Con la oficialización de varias alianzas entre campesinos y empresarios, este miércoles, en Mesetas, Meta, para comercializar los productos de las comunidades, son ya 538 los acuerdos de este tipo en el país.
Particularmente en Mesetas, los gremios que forman parte de las alianzas son la Federación Colombiana de Cacaoteros (Fedecacao) y el Comité de Ganaderos del Meta. La comercialización será apoyada también por Agrolecheros, Lactomacarena y Carne Agropecuaria de la Gabriela.
Este programa forma parte de las llamadas Alianzas Productivas para la Paz, que se basan en la unión de gremios y comercializadores con campesinos de antiguas zonas de conflicto para ayudarlos a hacer rentable su actividad agropecuaria, históricamente disminuida por los problemas de infraestructura que les han impedido llegar al mercado con precios competitivos.
En todo el Meta, las alianzas incluyen a 1.506 familias de Mesetas, Macarena, Lejanías, Mapiripán, Puerto Lleras, Puerto Rico, Sanjuanito, Vista Hermosa, Cubarral, El Castillo, El Dorado y Fuente de Oro.
Según el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, ya son 29.500 las familias campesinas que forman parte de las Alianzas para la Paz, un programa en el que, dice, han sido invertidos 245.000 millones de pesos. Existe hoy en 31 departamentos.
“Este es el trabajo más bonito que tiene el Ministerio de Agricultura, y por eso quiero que se convierta en política pública”, afirma Zuluaga, quien asegura que la acogida de los empresarios ha sido “muy buena”. Precisamente, este jueves se reunirá en Santa Marta con algunos para lograr una alianza que absorba la producción de yuca.
En todos los casos, los campesinos son propietarios de las tierras.
En el Meta, las alianzas abarcan 13 proyectos de ganadería para leche y carne, cuatro proyectos de cultivo de cacao, dos de cultivo de plátano, uno de fríjol y otro de maracuyá. Requieren una inversión de 35.000 millones de pesos, de los cuales 8.785 millones son puestos por Ministerio de Agricultura.
Miguel Encizo, presidente de Asocuba, una asociación de pequeños cacaoteros de Cubarral, Meta, dice que mediante las alianzas con los empresarios piensan incrementar la producción y la comercialización de este producto en un 40 por ciento.
En la actualidad comercializan 300.000 kilos de cacao a través de la Federación Nacional de Chocolates, Chocolates Andina y Luker.
Y con las alianzas facilitadas por el Ministerio de Agricultura, cuenta Encizo, reciben 680 millones de pesos para los cultivos de 53 afiliados de Asocuba, y otros 620 millones de pesos para 26 campesinos que trabajan en el municipio de El Castillo.
Esa asociación de cacaoteros es la más grande de la región, con 190 afiliados. Asocuba tiene 14 años de existencia y ahora está exportando a Italia y Suiza. “Tenemos un pedido de 3.000 kilos de cacao de aroma y sabor fino para Alemania”, agrega Encizo.
La ayuda económica de las alianzas les servirá también para la logística de la cosecha de cacao, siembras nuevas y fertilización de los plantíos. El 99 por ciento de los productores de esa asociación son propietarios de la tierra.
“Las alianzas ayudan mucho porque los empresarios compran directamente los productos o buscan salidas para su comercialización, que es el cuello de botella para el campo”, enfatiza Encizo.
Por su lado, Andrés Felipe Calderón, representante de Alquería, una de las compañías con alianzas en el Meta, dice que la empresa ayudará a cerca de 10 asociaciones de campesinos a que ingresen al mercado formal. De los 450.000 litros diarios de leche que produce ese departamento, solo 120.000 están en la formalidad.
“Se busca garantizar la estabilidad en la compra y los pagos, ya que en el campo los precios no son estables”, afirma Calderón, y añade que Alquería compra 60.000 litros diarios de ese mercado formal, pero la expectativa con estas alianzas es llegar a los 150.000 litros.
Según el Ministerio de Agricultura,
Los empresarios del país podrán pagar parte de sus impuestos mediante la ejecución de obras de importancia social en las zonas más afectadas por el conflicto.
Así quedó planteado en el decreto que establece las obras por impuestos (OXI), el cual fue firmado este miércoles por el presidente Juan Manuel Santos, en compañía de directivos de las más importantes empresas del país.
Según Rafael Pardo, alto consejero presidencial para el Posconflicto, la OXI es una metodología que permite a las empresas utilizar “hasta el 50 por ciento de la obligación tributaria en un año” para hacer obras en las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac), que son 344 municipios.
El decreto limita la inversión a proyectos para el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud, educación pública y la construcción o reparación de infraestructura vial.
También quedó establecido que a esta figura solo podrán acudir las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 1.071 millones de pesos en 2017.
Además de esto, Santos aseguró este miércoles que las OXI tendrán dos modalidades. La primera es para inversiones por un monto de hasta el 50 por ciento del impuesto de renta a cargo de una vigencia, para la ejecución de proyectos viabilizados y prioritarios de trascendencia social.
El segundo es para los casos en los que los proyectos de infraestructura superen el 50 por ciento del impuesto a cargo, lo que les permitirá a los contribuyentes hacer uso de un descuento en el pago del tributo.
Para poder financiar con impuestos el proyecto, el interesado debe seleccionar una iniciativa y registrarla en la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de mantener actualizado el banco de proyectos de inversión en las Zomac. Claro que también puede elegir una obra previamente registrada en ese banco.
Una vez cumplido este paso, deberá presentar la solicitud indicando cuál es el trabajo que pretende realizar y la modalidad de pago a la que piensa acudir. Además, deberá constituir una fiducia y depositar el valor de los impuestos, y, finalmente, ejecutar la obra.
REDACCIÓN PAZ
EL TIEMPO
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