Colombia volvió esta semana a la polarización entre los discursos de la paz y la guerra, como ocurrió durante las negociaciones de La Habana con las Farc, a consecuencia de las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Como en ese momento, al debate han concurrido no solo los actores internos (los tres poderes, partidos políticos, empresarios e intelectuales y sectores sociales), sino la misma comunidad internacional, que ha tomado posiciones de lado y lado.
Tan pronto el presidente Duque divulgó las seis objeciones a la ley de la JEP mediante las cuales pretende endurecer el juzgamiento de los exguerrilleros autores de delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos con ocasión del conflicto armado, estalló la confrontación.
Esa misma noche, el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien intentó aproximarse a Duque desde los primeros días de su elección, acusó al mandatario de plantearle “un desafío a la Corte Constitucional”.
Las objeciones son un error serio: afectan la construcción de
la paz, alejan la posibilidad de reconciliación y aumentan la polarización
Gaviria, además, pidió a sus bancadas en Cámara y Senado votar de manera unánime en contra de la objeciones planteadas por Duque.
Rápidamente, el Centro Democrático, el partido de gobierno, saltó a la defensa incondicional de Duque. Al aplauso.
“El partido Centro Democrático le agradece al presidente Iván Duque que haya objetado seis articulos de la ley estatutaria de la JEP. Esta decisión –agrega– abre la posibilidad de que quienes votamos por el ‘No’ en el plebiscito y fuimos groseramente ignorados por el gobierno Santos, tengamos ahora la oportunidad real de presentar nuestras críticas a estos acuerdos”, expresaron los uribistas en clara solidaridad con el mandatario.
Los conservadores, el otro partido de gobierno, también cerraron filas alrededor de Duque y su contrarreforma.
“Es bueno recordarle al país que las mayorías nacionales se han expresado en dos oportunidades: primera, en los resultados del plebiscito; segunda, en las elecciones presidenciales. En ambas ocasiones se respaldaron políticas que reclamaban algunos ajustes del acuerdo con las Farc”, dijo el presidente de los conservadores, Omar Yepes Alzate.
En esa misma dirección, los gremios, que lideran el aparato productivo del país, tampoco dejaron duda de su solidaridad con el presidente Duque.
Los voceros del poder económico dijeron que “Colombia debe continuar avanzando con firmeza en la estrategia de recuperación del orden público, elemento central de la convivencia pacífica”.
Y pocas horas después, los sectores de oposición de izquierda protagonizaron un acto de unidad: como pocas veces, y haciendo uso de la ley que los protege, al unísono acusaron a Duque de querer llevar el país a la confrontación.
“La decisión del presidente Duque de objetar apartes de la ley de la Jurisdicción Especial de Paz pone en grave riesgo la separación de poderes, atenta contra la construcción de paz y busca distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una y nos permita concentrarnos en resolver los principales problemas del país”, dijo Juanita Goebertus, la representante a la Cámara por los ‘verdes’, en nombre de esa izquierda unida.
La sensación que quedó durante el curso de la semana fue que aumentó el nivel de la confrontación política.
Ante el clima salpicado de tensiones por la advertencia de algunos sectores políticos de que con las objeciones a la JEP se estaba poniendo en peligro el acuerdo de paz, el gobierno de Duque tuvo que emprender una cruzada relámpago con su canciller, Carlos Holmes Trujillo, para explicarles a los principales actores de la comunidad internacional lo ocurrido.
Las minorías pretenden acorralar al país y ello no se debe permitir. Están en su derecho de actuar, pero las mayorías deben pronunciarse
A primera hora del lunes, Duque y su canciller, Trujillo, se reunieron con el cuerpo diplomático acreditado en Bogotá para comenzar a calmar la tempestad.
El discurso del Presidente ante los diplomáticos fue el mismo que su canciller llevó durante la semana a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Penal Internacional (CPI): que el propósito es “fortalecer la Jurisdicción Especial” y que “se abre una gran oportunidad para la construcción de un consenso alrededor de la JEP”.
El canciller Trujillo tuvo que ir a darles estas explicaciones al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad.
Stéphane Dujarric, portavoz del secretario, indicó que Guterres “ha repetido varias veces la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y del respeto a su independencia y autonomía, al igual que lo ha hecho el Consejo de Seguridad”.
Luego voló a La Haya para explicarle lo mismo a la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
La CPI prácticamente se ha convertido en defensora de la JEP y la ha calificado como “el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz”.
Prácticamente se regresó a la confrontación surgida en torno del plebiscito por la paz, en octubre de 2016, cuando el país se dividió entre los defensores del ‘Sí’ y los del ‘No’.
En la polémica también participaron el fiscal Néstor Humberto Martínez y el procurador general Fernando Carrillo.
Mientras que el Fiscal salió a apoyar los reparos presidenciales y a negar que su presentación sea un “choque de trenes”, el jefe del Ministerio Público los calificó de “irrespeto” a “las decisiones de la justicia” y dijo que el tema ya es “cosa juzgada constitucional”.
Al mismo tiempo, los presidentes de Senado, Ernesto Macías, y de Cámara, Alejandro Chacón, se ubicaron en posiciones distintas. Macías, del Centro Democrático –el partido del presidente Duque–, no ha tenido ninguna duda de que las objeciones presidenciales se deben votar, pero Chacón, aunque también avanzará en el trámite de estas, le envió una carta a la Corte Constitucional en la que le consulta el paso por seguir.
Incluso, se llegó al extremo de revivir peleas como la que se dio esta semana en las comisiones de Paz del Congreso, en las cuales hubo insultos y señalamientos entre los defensores del acuerdo de paz y sus críticos, luego de los cuales los integrantes de los partidos políticos de oposición abandonaron la sesión en medio de improperios que venían de lado y lado.
Aunque el presidente Duque ha dicho que buscará el “consenso” sobre la JEP, lo que se avecina es un intenso debate político y jurídico, como en tiempos no lejanos.
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