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La propuesta de Gaviria para ir desactivando los conflictos
César Gaviria

Expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria.

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Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La propuesta de Gaviria para ir desactivando los conflictos

Dice que es importante permitir cerrar completamente el conflicto en la zona rural.

El expresidente César Gaviria dio a conocer este martes un nuevo escrito suyo que denominó 'Documento sobre la finalización del proceso de paz', en el que advierte  que no permitir cerrar completamente el conflicto en nuestras zonas rurales, no solo conduce a que se siga aumentando el número de víctimas entre líderes sociales, sino también de otro grupo de colombianos que también hacen parte de ellos.

Pero también le lanzó pullas al Gobierno por el manejo que le ha dado al asunto.

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Para Gaviria, la manera de avanzar en ese proceso sería que el fiscal general de la Nación acuda al artículo del Acuerdo de Paz que permite que los terceros civiles que hayan sido objeto de “coacciones”, estén exentos de responsabilidad, salvo que hayan tenido un papel determinante en la comisión de crímenes no amnistiables.

Pero el expresidente asegura que el gobierno mantiene un doble lenguaje que es muy desafortunado, en unos escenarios reafirma su compromiso de cumplir con lo acordado y la canciller le quiere echar la culpa de las lamentables muertes de las protestas al proceso de paz. Para el expresidente, "una cosa es hacer críticas al proceso y otra muy distinta echarle al proceso la culpa de los muertos".

"En Washington, la canciller, logró hacer algunas visitas que parecieron acertadas, y que tienen más que ver con un retroceso de su muy desafortunada intervención en contra de la visita de la CIDH. Pero el daño que hizo su artículo en Europa es descomunal. No sé cuál gobierno o ONG le va a aceptar o patrocinar semejante desatino". señaló Gaviria.

Este es el documento del expresidente

DOCUMENTO SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAZ, EXPRESIDENTE
CESAR GAVIRIA TRUJILLO. DIRECTOR PARTIDO LIBERAL.

En una Conferencia con el diario El País de España hace algunos años, manifesté la
importancia de lograr que todos los protagonistas de la guerra que tuvo el Estado Colombiano con las FARC se acogieran al proceso de paz. La exclusión de los terceros no combatientes del sistema de justicia transicional fue en parte una falla del gobierno anterior, así como del esfuerzo que hicieron varios funcionarios y dirigentes políticos para convencer a los civiles de permanecer en la Justicia Ordinaria.

Ese fue un pésimo consejo, ya que, en esa jurisdicción, la Corte Suprema y los jueces, han actuado con la severidad debida con todo aquel que pretenda hacer justicia por mano propia, o haya acudido a las armas en los conflictos rurales que quedaron vivos en Colombia después  de la desmovilización de las FARC, sin posibilidad de ofrecer verdad, reparar y, por tanto, no obtener los beneficios penales. Eso lo que hace es dejar todos los conflictos vigentes. No permitir cerrar completamente el conflicto en nuestras zonas rurales, no solo conduce a que se siga aumentando el número de víctimas entre líderes sociales, sino también de otro grupo de colombianos que también hacen parte de ellos.

Tanto en el Acuerdo de Paz, como en las normas constitucionales y legales de implementación, tan solo se abrió la puerta, sin que se haya desarrollado el camino para que los terceros civiles vayan voluntariamente a la JEP. Se les aplicaría por analogía la vía para los agentes del estado con unas pocas reglas especiales.

La manera de avanzar en ese proceso sería que el fiscal general de la Nación acuda al artículo del Acuerdo de Paz que permite que los terceros civiles que hayan sido objeto de “coacciones”, estén exentos de responsabilidad, salvo que hayan tenido un papel
determinante en la comisión de crímenes no amnistiables.

Hay miles de procesos en esa entidad que mantienen a muchas personas y empresas en una indefinición injusta. La Fiscalía debe determinar quiénes fueron realmente víctimas de la extorsión, y no patrocinadores de organizaciones armadas, para ello no debe esperar que se lo soliciten, sino que debe impulsar los procesos para cerrarlos. Los que tengan responsabilidad penal deberían acudir al sistema de justicia transicional.

Desde luego todas esas personas deberían asistir a La Comisión de la Verdad, a dar una versión de los problemas por resolver, y eventualmente por la vía de las normas del Acuerdo, hacer un esfuerzo conjunto entre empresarios y los instrumentos sobre tierras del Acuerdo, para avanzar por el camino de ir desactivando los conflictos.

Si esto no se hace, la violencia en el campo continuará, o aún puede empeorar, como lo hemos observado en las masacres que han ocurrido a lo largo de los últimos dos años. Creo que la discusión no puede centrarse exclusivamente en si el gobierno ha cumplido o no los acuerdos de paz, en lo cual ha habido tanto cumplimientos como incumplimientos.

El gobierno mantiene un doble lenguaje que es muy desafortunado, en unos escenarios reafirma su compromiso de cumplir con lo acordado, y la señora canciller le quiere echar la culpa de las lamentables muertes de las protestas al proceso de paz. ¿Si será esto coherente?

La muy desafortunada publicación del artículo de la vicepresidente canciller, atribuyéndole las pérdidas de vidas durante las protestas al proceso de paz, destruye de un tajo los esfuerzos de la administración por demostrar que si ha cumplido el acuerdo. Es más bien que dejo sin política al gobierno. No sé cómo van a contestar de ahora adelante. Pero una cosa es hacer críticas al proceso y otra muy distinta echarle al proceso la culpa de los muertos.

En Washington, la canciller, logró hacer algunas visitas que parecieron acertadas, y que
tienen más que ver con un retroceso de su muy desafortunada intervención en contra de la visita de la CIDH. Pero el daño que hizo su artículo en Europa es descomunal. No sé cuál gobierno o ONG le va a aceptar o patrocinar semejante desatino.

Su confusa actitud frente a la visita de la CIDH, a la que ya se habían informado a los
negociadores al comité del paro, ha debido ser corregida inmediatamente antes de que Colombia sufriera los más violentos ataques a todo lo ancho del globo, por un anuncio tan desafortunado. Ella debe saber que sus obligaciones como canciller deben prevalecer a sus insensatas ideas como columnista.

Espero que el Embajador Ordoñez tenga instrucciones precisas, y no vaya a repetir lo mismo que su compañera de gobierno, porque su conocida posición contra la CIDH y contra el acuerdo de paz, atribuyéndole los muertos durante el paro, no hace sino daño en las actuales circunstancias. Es imposible creer que entre las ONG haya un gran entusiasmo en contra del proceso de paz.

La desautorización de la canciller ante el presidente y los negociadores, después de que ya habían anunciado en la reunión del preacuerdo la decisión de invitar a la CIDH, no tenía precedentes de descoordinación ejecutiva en nuestro país.

En el orden interno no hay tema que le duela más a los sectores contestatarios que el de la paz. Por fortuna, el presidente respaldó al consejero Archila, luego del desatino del secretario de la Presidencia, de pedir la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reconocer que las curules para las víctimas se habían aprobado en el Congreso de la República. Oponerse a ello, después de la decisión judicial, significaba un portazo definitivo al acuerdo.

Es muy fácil decir en Bogotá que uno no gusta del proceso de paz. Pero otra es la situación de los sectores que sí sufrieron la violencia, y que tienen la expectativa del cumplimiento de los acuerdos con gran esperanza. El gobierno comete un grave error de no corregir definitivamente esa situación que no hace sino agudizar los graves problemas que ya tiene tanto de orden nacional como internacional.

César Gaviria Trujillo
Expresidente de Colombia
Director Partido Liberal
15 de junio de 2021

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