Desde hace unos meses, el Gobierno Nacional y las Farc venían evaluando cuáles de los 24 antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde viven exguerrilleros de las Farc y sus familias, debían seguir funcionando.
Tomar la decisión de los traslados, básicamente, dependía de dos factores –la adquisición de los predios y la ubicación estratégica–, pues es necesario considerar aspectos como riesgos naturales, limitaciones en vías de acceso y en la provisión de servicios públicos.
“En la actualidad, cinco de ellos se van a trasladar del punto donde están, teniendo en cuenta que hubo dificultades en la compra o adquisición de esos predios, o en los predios donde se van a reubicar, que son mucho mejores para adelantar sus procesos económicos en el marco de la legalidad”, aseguró en La W Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
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Así las cosas, se tomó la decisión de reubicar los antiguos espacios de Ituango (Antioquia), Puerto Asís (Putumayo), La Macarena (Meta), Tumaco (Nariño) y San José del Guaviare (Guaviare).
Aunque desde el 15 de agosto terminó la figura jurídica que permitía el funcionamiento de estos espacios, donde viven más de 2.984 personas, con corte del 30 de noviembre, el Gobierno los continuará administrando hasta el 2020, brindando garantías de seguridad, servicios públicos, administración, saneamiento y abastecimiento a los excombatientes de las Farc que viven en los ETCR.
Sin embargo, la tarea aún no ha terminado. Ahora el reto es aclarar el panorama jurídico de estos espacios, pues se tendrá que aclarar cuál es la figura jurídica con la cual funcionarán.
Según la Fundación Ideas Para la Paz, será un reto incorporar estos espacios a los ordenamientos territoriales, lo cual representaría “enormes desafíos en cuanto a recursos y a la capacidad de las autoridades locales, como asumir la ampliación de la oferta en servicios públicos a zonas apartadas o modificar, en algunos casos, los planes de ordenamiento”.
Pero este proceso, que ya está adelantado, les tocará a los nuevos gobernadores y alcaldes, que se posesionan mañana. De hecho, la semana pasada el Gobierno asignó recursos por 16.000 millones de pesos para el proceso de compra de tierras productivas o consolidación de antiguos ETCR.
Desde el Gobierno contemplan que este proceso de transición puede tardar aproximadamente un año.
Aparte de este anuncio, el Gobierno presentó la semana pasada la ruta para la reincorporación, que contempla garantías sociales, económicas, como la asignación mensual del 90 por ciento del salario mínimo, y “oportunidades de progreso para quienes han asumido un compromiso serio con la reincorporación en la legalidad”, dijo Emilio Archila, consejero para la Estabilización.
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