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Proceso de Paz

Asciende a 251 el número de excombatientes de Farc asesinados

Van 214 asesinatos de reincorporados del extinto grupo guerrillero de las Farc.

Van 214 asesinatos de reincorporados del extinto grupo guerrillero de las Farc.

Foto:JOAQUíN SARMIENTO. AFP

En las últimas horas mataron a Duván Arled Galíndez Nadia, en Caquetá.

Armando Neira
Duván Arled Galíndez Nadia, de 34 años de edad y excombatiente de las Farc, fue asesinado en la noche de este sábado en el municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá. El crimen eleva a 251 el número de militantes de ese grupo que firmó el Acuerdo de Paz y que han sido muertos en condiciones de indefensión a lo largo y ancho del país.

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“Hacia las 10:05 p.m. de ayer sábado 2 de enero, un hombre que acababa de salir de un establecimiento público, ubicado en el barrio Antioquia del municipio de Cartagena del Chairá, cuando fue abordado por un sujeto que lo atacó con arma de fuego”, indicó el coronel Franklin Cruz Comandante Departamento de Policía Caquetá en 'Caracol Radio'.
La victima figura en el listado de personas reincorporadas de las extintas Farc y fue trasladada al centro hospitalario del municipio, donde posteriormente falleció por la gravedad de las heridas.
Duván Arled Galíndez Nadia es el primer excombatiente de ese grupo que dejó las armas que muere violentamente en este 2021.
"Al parecer, el excombatiente de 34 años de edad, recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego a la altura del tórax, el cuello y el rostro. Pese a que fue trasladado con signos vitales al hospital de Cartagena del Chairá, allí se reportó su deceso", informó 'RCN Radio'.
(Además: Farc exige 'desmontar campaña de incumplimiento')
Al caer el 2020, fueron asesinadas la firmante del Acuerdo, Yolando Zabala Mazo y su hermana Reina Zabala Mazo. El doble crimen ocurrió el viernes en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.
De acuerdo con Indepaz, los hechos se dieron hacia las 4:00 de la mañana, cuando hombres armados entraron a su vivienda en la vereda Travesías, la secuestraron a ella y a su hermana de 17 años de edad, y posteriormente las asesinaron.
Zabala, de 22 años de edad, se encontraba en su proceso de reincorporación en el ETCR de La Plancha, en Anorí Antioquia.
Como lo ha informado EL TIEMPO, la cadena de asesinatos de desmovilizados de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz se está convirtiendo, más allá de la implementación de lo acordado en La Habana, en uno de los más difíciles retos para el Gobierno, junto a los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El fantasma del exterminio de la Unión Patriótica (UP) está muy presente.
(De interés: La mujer acusada de recibir US$ 1 millón por colar capos en las Farc)
Parte de ese reto es que esta historia no se repita, tal como quedó consignado en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ‘Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica’, que recogió información valiosa: 4.153 registros sobre las principales modalidades de violencia contra igual número de miembros de la UP desde el año 1984 hasta el 2002.
¿Qué se está haciendo para evitar que se repita esta historia?, es la pregunta que hace unas semanas planteó EL TIEMPO.
En una situación tan compleja y en la que hay vidas de por medio, las discrepancias entre el Gobierno y los miembros de Farc se mantienen, no obstante los buenos términos en que se desarrolló la reunión del 6 de noviembre entre el presidente Iván Duque y voceros de los desmovilizados de la exguerrilla, que marcharon del Meta a Bogotá, precisamente para expresar su preocupación por la ola de crímenes.
En esa oportunidad, el presidente Duque ratificó que hay un compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes, sus familias y los miembros del partido Farc, que el Gobierno no propicia ni tolera violencia en su contra y su seguridad está consagrada en los acuerdos de paz.
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A pesar de esto, nuevas discrepancias surgieron el 25 de noviembre entre el Gobierno y la Farc, fecha en el que las posiciones de uno y otro fueron expuestas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una audiencia pública que tenía como eje la violencia contra los desmovilizados.
Ese día, mientras la Farc insistieron en que hay un ‘genocidio’ contra sus militantes, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió que “han actuado con diligencia, compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población (…) Ni el narcotráfico ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad”, dijo.
Según la senadora del partido Farc Victoria Sandino,  lo “que viene sucediendo es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva”.
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Según la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la seguridad de los desmovilizados que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “ha sido suficientemente garantizada”. En efecto, allí solo se registran dos homicidios y un intento de asesinato.
La ARN detectó que el 69,7 por ciento de los ataques se producen en el sector rural y la mayoría son contra hombres en procesos individuales de reincorporación, en zonas en las que hay disputas territoriales por la economía ilegal.
El informe concluyó que en adelante los mayores esfuerzos en seguridad deben enfocarse en los excombatientes que están en proceso de reincorporación individual (población dispersa), para la cual se ha dispuesto estructurar un programa específico de intervención con medidas de prevención, protección, seguridad y judicialización en 522 municipios donde se asienta esta población.
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