Entre los años 2001 y 2020, 75.731 personas de grupos armados al margen de la ley emprendieron el camino de retorno a la vida civil. Para hacerse a una idea de la magnitud de este proceso, es como si toda la población de un municipio como Calarcá, Quindío o Garzón, Huila, se hubiera desmovilizado luego de haber empuñado las armas.
El camino de ‘reconciliación’ de los últimos 20 años –que recorrieron años atrás integrantes de otros grupos como el Epl o el M-19– comenzó justamente poco antes de que llegara a su fin el fallido proceso de paz del Caguán.
Este hecho dio pie a la modernización de las Fuerzas Militares a través del Plan Colombia. Con sus recursos, estas se fortalecieron en tecnología, armas y más hombres, que a la postre dieron los golpes más contundentes a las Farc. Así cayeron ‘Raúl Reyes’, ‘Alfonso Cano’ y ‘Jorge Briceño Suárez’, entre otros.
Estos golpes no solo debilitaron militarmente a la guerrilla, sino que incidieron en la moral de la tropa, y explicarían en parte por qué del total de personas que salieron de los grupos armados, 19.929 exintegrantes de las Farc-Ep lo hicieron de manera individual, según el último informe de rendición de cuentas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
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El grupo más grande que siguió ese mismo camino lo integran 36.376 excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en el gobierno de Álvaro Uribe; y 13.394 de las Farc-Ep que se acogieron al acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Otros 4.911 son excombatientes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que lo han hecho de forma individual, y los restantes 581 pertenecen a otros grupos.
Aunque suele incluirse a todas estas personas en un solo bloque, hay diferencias en los procesos que cada una de ellas acomete. Lo que sí tienen en común es que la ARN desde el 2003 los acompaña, asesora y orienta en sus metas y proyectos.
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Esto se da a través de procesos diferentes. El primero es el de reintegración, que está dirigido a personas que se desmovilizaron individual o colectivamente de grupos paramilitares o guerrilleros. Hoy hay alrededor de 25.000 en reintegración que finalizaron su tránsito a la vida civil. De estos, ocho de cada diez permanecen en la legalidad, según la ARN.
El segundo proceso se conoce como de reintegración especial. A diferencia del anterior, este está dirigido a desmovilizados postulados a Justicia y Paz, es decir, excombatientes de las Auc que después de cumplir una pena de cárcel aportan verdad, justicia y reparación y promueven la no repetición. Aproximadamente unos mil están en este proceso.
El tercer grupo se enfoca en personas que hicieron dejación de las armas y tránsito a la legalidad a partir del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos. Son un poco más de 13.000 exguerrilleros con los cuales se hizo una concertación política para un proceso colectivo de reincorporación y brindarles garantías sociales, económicas y la oportunidad de construir un nuevo proyecto de vida.
Para que una persona finalice los procesos de reintegración, reintegración especial y reincorporación debe recorrer un camino gradual. Ese camino gradual lo han emprendido 64.342 hombres y 11.389 mujeres. De 61.653 desmovilizados, 52.352 ingresaron al proceso de reintegración. En el 2019, 852 lo culminaron con éxito, de estos, el 73 por ciento cuenta con formación para el trabajo y 4.951 son acompañados en la Ruta de Reintegración.
Además, al finalizar el 2019, 17.088 excombatientes en proceso de reintegración se habían vinculado laboralmente y 7.715 realizaron más de una acción de formación en el Sena, en empresas privadas e instituciones de formación laboral.
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En materia de reincorporación, 13.202 firmantes del acuerdo de paz con las Farc están acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Al 2019, 869 proyectos productivos fueron aprobados y 27 colectivos, para el beneficio en total de 2.160 personas.
Estos proyectos son variados: agropecuarios, comerciales y turísticos, como producción de cosméticos, café de exportación, artesanías y turismo en antiguas zonas de las Farc. Otros hacen parte de programas de desminado humanitario y algunos están vinculados como escoltas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), o se han formado como guardas de parques naturales.
A la fecha, por los asesinatos de desmovilizados, 142 personas están privadas de la libertad, y 257 más están vinculadas a las investigaciones
Para su ejecución se cuenta con recursos del presupuesto nacional y cooperación internacional. El consejero presidencial Emilio Archila anunció que en el 2021, Colombia contará con 56.000 millones de dólares por parte de la Unión Europea para avanzar con la reincorporación.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de tropiezos y escándalos, uno de ellos, el de las falsas desmovilizaciones, como la del ‘Cacique Nutibara’ de las Auc en noviembre del 2003. Respecto a este episodio, el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, el ‘Alemán’, admitió ante un Tribunal de Justicia y Paz que había sido un montaje para darles beneficios políticos a los jefes de la ‘oficina de Envigado’. Incluso, varios de los 855 supuestos ‘paras’ admitieron que los recogieron poco antes en barrios populares y que les ofrecieron plata y hasta borrarles sus antecedentes criminales.
Pero hoy existe un problema mayor, el asesinato de desmovilizados de las Farc. A la fecha, desde que se firmó el acuerdo de paz han muerto 237, hecho que motivó que una caravana de exFarc viajara desde el Meta hacia Bogotá en la llamada ‘Peregrinación por la vida y la paz’ para hacer visible esa problemática.
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Este no es un problema menor, tanto así que el presidente Iván Duque se reunió con ellos y revalidó los compromisos que previamente había pactado el consejero Emilio Archila, no solo para brindarles mayor seguridad, sino también para continuar con el proceso. “Estoy jugado con la reincorporación”, les dijo Duque a los líderes de la ‘Peregrinación’ en su encuentro con ellos.
El miércoles, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, reveló que, a la fecha, por los asesinatos de desmovilizados, 142 personas están privadas de la libertad, y 257 más están vinculadas a las investigaciones. Se han dictado 53 órdenes de captura contra determinadores (autores intelectuales) y de esas se han hecho efectivas 10. Los jueces han dictado 36 condenas por 39 casos.
El Gobierno Nacional y las autoridades atribuyen la autoría de estos crímenes a las disidencias de las Farc, el Eln y bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, que se disputan los territorios y las rutas del narcotráfico que antes controlaban las Farc.
Según las cifras en conjunto, todos estos grupos suman unos 14.000 hombres. Esto representa otro enorme reto para el Estado colombiano, sacar a más gente de la guerra para no llegar otra vez a los 75.000 que ya dejaron las armas en los últimos 20 años.
El pasado mes de julio, el Gobierno expidió el Decreto 965, que le abrió la puerta al sometimiento individual a la justicia a miembros de bandas criminales como las disidencias de las Farc, ‘los Rastrojos’, el ‘clan del Golfo’ y ‘los Caparros’, pero los resultados todavía no se conocen.
¿Cuánto dura el proceso de reincorporación?
No existe un tiempo límite, pero, a través de cada componente, se espera que puedan fortalecer las capacidades y tener las oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida como cualquier ciudadano.
¿Qué ha sido lo más difícil de superar para estas personas?
La voluntad por parte de ellos existe. Así que más que hablar de “difícil de superar para ellos”, es pertinente decir que el reto más grande que existe es como sociedad; para entender que la construcción de paz en Colombia es un ejercicio que debemos realizar entre todos los actores, y esto incluye ciudadanos; dejar la estigmatización y normalizar las oportunidades para quienes le apostaron a construir un nuevo proyecto de vida desde la legalidad.
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¿A qué se dedican hoy?
Para dar algunas cifras, de los más de 13.000 ex-Farc (del acuerdo de paz), 4.946 desarrollaron una idea de negocio: agropecuario, de confecciones, ganadería, turismo, servicio, cerveza, entre muchos otros. No solo generan ingresos para ellos, sino que empiezan a dinamizar la economía.
¿Hay casos de deserción?
Sí, sin embargo, el nivel de optimismo frente al proceso es significativo. El 77 por ciento ha manifestado sentirse optimista frente al futuro, 3 renunciaron de forma voluntaria, 174 esperan resolver su situación jurídica y 16 tuvieron que dar por cerrado su proceso por temas jurídicos.
CARLOS CAMACHO
REDACCIÓN POLÍTICA