El Gobierno fijó este jueves su apuesta definitiva, para el remate de la implementación normativa del acuerdo de paz, en tres proyectos que están en el Congreso: el que reglamenta la justicia para los actores del conflicto, la reforma política y el que crea 16 curules de paz en la Cámara de Representantes.
La decisión se dio ante la inminencia de que las reglas especiales con las que el Legislativo tramita estas iniciativas se vencen el próximo 30 de noviembre y todavía están en curso ocho proyectos de ley y de reforma constitucional para desarrollar lo pactado.
Ese día termina la vigencia del procedimiento legislativo especial conocido como vía rápida o fast track.
Al ser indagado por el plan B del Gobierno en caso de que estas ocho iniciativas no alcancen a ser aprobadas, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue claro: “Si logramos sacar estos tres adelante antes del 30 de noviembre, el Gobierno se sentirá satisfecho”.
Si se analizan estas iniciativas, las tres constituyen puntos urgentes para el cumplimiento de lo acordado con las Farc.
El proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto es la médula del juzgamiento para excombatientes y militares señalados de delitos atroces y civiles que deseen acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De esta iniciativa depende la manera como serán procesados los exguerrilleros de las Farc –incluidos sus líderes–, las penas que recibirán por los delitos cometidos en medio del conflicto y las condiciones en las cuales podrán participar en política, algo que es polémico en varios sectores.
Este proyecto atraviesa su último debate en la plenaria de la Cámara, la cual lo retomará el próximo lunes.
En cuanto a la reforma política, se trata de conseguir que los movimientos que demuestren un mínimo de afiliados puedan avalar candidatos en las elecciones, uno de los puntos acordados entre el Gobierno y las Farc.
De esta iniciativa también están pendientes los partidos políticos, que en su mayoría están a la expectativa de cómo serán las reglas para sus campañas a Congreso y a la Presidencia, y de si estas se aplicarán o no en las elecciones del 2018.
La plenaria del Senado fue citada para el próximo lunes a fin de abordar este proyecto en cuarto y último debate, pero la negativa de los senadores liberales a votarlo favorablemente puso la iniciativa muy cerca de su hundimiento.
Las curules adicionales de paz es otro compromiso del Gobierno asumido en La Habana y que debe entrar en vigor a partir del próximo Congreso, el cual será elegido el 11 de marzo del 2018.
Estos escaños, según el acuerdo, deben ser 16 y para organizaciones sociales y de víctimas asentadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
A este proyecto solo le hace falta la votación de las conciliaciones de los textos aprobados en Senado y Cámara, algo que también está previsto para la próxima semana.
El resto de proyectos, en palabras del ministro Rivera, serán “evaluados” el próximo 30 de noviembre, cuando termine el fast track, para saber cuál es el procedimiento que se les dará a esas iniciativas.
El Gobierno pidió un concepto ante el Consejo de Estado para saber cuándo termina el fast track: si el 30 de noviembre o un mes después, descontando el receso. Pero, en todo caso, esos conceptos no son vinculantes.
La próxima semana vendrán días definitivos para que el Congreso termine de tramitar la implementación normativa del acuerdo de paz.
El Legislativo tiene hasta el jueves 30 de noviembre, cuando terminan las reglas especiales para el trámite de estas iniciativas, para sacar adelante ocho proyectos de ley y de reforma constitucional.
En la agenda del Gobierno, el principal es la reglamentación de la justicia para los actores del conflicto, en la que se espera más de una polémica por temas como la participación en política de los excombatientes y las sanciones contra quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores.
La reforma política es el otro proyecto que concitará la atención de los partidos políticos, especialmente en lo relacionado con la habilitación de listas conjuntas al Congreso y la posibilidad de que los legisladores que no estén de acuerdo con estas alianzas migren a otras colectividades.
También están las conciliaciones, en Senado y Cámara, del proyecto que crea 16 curules adicionales y transitorias para las organizaciones sociales y de víctimas de los lugares más impactados por la guerra.
Y en la lista están el proyecto de sometimiento de las ‘bacrim’, el que excluye a tres entidades del Estado de la Ley de Garantías, el que crea el sistema de innovación agropecuaria, el que habilita un catastro de los predios rurales y el que permite el uso de zonas de reserva forestal para proyectos del posconflicto.
El Gobierno y los partidos políticos tienen el reto de vencer el ausentismo de muchos congresistas, fantasma que ha amenazado la paz.
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