‘Colombia, el país con más asesinatos de defensores de DD. HH.’

‘Colombia, el país con más asesinatos de defensores de DD. HH.’

Duro informe del Relator Especial de la ONU que se presenta este miércoles en Ginebra (Suiza).

Líderes sociales

Entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía investigó un total de 592 homicidios de líderes reportados por la ONU.

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Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Por: Política
04 de marzo 2020 , 11:43 a.m.

Tras la tempestad no llega la calma. Al contrario, por el contenido del informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia, que oficialmente se presenta este miércoles en Ginebra (Suiza), la tensión entre el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU) está distante de ceder.

En el documento, conocido por EL TIEMPO, el francés Michel Forst recuerda que “históricamente la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95 %”.

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El comparativo frente a la tasa de impunidad de los casos de homicidios dolosos conocidos por las autoridades está por encima porque “este se sitúa entre el 86,58 % y el 94,30 %”.

Forst recuerda en su informe que desde 2016 “la Fiscalía ha decidido priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), es decir 302 casos”.

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“Esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del acuerdo de paz. Según información de la Fiscalía, en agosto de 2019, de los 302 casos de asesinatos documentados por ACNUDH desde 2016, 33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”.

Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina

Estas cifras sitúan en un 11 % los casos esclarecidos, frente a un 89 % que todavía no tienen una determinación de culpabilidad, si bien en el 54 % de estos últimos se están dando avances en la investigación”.

La conclusión de Forts es fuerte: “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.

Sin embargo, hay matices. “El Relator Especial ha podido constatar la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Empero, concluye "que la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del acuerdo de paz”.

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“Las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.

Fort dice que “las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del Presidente del Gobierno y otras autoridades reconociendo su importante papel, y son deslegitimizadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales”.

¿En qué difiere este informe al que provocó el roce con el Gobierno Nacional, la semana anterior, de la alta comisionada para los derechos humanos? Son diferentes oficinas de la ONU. La Alta Comisionada está en Colombia de manera permanente y hasta que termine el mandato (si no lo renuevan).

Y el del Relator Especial hace parte de un grupo de relatores, cada uno cubre un tipo de derecho, que son expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos.

En su caso, ellos van a verificar el estado de los derechos a los países por invitación.
En este informe de Forst se pone también el énfasis en la dramática situación dada por el asesinato de líderes sociales.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos más expuestos en la era posterior al acuerdo de paz son los líderes y lideresas sociales y comunitarios, con o sin cargos en las juntas de acción comunal, los líderes y lideresas étnicos, y sobre todo los promotores de las políticas derivadas del acuerdo de paz, en particular el programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra”, dice.

Y entrega las cifras: “Según el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas, entre la firma del acuerdo de paz y finales de julio de 2018, del total de las personas defensoras asesinadas 23 % son dignatarios/as de las Juntas de Acción Comunal (incluyendo cuatro líderes afrodescendientes), 20 % líderes y lideresas comunales, 20 % líderes y lideresas étnicos (12 % indígenas y 9 % afrodescendientes), 5 % defensores de los derechos de las víctimas, 11 % líderes y lideresas campesinos, 2 % reclamantes de tierra y 2 % abogados/as defensores de derechos humanos”.

Su agenda de derechos humanos les pone en peligro, en particular en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado

El informe hace una cruda radiografía del impacto que esa racha de asesinatos tiene para la democracia colombiana:

“La gran mayoría de estos defensores y defensoras de los derechos humanos en las zonas rurales no solo ostentan la presidencia u otros puestos en las juntas comunales de sus comunidades, sino que pertenecen a diversas organizaciones y movimientos locales y nacionales”.

“Desde la firma del acuerdo de paz, Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana registraron el mayor número de asesinatos. Los movimientos sociales étnicos, en particular Comunidades Construyendo Paz en los Territorios y el Consejo Regional Indígena del Cauca, registraron el mayor número de amenazas”.

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El informe dice que el contexto en que llevan a cabo su labor de defensa de los derechos humanos es de una gran complejidad.

“Su agenda de derechos humanos los pone en peligro, en particular en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes”.

“El Relator Especial recibió testimonios de cómo se ven forzados a interactuar con los diferentes grupos armados ilegales y criminales y cómo, al oponerse a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el acuerdo de paz".

Y reclama para ellos la atención del Estado, pero no solo en fuerza pública. “Estos mismos defensores/as en zonas rurales demandan al Estado el disfrute de derechos económicos sociales y culturales sin discriminación. Sus demandas incluyen acceso al agua potable, educación primaria y atención básica en salud, todas ellas obligaciones mínimas esenciales que el Estado tiene la obligación inmediata de cumplir”.

“También exigen acceso a la electricidad y carreteras, algo fundamental para la comercialización de los productos producidos (alternativos a la coca), y denuncian la inacción y falta de protección de las Fuerzas Públicas de Seguridad. Cuando abogan por la reanudación de los diálogos de paz con el Eln son deslegitimados e incluso criminalizados por las autoridades y/o actores no estatales”, asegura.

La semana anterior, el presidente Iván Duque calificó de “intromisión” en la soberanía nacional las últimas recomendaciones que Naciones Unidas dio al Gobierno en relación a la gestión de la Policía y el resto de fuerzas de orden público.

“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior”, dijo Duque.

(Vea: Tensión entre el Gobierno y la ONU por informe de DD. HH.)

En su momento, el Presidente explicó que el Gobierno está analizando las recomendaciones que ha emitido la ONU en su último informe, en el que ha defendido la supervisión de la Policía Nacional por parte del Ministerio del Interior en lugar del de Defensa para “fortalecer la capacidad institucional”.

En ese informe, la ONU también cuestionó la labor del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las manifestaciones de protesta social.

Los argumentos crearon un malestar en el alto Gobierno. Ahora, cuando la situación no ha mejorado entre las partes, llega este nuevo informe.

POLÍTICA

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