En medio de una sesión en la que abundaron corrillos de congresistas de diferentes partidos ajustando aspectos de la iniciativa con asesores del Gobierno, y en la que hasta los uribistas votaron una de sus normas, la plenaria del Senado avanzó este miércoles en la votación del proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores de la guerra.
El avance en la votación de la norma fue una demostración de que el Senado le dio una nueva dinámica al trámite de los proyectos que implementan el acuerdo de paz con las Farc. En otras palabras, la plenaria de esa corporación se movió como un relojito.
Se incluyeron aclaraciones en el articulado sobre la participación política de los excombatientes y nuevas inhabilidades para los magistrados de este modelo de juzgamiento.
Este último, que fue promovido por Cambio Radical, determina que “no podrán tomar posesión ni ser nombrados” magistrados de la JEP que hayan “ejercido representación judicial” en procesos relacionados con el conflicto armado en los últimos cinco años, entre otros nuevos requisitos.
De mantenerse este requisito, al menos 15 magistrados de las salas del tribunal especializado quedarían inhabilitados y no podrían asumir su cargo, entre ellos el exministro de Justicia Yesid Reyes.
El impulso tuvo dos razones principales: el llamado “vehemente” del presidente Juan Manuel Santos al Congreso, en la noche del martes, para avanzar en la implementación del acuerdo y las aclaraciones de la Corte Constitucional sobre del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Para que la nueva dinámica funcionara en el Senado también fue vital el apoyo de los partidos Conservador y Cambio Radical, los cuales habían estado renuentes a respaldar el proyecto la semana pasada, pero que cambiaron de actitud este miércoles y realizaron propuestas que lo enriquecieron.
Hasta los uribistas, opositores al proceso de paz y su implementación, votaron favorablemente el artículo uno del proyecto, luego de que la senadora liberal Viviane Morales propusiera una modificación que terminó convenciendo a la mayoría de la plenaria.
La exfiscal General de la Nación pidió eliminar uno de los principios del modelo de justicia transicional que indicaba que todos los conflictos armados en Colombia serían resueltos, prioritariamente, mediante una negociación política. “Esto sería renunciar al uso de la fuerza en medio de hostilidades”, argumentó Morales.
Varios senadores del Centro Democrático –y de otros partidos políticos– apoyaron eliminar este principio del proyecto de ley lo que terminó aprobándose, pese a la negativa del Gobierno y del ponente de la iniciativa, el senador liberal Horacio Serpa.
Al final del debate, bordeando la medianoche se aprobó una propuesta de la senadora por ‘la U’ Maritza Martínez que indica que las sanciones de la JEP “no serán aplicables a quienes cometan cualquier tipo de delito sexual grave contra niños, niñas o adolescentes”.
Con la aprobación de este miércoles en la noche, el proyecto pasa a su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y, si es aprobado y hay necesidad, a conciliación de los textos aprobados en ambas corporaciones.
Tras unas once horas de debate, la plenaria del Senado terminó de aprobar este miércoles en la noche más de 155 artículos del proyecto de ley que reglamenta la JEP.
Dentro de los temas polémicos que se aprobaron está la regulación de la participación en política de los exguerrilleros, en la cual se acogió gran parte de la decisión que profirió la Corte Constitucional, en la noche del martes, sobre el acto legislativo que creó la JEP.
En este sentido, se aprobó que para la posesión de los exguerrilleros que sean elegidos al Congreso, la Presidencia de la JEP “certificará” que están cumpliendo con su proceso de contar verdad y reparar a las víctimas en este nuevo modelo de justicia.
En medio del debate de este miércoles también llamó la atención la actitud vigilante del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y del comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, quienes no perdieron detalle de las propuestas de los senadores que buscaban modificar el tratamiento a la Fuerza Pública en el nuevo esquema de justicia.
Para ellos dos y sus asesores es vital que todo lo relacionado con la responsabilidad de los comandantes militares en los delitos de sus subordinados, entre otras normas, queden intactas y que no se les introduzca ni una sola coma.
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