Medioambiente, víctima en la estrategia subversiva del Eln

A la mesa de conversaciones que se instala en Quito este jueves llega la guerrilla que ha atacado de forma sistemática la infraestructura petrolera colombiana, con graves daños para el medioambiente.

Así lo demuestran no solamente las estadísticas, sino también las recientes imputaciones de la Fiscalía General de la Nación contra la cúpula del Eln. Por los ataques contra el sector de hidrocarburos, el Comando Central (Coce) de esta guerrilla fue acusado, entre otros delitos, por destrucción al medioambiente.

La macroimputación y orden de captura a miembros del Coce, anunciada por la Fiscalía el pasado 29 de agosto, recoge en particular los ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas entre 2011 y 2016. Pero la responsabilidad del Eln por crímenes ecológicos es casi tan antigua como la guerrilla misma.

Estos ataques serán uno de los temas gruesos en la discusión que comienza para terminar el conflicto con la segunda guerrilla más antigua y numerosa del país, acentuado por el discurso político que ha sostenido para atentar contra la industria petrolera.

Así lo explica Carlos Medina Gallego, profesor e investigador de la Universidad Nacional y autor de varios libros sobre el Eln: “La postura en relación con los recursos energéticos, la minería y el medioambiente es un punto fuerte del Eln, es lo que más han trabajado”.

En septiembre pasado varios ambientalistas escribieron en una carta –en la que además se ofrecían como garantes en el proceso- que en el conflicto armado “es innegable que también ha sido víctima la naturaleza, la estabilidad de los socioecosistemas, lo que ya está arruinando nuestro presente y el futuro de las generaciones por venir”.

El veterano jefe guerrillero alias Pablo Beltrán, ahora jefe de la delegación de negociadores del Eln, respondió la misiva: “Valoramos su oferta de ser garantes de esta mesa de conversaciones, para desde ella hacer una construcción entre todos, de una Agenda de transición y paz social, en la que, entre otros asuntos significativos, esté integrado el problema socioambiental”.

En Colombia se han derramado 4,1 millones de barriles de crudo desde 1986, la tercera parte de lo que expulsaron buques iraquíes durante uno de los mayores derrames en la historia, en la Guerra del Golfo, y 9 veces lo derramado por el buque Prestige en las costas de Galicia, España, en 2002.

Estos derrames afectan a los ecosistemas de varias maneras: las aves impregnadas de petróleo no pueden volar, pero pueden morir envenenadas por ingerir hidrocarburos. El crudo impide la fotosíntesis de las plantas acuáticas y altera la cadena alimenticia en el ecosistema. También obstruye las vías respiratorias de los peces, asfixia a los organismos rastreros y especies botánicas del lecho subacuático, quema la vegetación en tierra e impide el crecimiento de nuevas plantas.

Según la Asociación Colombiana del Petróleo, “en el mejor de los casos, las zonas afectadas (por derrame de petróleo) necesitarán entre 15 y 20 años para recuperar la vegetación, cuerpos de agua, y la flora y fauna de sus territorios”. Y ese tiempo depende, en todo caso, de la magnitud de cada derrame.

La Fiscalía imputó cargos por 136 hechos, pero lleva un registro de al menos 1.317 atentados desde 1986. Los daños ambientales de estos ataques, según estimativos de la misma entidad, pueden cuantificarse en 73 billones de pesos. Se habla de unos 151 millones de galones derramados por el Eln, muchas veces sobre zonas de cultivo y cuerpos de agua, especialmente en Arauca.

En 1965, año en el que se dan a conocer como guerrilla tras la toma de Simacota (Santander), el Eln atacó por primera vez un oleoducto. Este atentado fue cerca de Barrancabermeja y el oleoducto pertenecía a la multinacional Cities Services Intercol. Desde entonces, la guerrilla ya demandaba nacionalizar la explotación de los recursos naturales del país.

Dos décadas después inició operaciones el oleoducto Caño Limón-Coveñas, tras el hallazgo de la multinacional Occidental Petroleum de yacimientos petroleros en Caño Limón y Cravo Norte, Arauca. La producción de crudo colombiana creció 41,5 por ciento y Colombia dejó de importar crudo.

La Fundación Ideas para la Paz ha explicado en sus informes que detrás de los ataques del Eln a oleoductos hay un objetivo, además de económico, político. Entre 1986 y 1989 la guerrilla definió como estrategia de guerra “el ataque a los pilares de la economía nacional, tomando como objetivo militar la industria petrolera, la eléctrica y de transporte”, según quedó consignado en sus documentos de la época.

Las consecuencias no han sido solamente económicas y políticas. Como explica el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, en ocasiones los crímenes ambientales fueron también crímenes de lesa humanidad.

El caso que dimensiona esta afirmación de forma más elocuente el atentado contra el Oleoducto Central en su paso Machuca, corregimiento de Segovia (Antioquia). En la madrugada del 18 de octubre de 1998, guerrilleros del Frente José Antonio Galán dinamitaron la estructura y provocaron un incendio que dejó 45 casas del caserío destruidas, 22.000 barriles de crudo derramados y 84 personas muertas.

En 2015, según datos del Ministerio de Defensa, ocurrieron 80 ataques contra oleoductos. En lo corrido de 2016, van 37, según información de Ecopetrol. De estos, 32 han sido contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, distribuidos así: 15 en Norte de Santander, 14 en Arauca, 2 en Boyacá y uno más en Cesar.

Como señala Manuel Rodríguez, estos ataques no solo tienen consecuencias ambientales para Colombia. También Venezuela se ve afectada, pues no son pocas las fuentes hídricas del Catatumbo –en Norte de Santander– que desembocan en territorio del país vecino.

Por otro lado, la Dijín de la Policía registra, hasta septiembre de este año, 3.137 delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Estos son: caza y pesca ilegal, aprovechamiento ilícito de

recursos naturales y daño a recursos naturales. En 2015 se cometieron 3.168. Estas cifras son generales, es decir, no solamente corresponden a acciones de grupos armados.

Por otro lado, fuentes de Ecopetrol señalan que otro de los desangres se da con la instalación de válvulas ilegales para robar crudo también. Del petróleo robado, el 30 por ciento sería usado para la fabricación de estupefacientes y el 70 por ciento restante terminaría en los ríos y sobre la vegetación.

Los expertos llaman la atención sobre el daño que pudieron haber ocasionado los derrames petroleros en regiones como el Pacífico. Por la gran biodiversidad, incluso pudieron extinguirse especies hasta ahora desconocidas. Pero en esta región hay otro negocio ilegal en el que el Eln está involucrado: la minería ilegal.

Las autoridades han encontrado enclaves mineros ilegales manejados por la guerrilla en el sur de Bolívar, Chocó y Cauca, principalmente. La extracción ilegal de oro, que representa rentas multimillonarias para el Eln, genera un pasivo ambiental incalculable a causa del dragado descontrolado y del vertimiento de mercurio a los ríos.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cartagena reveló que en el municipio de Río Quito (Chocó), de 100 personas analizadas, el 80 por ciento tenía altos índices de mercurio en la sangre, la orina y el cabello.

No obstante, el Eln no es el único grupo que se beneficia de estas rentas ilegales. También lo hacen bandas criminales como el llamado ‘Clan del Golfo’. La participación del Eln en la minería ilegal es más reciente que su ya histórica hostilidad contra los hidrocarburos.

Si, como dice la Fundación Ideas para la Paz, “el Eln es el grupo que más se ha beneficiado de la economía petrolera, el que ha articulado de manera más clara al sector petrolero en su agenda, y en esa medida, el que más ha recurrido a los atentados a la infraestructura petrolera”, también es llamado a ser protagonista en la reparación ambiental durante el posconflicto.

En el equipo negociador del Gobierno hay dos exministros de Ambiente: Luz Helena Sarmiento y Juan Mayr. Como dijo a EL TIEMPO el investigador Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, esto significa “que se va a tocar el tema minero energético, un punto propio del Eln y que no estuvo en la negociación con las Farc”. Mayr en particular es reconocido por una larga trayectoria de trabajo con las comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta, una experiencia que pesa en los intereses del Eln.

La agenda anunciada en marzo por las dos delegaciones contempla en el punto ‘transformaciones para la paz’ la discusión de “programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”. Esto, sumado a la anunciada participación de sectores ambientalistas, remarca el protagonismo de lo ambiental.

Si bien el Derecho Internacional Humanitario prohíbe las prácticas que causen daños “extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” y el Estatuto de Roma las tipifica como crímenes de guerra, no es muy probable que esta sea una línea roja de las partes en la negociación. Como señala el profesor Medina, eso implicaría reconocer corresponsabilidad por otras afectaciones en las que pudiera haber participado el Estado.

Por su parte, Manuel Rodríguez considera inviable exigir que el Eln repare los daños causados porque son tan difíciles de calcular como de reparar. “Pueden haber unas penas, cambiar la cárcel por reclusión en zonas donde hayan hecho daño para que ayuden a la restauración ambiental”, propone.

El énfasis de lo ambiental probablemente sea el énfasis en lo minero-energético. “El Gobierno en eso no va a ceder. El Eln ha cuestionado siempre la presencia de las multinacionales, pero eso hace parte del modelo económico y el Gobierno ha dicho que el modelo económico no se negocia”, explica Rodríguez.

Entonces, ¿es posible encontrar un punto medio en esta división? En palabras de Medina, “esta mesa tiene tres patas”. Una, el Gobierno y el sector privado involucrado en negocios extractivos; otra, las poblaciones que reclaman la defensa de los recursos en sus territorios; y la tercera, el Eln con su interés por que se modifique la política minero energética del país.

“Lo que uno sí espera es que el Eln sea racional en términos de sus propuestas y que no pidan más de lo que el Estado puede conceder dados sus compromisos con empresas trasnacionales”, concluye Medina.

“El interrogante es si cuando dejemos de tener la guerra el Estado va a permitir actividad productiva en el Amazonas o en La Macarena que genere daños mayores a los que ha ocasionado la guerrilla”, dice Rodríguez, quien concluye que, desde el punto de vista ambiental, la mayor reparación posible es terminar el conflicto para que los daños ecológicos cesen.

JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

ELTIEMPO.COM