El fin del procedimiento legislativo especial o fast track, con el que se tramitaron los proyectos para desarrollar el acuerdo de La Habana en el Congreso, dejó un balance agridulce para el Gobierno.
Si bien se sacaron adelante temas estructurales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la reincorporación política de las Farc, proyectos claves como la reforma política –que buscaba en un principio dar una apertura democrática en Colombia– naufragaron en el Congreso.
El arranque de una campaña electoral particularmente competitiva, la pugnacidad entre el Gobierno y la oposición, lo poco ‘taquillero’ que resulta defender el acuerdo de paz y los intereses particulares de cada partido no crearon el escenario propicio para finalizar satisfactoriamente la implementación de los acuerdos de paz.
El primer semestre, cuando el Gobierno logró mantener las mayorías con amplia solvencia, fue el más prolífico del fast track. Se lograron aprobar seis iniciativas.
Pero después del receso legislativo de mitad de año el barco de la paz empezó a recorrer aguas tormentosas, especialmente después de la decisión de la Corte Constitucional de permitir que las propuestas de los congresistas para modificar los proyectos de la implementación debían debatirse y votarse.
De esta segunda etapa del fast track el hecho más sobresaliente fue la aprobación de la ley que reglamenta la justicia para la paz, columna vertebral del acuerdo. Pese a que su trámite fue tortuoso en algunos momentos, a última hora se logró su aprobación y la iniciativa va camino de su estudio en la Corte Constitucional.
Con la decisión de la Corte Constitucional, los congresistas empezaron a proponer modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno y la mayoría de sus proposiciones tuvo que ser estudiada por el Congreso.
El fallo del alto tribunal permitió, además, que los artículos de las iniciativas se pudieran votar uno por uno y no en bloque como se venía haciendo hasta ese momento, lo que agilizaba el trámite de las mismas.
Ese hecho, sumado a la campaña electoral que se precipitó con pugnacidad, hicieron que el desarrollo de lo pactado en Cuba tomara, en el segundo semestre, paso de tortuga.
Los legisladores muchas veces pasaban más tiempo en sus regiones buscando votos para 2018 que pensando en sacar adelante los proyectos para implementar el acuerdo.
El otro duro golpe que recibió el Gobierno vino desde un partido de su propia coalición: Cambio Radical.
El partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras anunció a finales de septiembre de este año su oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la reforma política, dos proyectos fundamentales en las cuentas del Ejecutivo.
Con el sol sobre su espalda, el Gobierno se vio en aprietos para mantener las mayorías y la Unidad Nacional se empezó a resquebrajar.
Algunos congresistas que parecían amigos del Gobierno empezaron a ponerle talanqueras al trámite de los proyectos, pues la paz, según expertos, no es el tema más taquillero en época electoral.
La antigua guerrilla de las Farc tampoco ha ayudado a mejorar el clima adverso de la opinión pública contra los acuerdos.
Anuncios como el de mantener el nombre Farc para su partido político y el de presentar las candidaturas de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, a la Presidencia y de los principales exmiembros del secretariado al Congreso son legítimas desde el punto de vista de lo pactado, pero levantaron ampolla entre la opinión pública.La firma de La Habana sirvió para un hecho importante: parar la guerra, pero la construcción de la paz es una tarea más compleja que apenas comienza y el Congreso así lo demostró.
La decisión de la Corte Constitucional de permitir que el Congreso pudiera modificar los proyectos de paz.
La campaña electoral se precipitó en pleno epílogo del fast track.
La decisión de Cambio Radical, partido clave para el Gobierno, de oponerse a dos proyectos centrales del acuerdo: la justicia de paz y la reforma política.
En el último semestre el Gobierno quedó con poco margen de maniobra para movilizar a los partidos de la Unidad Nacional. La pugnacidad entre Gobierno y oposición no permitió un consenso alrededor de lo pactado en Cuba.
1. Jurisdicción especial para la Paz (JEP)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el sistema de juzgamiento para los excombatientes y los militares señalados de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
El Congreso primero aprobó el acto legislativo que le dio vida a este modelo de justicia, que tendrá distintas instancias que conocerán los procesos contra los exintegrantes de las Farc y de las Fuerzas Armadas señalados de crímenes graves.
Posteriormente se discutió y votó la ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto y, el próximo año, debe tramitarse una ley de procedimiento para la entrada en funcionamiento de este modelo.
Las sanciones que se contemplan en esta jurisdicción van desde dos años de restricción efectiva de la libertad para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y reconozcan la verdad, hasta 20 años de privación de la libertad para quienes no reconozcan su participación en delitos graves y sean vencidos en juicio.
La normativa señala, además, que los excombatientes de las Farc podrán participar en política siempre y cuando la sanción que se les imponga no sea incompatible con el ejercicio político.
2. Estatuto de la oposición
Después de muchos intentos y fracasos durante décadas, y a pesar de que la Constitución de 1991 abrió el espacio para su creación, solo hasta ahora, y en virtud del acuerdo de paz, el país tendrá un estatuto de la oposición.
Los candidatos que queden de segundos en las elecciones para alcaldías, gobernaciones o a la Presidencia tendrán curules en sus corporaciones públicas respectivas (concejos, asambleas y Congreso) para representar a sus electores.
Se tendrán que realizar audiencias con participación ciudadana para debatir los presupuestos municipales, departamentales y el nacional.
Uno de los apartes más polémicos del estatuto es el que contempla el derecho de réplica para los partidos de oposición en tres casos: luego de la instalación del Congreso, tras las alocuciones presidenciales y frente a “tergiversaciones” o “ataques” de funcionarios públicos, incluido el Presidente.
Ahora, los partidos que ejerzan la oposición tendrán una “partida adicional” equivalente “al cinco por ciento del monto del financiamiento del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos”.
Para acceder a estos beneficios, las colectividades deberán declararse desde un principio en oposición.
3. Ley de amnistía e indulto
La ley contempla amnistías e indultos para excombatientes acusados de rebelión y otros delitos relacionados con su pertenencia a las Farc y renuncia a la persecución penal para los militares investigados por delitos menores.
La normativa permitió brindar garantías para que los integrantes de la antigua guerrilla de las Farc hicieran su proceso de desarme y reincorporación a la vida civil.
La ley es clara en afirmar que quienes hayan cometido graves crímenes de guerra deberán acudir ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
4. Reincorporación política de las Farc
La iniciativa fija las reglas para el funcionamiento del partido político que constituyeron las Farc.
Se contempla que entre 2018 y 2026 la organización política de la antigua guerrillas de las Farc tendrá aseguradas cinco curules en Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Adicionalmente se le garantiza al nuevo partido político recursos por el promedio de lo que se les da anualmente a los partidos políticos (más de 3.000 millones de pesos por año) y el siete por ciento de ese rubro para un centro de pensamiento de la nueva organización.
5. Estabilidad al acuerdo de paz
Este acto legislativo agrega un artículo transitorio a la Constitución que busca dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo de paz firmado con las Farc.
La ley establece que los contenidos del acuerdo final que “correspondan a derechos fundamentales definidos en la Constitución serán referente de interpretación durante los tres periodos siguientes” a la aprobación de la normativa.
Es decir, se señala que desde el 2018 hasta el 2030 ningún Gobierno podrá cambiar el contenido de los acuerdos de La Habana.
6. Regalías para la construcción de paz
Se reformó el sistema general de regalías, para que el 7 por ciento de las mismas sea invertido en las zonas más afectadas por el conflicto para consolidar la paz.
También se incluye la transferencia de un billón de pesos que eran para invertir en ciencia y tecnología, que ahora serán para construir vías terciarias en las zonas que más vivieron la guerra.
Para las regiones productoras de petróleo habrá una tajada adicional, pues se contempla que tendrán un 30 por ciento de los rendimientos financieros que se produzcan con las regalías.
7. Monopolio de las armas
Busca asegurar que el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas quede exclusivamente en manos del Estado.
En su artículo principal, la iniciativa señala expresamente “la prohibición de la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos ilegales armados y organizados”.
De esta manera la normativa prohíbe expresamente la existencia de grupos paramilitares, de autodefensas y guerrillas.
8. Voceros de las Farc en el Congreso
Esta normativa reguló la participación de los seis voceros que, según el acuerdo de La Habana, podían tener las Farc en el Congreso durante el trámite de los proyectos para convertir en realidad lo acordado en La Habana.
Dentro de lo que podían hacer los voceros de las Farc estaba intervenir en los debates y presentar proposiciones.
Eso sí, quedó claro que ninguno de los voceros podía tomar parte en las votaciones de las iniciativas y, por ende, no podía influir en el sentido de las mismas. El voto estaba reservado solo para los congresistas.
9. Innovación agropecuaria
El Sistema de Innovación Agropecuaria busca brindar acceso a investigación, innovación, tecnología y extensión agropecuaria a todos los productores, especialmente a los pequeños.
Como lo aseguró el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, la normativa es, básicamente, un impulso a la prestación del servicio de asistencia técnica en el campo.
El programa comprende también apoyo a los reincorporados de las Farc que se queden en el campo y contempla nuevos beneficios para la sustitución de los cultivos ilícitos.
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