Este martes, luego de que en el Senado de Estados Unidos se adelantara una audiencia para evaluar la estrategia antidrogas de Colombia, en la cual predominaron las críticas a la acción del país en esta materia, el Gobierno salió a defender el avance en el cumplimiento de las metas que se propuso para este año: la erradicación de 100.000 hectáreas.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, resaltó que “la Fuerza Pública ha cumplido el 62 por ciento de la meta de 50.000 hectáreas erradicadas (de manera forzada) este año”.
En este punto, dijo Villegas, “estamos con una alta probabilidad de cumplir nuestra meta en el tiempo previsto”.
Para el Gobierno, la erradicación forzosa de las siembras ilegales, tarea en la cual trabajan 8.000 uniformados, es complementada con la sustitución voluntaria de otras 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
En total, la cifra estimada de cultivos de coca en el país, para el 2016, estuvo entre 145.000 y 150.000 hectáreas. Un crecimiento de cerca del 50 por ciento, con respecto al 2015, que alarmó a las autoridades.
Sin embargo, para el Gobierno estadounidense la erradicación forzada y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es “contradictoria” para cumplir con esas metas, según dijo este martes William Brownfield, el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos de Narcotráfico Internacional.
El Gobierno, en el balance presentado este martes luego de la reunión semanal del gabinete del posconflicto, defendió esta estrategia con esas dos vías de acción.
La sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, contemplada en el acuerdo de paz de La Habana con las Farc, dijo el vicepresidente, Óscar Naranjo, “es el camino que por primera vez tiene Colombia después de 30 años de enfrentar este fenómeno”.
Esta estrategia, de acuerdo con Naranjo, permitirá “sustituir los cultivos con una presencia permanente del Estado, acompañando a miles de familias campesinas que en el pasado estuvieron condenadas a esa siembra como resultado de la confrontación”.
Al respecto, el consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, destacó como avance en este proceso la suscripción de acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con alrededor de 105.000 familias.
Pardo explicó que “esas familias se comprometieron a no reincidir o tener relación en las actividades con la producción de coca”.
Con esta estrategia se tiene previsto que esas familias reciban durante 12 meses un pago, a cambio de destruir las siembras ilegales.
Una vez se da el primer pago a esas familias, dijo Pardo, se empieza a verificar que hayan derribado los cultivos de coca. De esta manera el Gobierno ya tiene vinculados en la sustitución voluntaria a 7.581 familias, que dicen cultivar 6.313 hectáreas.
Precisamente, el subsecretario Brownfield puso en duda la capacidad del Estado para vigilar que la sustitución se haga realidad, dado el número de acuerdos suscritos con cultivadores.
Frente a este punto, el consejero Pardo afirmó que cada hectárea vinculada es monitoreada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país, que determinará cuánto se ha erradicado voluntariamente.
REDACCIÓN PAZ