Líderes han sido asesinados en 27 de los 32 departamentos del país

Líderes han sido asesinados en 27 de los 32 departamentos del país

Desde firma del acuerdo con las Farc, ataques se han incrementado. A 31de julio, han muerto 257.

Velatón por líderes en Pereira

Mientras que en todo el 2016 se registraron 99 asesinatos de líderes sociales, en el 2017 esa cifra fue de 144.

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Alexis Múnera / Archivo EL TIEMPO

Por: Redacción Paz
17 de diciembre 2018 , 10:10 p.m.

Aunque con la firma del acuerdo de paz con las Farc – el 24 de noviembre del 2016– disminuyeron significativamente las muertes por el conflicto armado en Colombia, la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha ido en aumento desde ese año.

El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri) cruzó la información de 9 organizaciones que le han hecho seguimiento al tema y encontró, además, que 106 de 257 líderes sociales asesinados desde la firma de la paz, es decir, el 41 por ciento, fueron atacados en sus viviendas, lo cual sugiere que les hicieron seguimiento y que hubo planeación de los asesinatos

.“Los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual denota un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma un proceso de planeación”, subraya el informe del Iepri, que tomó en cuenta trabajos previos del Cinep, Somos Defensores y la Confederación de Acción Comunal, entre otros.

Mientras que en todo el 2016 se registraron 99 asesinatos de líderes sociales, en el 2017 esa cifra fue de 144, y hasta el 31 de julio de este año habían sido asesinados 100.

De los muertos desde la firma de la paz, 215 eran hombres, pero el informe del Iepri indica que la sevicia es mucho mayor en los casos en que son contra las mujeres. Las violentan sexualmente y las deforman.

Antes de ser asesinados, al menos 27 líderes sociales habían sido amenazados. Y, en su mayoría, estaban en condición de vulnerabilidad socioeconómica o eran sobrevivientes de hechos como desplazamiento forzado por el conflicto.

En general, las víctimas eran defensores de derechos de tierra y territorio, denunciaban actos de corrupción, presencia de actores armados, reclutamiento forzado y microtráfico. Otras víctimas hacían oposición a megaproyectos económicos, defendían derechos sexuales y reproductivos o trabajaban en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc.

Los crímenes, según el informe, se produjeron en 27 de los 32 departamentos y en 142 municipios del total de 1.101 que posee Colombia. Es decir, que la violencia contra líderes sociales no está concentrada en una región sino que se diseminó por la geografía nacional.

El arraigo local continúa siendo una tendencia entre las víctimas de los homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos. Los líderes de juntas de acción comunal encabezan la lista de muertos, con 61 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz, seguidos por líderes cívicos comunales, con 52 casos; indígenas, con 31 asesinatos; campesinos, con 28, y afrocolombianos, con 24.

Y por departamentos, el Cauca es el de mayor violencia contra ellos, con 44 asesinatos. En el segundo lugar está Antioquia, con 40, y le sigue Norte de Santander, con 19.

Cultivos ilícitos y tierras

El análisis del Iepri evidencia una coincidencia entre las regiones del país con mayor presencia de cultivos de coca y la frecuencia de asesinatos de líderes sociales. En esas zonas ocurrieron 27 de los homicidios. De acuerdo con el informe, esto revela “una relación causal, pues existe un patrón de asesinatos y amenazas contra líderes de procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en estas regiones”.

Por otro lado, según el registro, de todos los líderes asesinados, 19 estaban involucrados en actividades de restitución de tierras. El informe señala que en el 2017 y el 2018 finalizaron varios procesos de restitución con un resultado favorable a los reclamantes, “que obligaba a los poseedores de mala fe, en su mayoría ganaderos y empresarios, a regresar la tierra despojada a los campesinos”.

Una hipótesis es que ante las decisiones judiciales que afectan negativamente los intereses de los despojadores, “estos pueden acudir a las estructuras armadas de las regiones para que ejerzan (...) violencia, como amenazas y asesinatos para intentar revertir los procesos de restitución”.

REDACCIÓN PAZ
En Twitter: @PazyJusticiaET

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