Muy lejos del debate político de Bogotá, en las zonas donde se viven los hechos del proceso de paz con las Farc, son evidentes los retrasos en el cronograma de implementación de los acuerdos de La Habana.
A orillas del río Arquía, donde está uno de los campamentos de las Farc con mayor avance en la construcción de los alojamientos, en los que guerrilleros harán su tránsito a la vida civil, todavía se ven esqueletos de habitaciones a la espera de los techos de zinc y de paredes.
Esas estructuras a medio hacer, en los límites de Chocó y Antioquia, dan cuenta de lo difícil que ha sido construir la infraestructura en los sitios donde las Farc deben hacer su desarme definitivo a finales de mayo.
Pero, paradójicamente, es allí, y en el resto de las zonas donde los guerrilleros alistan su crucial cambio de vida, donde el fin de la guerra es más tangible.
En Vidrí, un distante caserío junto al río Arquía, y donde hace apenas dos años militares y guerrilleros protagonizaban duros enfrentamientos, ahora ellos trabajan juntos para hacer realidad la desaparición de las Farc como grupo armado. Tienen el apoyo de policías y campesinos.
A veces es posible distinguir a unos de otros por los uniformes, pero cuando están en ropa de trabajo todos se confunden. Es necesario incomodarlos con la pregunta de si está uno frente a alguien del Ejército, de las Farc o de la Policía. Hasta en su diversidad racial son parecidos.
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En sintonía con los nuevos tiempos, el general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, cuenta que, con ayuda de información que tienen las Farc, el Ejército está asegurando las rutas por donde eventualmente podrían entrar a Vidrí bandas criminales o guerrilleros del Eln. Además, delimita los puntos minados.
Militares y policías permanecen a no más de dos kilómetros –a unos 15 minutos en lancha– del campamento para el desarme de las Farc, donde hasta ahora solo están alojados 31 guerrilleros del frente ‘Aureliano Rodríguez’. Cuidan que nada perturbe la seguridad de sus antiguos enemigos.
En esa vereda que pertenece al municipio antioqueño de Vigía del Fuerte, pero que tiene alma chocoana, no ha terminado siquiera la concentración de las tropas guerrilleras para el desarme, porque no hay aún suficientes albergues para los otros 176 integrantes del frente 34 que deben instalarse en el campamento.
Pero a pesar del debate político que todo esto provoca en Bogotá, ese no es tema para militares, policías y guerrilleros, que saben lo que significa llevar cualquier cosa hasta un lugar al que solo puede llegarse desde Quibdó (Chocó) o Turbo (Antioquia) tras una travesía de hasta 10 horas en lanchas de varios tipos.
“Es que aquí todo es extremo, y hay una cooperación permanente que nos beneficia a todos”. Lo dice el general Moreno.
“Se necesita un motor grande (de unos 200 caballos de fuerza) para viajar por el río Atrato desde Quibdó hasta Tagachí, y uno menor, como de 40, para meterse luego por el río Arquía. Y si el caudal no sube, tiene que ser un motor más pequeño para que no pegue con las piedras”, explica.
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Mientras menos potente es la lancha, más tiempo toma el viaje y menos carga puede llevar. Pero también, mientras más grande es, más combustible gasta, y no es fácil tampoco abastecerla. Un motor de 200 caballos de fuerza consume 18 galones por hora.
Esas dificultades son parte de la razón para que esa zona de desarme no esté lista. Es cierto que los mismos jefes guerrilleros, pensando en su seguridad, eligieron para agruparse lugares remotos como Vidrí, a los que no es fácil llevar los materiales para construir y adecuar los alojamientos.
Es cierto, también, que los contratistas han parado obras porque no les llega a tiempo el dinero del Gobierno.
“Aquí –cuenta Nilson Vélez, un guerrillero del frente 34 que tiene 33 años y lleva 18 en las Farc– la construcción de los alojamientos está paralizada hace 15 días porque no llegan ni zinc ni tablas ni paredes. Si tuviéramos materiales, en 20 días terminaríamos de construir, porque somos los más interesados en que comience la cedulación, la preparación para saber cómo va a ser la vida civil”.
Él, sin embargo, no le echa la culpa al contratista ni al Gobierno. Sabe que todo en esos apartados caseríos “es muy difícil”.
Lo dice mientras enseña uno de los alojamientos que ya están listos. Allí, sobre una cama, se ven un brasier y un panti negros al lado de un fusil M-16. Pertenecen a una guerrillera de 21 años que se alista ahí con su pareja para el desarme.
El fusil no ha sido todavía registrado por la misión de la ONU, afirma un guerrillero que se asoma al alojamiento.
Por lo menos en Vidrí, todo muestra que en los territorios donde las Farc harán el paso de guerrilla a partido político nada ocurre como se espera en Bogotá. Y que, tanto las Farc como el Gobierno y Naciones Unidas, tienen razón cuando explican los retrasos en la adecuación de las zonas de desarme y en el registro de las armas.
En medio de esta situación, el general Mauricio Moreno define el comportamiento de los campesinos de la zona como “impecable”.
Tanto en Vidrí, como en Brisas –donde hay otro campamento de desarme en Chocó–, los guerrilleros están asentados en sitios que hacen parte de los territorios colectivos de las comunidades afro. Algo más de 7.200 familias son las propietarias de 695.000 hectáreas en el medio Atrato.
“El Gobierno y las Farc escogieron este sitio, y como nosotros hemos apoyado el diálogo para terminar el conflicto, aceptamos. Pero pedimos que todo se haga en concertación con las comunidades”, dijo el jueves en Vidrí Alexánder Rodríguez, líder de la organización que agrupa a los consejos comunitarios.
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Lo dijo ante los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; de Salud, Alejandro Gaviria; del secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez; el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y del jefe guerrillero ‘Pastor Alape’.
La propiedad colectiva de la tierra en esa zona es un hecho contundente contra el temor a la conformación de ‘repúblicas independientes’ en los lugares donde están hoy las Farc, expresado esta semana por un grupo de generales retirados y del que de inmediato hizo eco el uribismo.
Además, no hay que olvidar que en varios de los sitios donde hoy están concentradas las tropas guerrilleras, comparten el territorio con sus víctimas.
Fue, por ejemplo, en el Chocó, donde las Farc provocaron una de las peores tragedias en su historia de guerra: la muerte de 119 personas en la iglesia de Bojayá por la explosión de un cilindro bomba.
Y es precisamente el representante de las familias de esos muertos, Leiner Palacios, quien dice:
“En nuestros territorios las decisiones no las van a tomar las Farc. La gobernabilidad la vamos a ejercer las comunidades, porque somos las dueñas de los territorios. Y las Farc tienen que someterse a nuestros reglamentos”.
Los territorios, como se ha dicho con insistencia, son el corazón del proceso de paz, y es en ellos donde, a pesar de todas las dificultades, se están viviendo ya los nuevos tiempos que le trae a Colombia el fin de la guerra con las Farc. Esto, mientras en Bogotá toda esa realidad es invisibilizada, con frecuencia, por el ruido político.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter:@MarisolGmezG