Bajos), para llevarle pruebas de casos de asesinatos de líderes sociales que pueden constituir crímenes de guerra. Las organizaciones crearon un “equipo de litigio internacional”.
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