Juan Fernando Amaya se convirtió, a las 8 p. m. del miércoles, en el sexto miembro de las Farc en ser asesinado luego de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana.
Su cuerpo fue encontrado “degollado en la entrada de la vereda Chontaduro del municipio de Ituango (Antioquia)”, le dijo a EL TIEMPO un representante de la Asociación de Campesinos de Ituango.
Amaya tenía 23 años de edad, era integrante del Frente 18 de las Farc y fue indultado en abril gracias a la ley de amnistía que el Congreso aprobó a finales del año pasado, en desarrollo del Acuerdo de Paz.
Hace tres meses había salido de la cárcel Bellavista de Medellín, luego de pasar alrededor de tres años privado de su libertad. En noviembre del 2014 fue capturado junto a 10 miembros de la compañía Jefferson Cartagena del Frente 18, en Ituango, por los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo, financiación de terrorismo y rebelión.
El alcalde de ese municipio, Hernán Darío Álvarez, confirmó el asesinato y dijo que Amaya estaba en proceso de reincorporación a la sociedad.
El Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, de Antioquia, precisó que Amaya estaba recibiendo atención periódica en su tránsito a la vida civil desde el 24 de enero de 2017.
Además, este indultado de las Farc asesinado “había solicitado estudio de riesgo con la Unidad Nacional de Protección, desde el 27 de junio de 2017, por amenazas contra su vida debido a dinámicas criminales comunitarias”, señaló ese comité.
En todo caso, para el alcalde Álvarez, este hecho no se trata de una persecución contra los miembros de la guerrilla que abandonaron las armas, sino de un “hecho aislado”.
Había solicitado estudio de riesgo con la Unidad Nacional de Protección, desde el 27 de junio de 2017, por amenazas contra su vida debido a dinámicas criminales comunitarias
Según el movimiento político Marcha Patriótica, con esta muerte ya son seis los miembros de las Farc asesinados después de la firma de la paz. Esa organización sostiene que también ha registrado hasta la fecha el asesinato de nueve familiares de integrantes de esa guerrilla en tránsito a la legalidad.
Los jefes de las Farc prendieron las alarmas desde abril, con el asesinato del primer guerrillero. Se trató de ‘Pepe’ Ortiz Cabezas, quien recibió disparos con arma de fuego en Tumaco. Había sido indultado 15 días antes.
A ese hecho se sumaron los asesinatos de los hermanos de Róbinson Victoria, otro miembro de las Farc, que para entonces estaba detenido en la cárcel de Chiquinquirá. Dalmiro y Anselmo Cárdenas Victoria fueron baleados el 16 de abril en la vereda Pichimá del Litoral San Juan, en Chocó.
Las Farc también denunciaron en abril, además de la persecución a familiares de guerrilleros en Chocó y Antioquia, el asesinato de José Yatacué, un miliciano de las Farc en Toribío, Cauca. Encapuchados le dispararon.
Frente al asesinato de Amaya, Mauricio Jaramillo, uno de los jefes de las Farc, insistió en que se trata de una “arremetida paramilitar”.
UNIDAD DE PAZ
