Con el fin de encontrar la vía jurídica que permita concederles la libertad condicionada a las personas que están tras las rejas por motivos relacionados con la protesta social, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura comenzarán a hacer un barrido a todos los procesos judiciales que tengan esta condición.
Así quedó establecido en un decreto que acaba de firmar el presidente Juan Manuel Santos, quien justificó este paso como uno de los puntos que permitirían darle dinámica a los diálogos de paz con el Eln que, a propósito, se trasladarán ahora a La Habana (Cuba) y se reanudarán en cuestión de días.
En el documento oficial –al que ha accedido EL TIEMPO– se indica que es necesario establecer un camino legal que permita analizar la aplicación de la ley de amnistía e indulto a las personas que están en la cárcel por cuenta del “ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos”.
La instrucción es que esta labor sea coordinada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia. Lo esencial es que se puedan identificar a las personas que puedan acceder a los beneficios de la amnistía o el indulto y así proceder con su liberación, lo cual, por supuesto, es entendido como un gesto de buena voluntad para impulsar los diálogos de paz con el Eln.
El decreto, que además indica que se debe preservar el principio de reserva y confidencialidad de cada caso, precisa que el Ejecutivo adopta esta decisión, con el objetivo de cumplir “los compromisos derivados del cese al fuego y de hostilidades con el Eln, las disposiciones sobre la libertad condicionada para personas privadas de libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos”.
Esta ha sido una de las viejas reivindicaciones del Eln, en el sentido de que asegura que una de sus principales bases está en los núcleos sociales que promueven la protesta social, por lo que considera necesario que se les dé libertad a quienes estén presos por motivos relacionados con esa causa.
Lo que ha trascendido hasta ahora es que la guerrilla entregará unos listados con los nombres de quienes considera son los presos a los que se les debería aplicar este beneficio, pero que, por su parte, el Gobierno y la Judicatura no solo verificarán dichas listas, sino que también analizarán si hay otras personas a las que se les puedan dar estas ayudas jurídicas.
El Eln es la única guerrilla que aún permanece alzada en armas en el país. Distintos cálculos indican que tiene unos 1.500 integrantes y varios Estados, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, la catalogan como terrorista.
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