Contrario a lo que muchos piensan, el triunfo de Iván Duque no es necesariamente catastrófico para la paz con la Farc.
A juzgar por lo que ha dicho el ya presidente electo de Colombia, lo único que tiene claro hasta ahora es que promoverá cambios para que los dirigentes de la Farc con curules en el Congreso tengan que cederlas a otros excombatientes si son condenados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esta es, de hecho, la única modificación que choca frontalmente con los acuerdos que se hicieron para cerrar el conflicto armado con la exguerrilla.
Por supuesto, es inquietante porque un ajuste en la participación política de la Farc va directo al corazón del proceso de paz: cambiar las balas por los votos.
Pero hacer esa modificación no es tan simple como quererla, pues el camino para ejecutarla puede ser tan largo o más que el que se recorrió para poner en marcha los acuerdos de paz.
No hay que olvidar que los proyectos de ley y las reformas constitucionales para implementar los acuerdos contaron en su momento con un mecanismo abreviado en el Congreso (‘fast track’), que ya no existe.
Cada ley y reforma constitucional, además, han sido sometidas al control de la Corte Constitucional.
En otras palabras, aunque Duque cuente con mayoría en el Legislativo para aprobar un proyecto que modifique acuerdos con el hoy partido político Farc, este deberá pasar también por el aval del tribunal constitucional.
Y sobre la participación de miembros de la exguerrilla en el Congreso, la Corte ya dijo que es a la JEP a la que le corresponde determinar si las sanciones son o no compatibles con el ejercicio de la política.
El otro tema de Duque cuando se ha referido a modificaciones a los acuerdos de paz ha sido el narcotráfico como delito conexo.
Ha insistido en la obligación que tienen los exguerrilleros de denunciar rutas y personas con las que hacían negocios de drogas. Pero para eso está todavía el escenario de la JEP.
En el acuerdo de paz el narcotráfico no es, per se, delito conexo a la rebelión. Quedó establecido que se mira caso por caso y se considera conexo solo si se prueba que el exguerrillero juzgado en la justicia especial no usó el dinero para enriquecimiento personal.
Por otro lado, el presidente electo de Colombia ha hablado de un proyecto para que la Constitución establezca que el narcotráfico no sea conexo al delito político, pero admitió en una entrevista con EL TIEMPO que esa ley no tendría carácter retroactivo, con lo cual no afectaría los acuerdos de paz.
Lo que aún es incierto es qué pasará en un gobierno de Duque con el fondo de tierras y la distribución a campesinos que no la tienen o no cuentan con la suficiente para subsistir.
Incluso no es claro lo que pasará con la actualización del catastro rural, que busca terminar con los prediales irrisorios que pagan grandes propietarios del campo colombiano.
Pero Duque ha dicho que trabajará por el progreso de los campesinos y no hay razón para no creerle.
Lo que viene es un tiempo de incertidumbre mientras el presidente electo define el camino que emprenderá para llevar a la práctica su intención de cambiar la participación de exjefes de las Farc en política.
Salvo que sorprenda, en lo único que ha sido concreto Duque es en esto. Y por los requisitos legales que tiene que cumplir y por la potestad de la JEP para definir si hace o no compatibles las sanciones a los jefes de las Farc con el ejercicio político, no puede darse por hecho que los acuerdos de paz quedarán convertidos en trizas, como lo han querido algunos de su partido, como el exministro Fernando Londoño.
Tampoco en risas, como el mismo Duque ha dicho, porque la sola intención de hacer modificaciones a lo pactado le provoca zozobra a la paz.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En twitter: @MarisolGmezG
