Gobierno y oposición evalúan desarrollo del acuerdo de paz

Gobierno y oposición evalúan desarrollo del acuerdo de paz

El Ejecutivo destaca los avances, pero opositores dicen que aún hay mucho por trabajar.

Entrada pueblo de las Farc

Héctor Ramírez se llama el pueblo fundado por excombatientes de las Farc en La Montañita (Caquetá). Allí viven cerca de 200 personas.

Foto:

Javier Forero/ EL TIEMPO

Por: Política
09 de agosto 2019 , 08:06 p.m.

Uno de los principales retos que tiene Iván Duque como presidente es la implementación de los acuerdos de paz que hizo el pasado gobierno con la guerrilla de las Farc.

A un año de su llegada a la Presidencia de la República, Duque ha manifestado en diferentes ocasiones que su gobierno está comprometido con el proceso de paz. Sin embargo, algunos sectores no están convencidos de que así sea.

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) presentó ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), del que hacen parte el Gobierno y las Farc, los avances de este año.

Por ejemplo, desde el Gobierno resaltan que se pasó de 2 a 29 proyectos productivos, lo que representa una inversión de 21.335 millones de pesos y vincula a 1.934 desmovilizados.

De igual forma, se han invertido 9.300 millones de pesos para 17 nuevas iniciativas para el beneficio de los excombatientes, que en total son 10.415 excombatientes que están en todo el país, siendo Meta, Antioquia y Cauca donde mayor número viven.

Una de las grandes apuestas del gobierno para la implementación son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De hecho, según el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, se han invertido más de 856 mil millones de pesos en estas otras.

Estos trabajos consisten en obras de infraestructura en las veredas de los municipios, como vías terciarias, placas deportivas, casetas comunitarias, paneles solares, parques infantiles, entre otros trabajos.

“De las 658 Obras PDET que se han construido, 450 han sido en el gobierno del presidente Duque”, afirmó Archila.

Según el consejero, estos proyectos son claves para transformar “la calidad de vida de estos municipios que son los más afectados por la violencia, pobreza, presencia de cultivos de uso ilícito y ausencia estatal”.

Para Archila, “los PDET son el proceso participativo más grande que se ha dado en el mundo, y debe ser un orgullo para Colombia que quienes conforman los territorios más afectados por la pobreza y la violencia, sea quienes se comprometan en el largo plazo a llevarlo a cabo”.

La plata de la paz para el 2020

Para cumplir con la implementación de los acuerdos de paz, en el presupuesto del 2020 el Gobierno destinó 9,8 billones de pesos.

Esto, según el Gobierno, es consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual quedó establecido que los recursos para la paz en este cuatrienio son de 1,7 billones de pesos.

Los recursos para la implementación de los acuerdos están distribuidos en reforma rural, con 7,3 billones, solución al problema de las drogas, con 1,34 billones, víctimas del conflicto, con 645.000 millones, fin del conflicto, $371.900 millones, implementación, verificación y refrendación, con 53.800 millones, y participación en política, con 14.000 millones de pesos.

A estos recursos se suman los 1,7 billones del OCAD Paz destinados para financiar los proyectos que beneficien a los municipios del PDET.

¿Disminuye presupuesto para la paz?

Otra visión fue la que mostraron desde sectores independientes y de oposición en el Congreso. Si bien se reconocen avances, el balance de la implementación de lo pactado en La Habana durante el primer año del gobierno Duque pone en evidencian profundos vacíos en el trabajo hecho hasta el momento.

Como lo ha señalado el Profesor John Paul Lederach, del Instituto Kroc, el 50 por ciento de los países vuelven a la guerra durante los primeros cinco años después de la firma de un acuerdo de paz.

El informe, liderado por la representante Juanita Goebertus y presentado por congresistas de distintas tendencias política, deja ver que, por ejemplo, el 57 por ciento de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámite en el Congreso de la República.

El componente más atrasado desde el punto de vista normativo es el que tiene que ver con el desarrollo rural integral. Pero en este aspecto hay algo más preocupante: apenas se ha avanzado en el 8,7 por ciento en el acceso y formalización de la tierra pactado en La Habana.

“En el primer año del Gobierno Duque se ha generado acceso y formalizado un total de 73.465 hectáreas de pequeña y mediana propiedad. Esto representa el 8,7 por ciento de lo que deberíamos estar haciendo al año para poder cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de dotar y formalizar 10 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras. Y eso partiendo de un plazo total de 12 años, cuando en realidad el Acuerdo habla de 10 años para formalización”, indica el informe.

Además, se reduce el presupuesto de las principales entidades encargadas de llevar a cabo la transformación de los territorios más afectados por la guerra.

Según el proyecto de presupuesto 2020 la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19 por ciento, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13 por ciento, la Agencia de Renovación Territorial del 10 por ciento y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7 por ciento.

“Si bien desde el inicio del Gobierno Duque han sido aprobados 223 proyectos productivos (entre colectivos e individuales) beneficiando a 717 personas en proceso de reincorporación, la realidad es que a pesar de esos esfuerzos el 83 por ciento de los excombatientes objeto del proceso de reincorporación (13.018), siguen sin hacer parte de ningún proyecto productivo (público o financiado por cooperación internacional) que les permita avanzar en su proceso de reincorporación económica”, evidencia el documento.

En lo que tiene que ver con reparación a víctimas el panorama tampoco es el mejor. En el país son sujetos de reparación o atención 7.155.469 personas. Desde la puesta en marcha de la política, el país solo ha avanzado en la reparación de 898.540 personas, poco más del 12 por ciento del universo total.

“Al paso que vamos nos vamos demorar 62 años en repararlos a todos. En medio de este panorama, que es muy grave, es increíble que en el primer año del Gobierno de Iván Duque solamente se hayan reparado cerca de 44 mil, menos de la mitad de la media anual que se llevaba antes”, expresó el representante José Daniel López, de Cambio Radical.

Otra de las falencias la señaló el representante liberal Carlos Ardila, quien explicó que “de las 99.097 familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el 94 por ciento cumplió con la erradicación concertada, y sin embargo tan sólo el 0,7 por ciento de dichas familias tuvo la posibilidad de acceder a proyecto productivos. Sólo el 36 por ciento de esas familias recibió asistencia técnica agropecuaria y el 62 por ciento de dichas familias recibió asistencia alimentaria”.

Los firmantes del informe son los congresistas Juanita Goebertus Estrada, Partido Alianza Verde; José Daniel López, Partido Cambio Radical; Carlos Ardila, Partido Liberal; David Racero, Movimiento Decentes; John Jairo Cárdenas, Partido de La U; Wilmer Leal, Partido Alianza Verde; David Pulido, Partido Cambio Radical; Harry González, Partido Liberal; Catalina Ortiz, Partido Alianza Verde; John Jairo Hoyos, Partido de La U; Roy Barreras, Partido de La U; Angélica Lozano, Partido Alianza Verde; Temístocles Ortega, Cambio Radical; Iván Cepeda, Polo; Luis Fernando Velasco, Partido Liberal; María José Pizarro, Movimiento Decentes; Katherine Miranda, Alianza Verde, Neyla Ruiz, Alianza Verde; León Freddy Muñoz, Alianza Verde y Mauricio Toro, Alianza Verde.

POLÍTICA

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