Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior del Gobierno de Iván Duque, fue la encargada de presentar el proyecto que busca prorrogar y hacer algunas modificaciones a la Ley 418 de 1997, o Ley de Orden Público.
EL TIEMPO le cuenta cuáles son los aspectos más importantes de dicha norma y los cambios que se quieren instaurar.
El 18 de diciembre de este año se vencerán las prórrogas y modificaciones hechas a la Ley 418 de 1997. Por esta razón se presentó un proyecto para que la norma sea prorrogada por otros cuatro años, algo que según la ministra Gutiérrez “se debe hacer en cada gobierno”.
Hasta ahora, la 418 ha sido prorrogada y modificada en varias oportunidades: ley 548 de 1999, ley 782 de 2002, ley 1106 de 2006, ley 1421 de 2010, ley 1738 de 2014, ley 1779 de 2016 y decreto de ley 900 de 2017.
La 418 "da herramientas para garantizar el orden público en todo el territorio nacional".
Cortesía de la Defensoría del Pueblo
En el texto radicado por la ministra Gutiérrez en el Congreso se aseguró que la norma tiene dos “aspectos fundamentales”.
Primero, “establece los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación”; y segundo, “brinda instrumentos para el fortalecimiento institucional en diversas áreas, como la seguridad ciudadana y la preservación del orden público”.
En resumen, la Ley le da al Presidente de la República facultades para “adelantar procesos de paz y da herramientas para garantizar el orden público en todo el territorio nacional”.
Uno de los cambios importantes que se proponen es para el artículo 6 de la Ley de Orden Público, en el que se sugiere que las zonas más afectadas por la criminalidad sean declaradas como estratégicas para intervención”.
La idea es que en esos sectores se lleven a cabo “planes especiales de fortalecimiento del Estado de derecho, prioridad para la prestación de servicios sociales y medidas reforzadas de protección a la población”.
Al artículo 8 también se le propone un cambio, más exactamente en su parágrafo 1. En él se hace énfasis en que sea el Consejo de Seguridad Nacional el que determine cuando una organización será considerada como grupo armado al margen de la ley.
La intención de esto, se manifestó en el texto, es para que el Gobierno “pueda examinar la posibilidad de decidir si adelanta diálogos conducentes a acuerdos para la desmovilización, desarme y reintegración del grupo”.
Nancy Patricia Gutiérrez, actual ministra del Interior.
Carlos Ortega / EL TIEMPO
Son 4 los artículos que se proponen adicionar a la 418. Primero, que el Consejo de Seguridad Nacional establezca los “requisitos para entrar a un dialogo que conduzca a acuerdos de desmovilización, desarme y reintegración de un grupo armado organizado al margen de la ley”.
Segundo, que se desarrolle un el centro de coordinación contra las finanzas de organizaciones de delito transnacional y terrorismo. Esto con el fin de “garantizar un efectivo desmantelamiento de las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas”.
Tercero, que se cree un registro nacional de identificación balística para que todas las armas de los grupos armados sean reconocidas.
Y cuarto, que el Gobierno reglamente todo lo relacionado con el uso de “inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas”.
Entre las modificaciones que se proponen para la norma hay una busca que el Consejo de Seguridad Nacional determine cuando una organización será considerada como grupo armado al margen de la ley.
Eliana Aponte / Archivo EL TIEMPO
Finalmente, el proyecto presentando por la ministra Gutiérrez propone crear un título nuevo dentro de la Ley.
Se denominaría ‘Fondo para la construcción de la legalidad y equidad de los territorios’ y contendría 6 artículos.
Ese fondo serviría para “financiar los planes, programas y estrategias integrales del Estado en los territorios que estén encaminados a la consecución de condiciones que promuevan y transformen socialmente los territorios afectados por la violencia y la criminalidad”.
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