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'En las masacres, Duque hace el ridículo al poner el retrovisor'
Masacres en Cauca

Sepelio jóvenes asesinados en Cauca.

Foto:

Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

'En las masacres, Duque hace el ridículo al poner el retrovisor'

Kyle Johnson, analista estadounidense del conflicto armado, habla sobre la escalada de violencia.

"Los árboles no dejan ver el bosque", dice el proverbio. Ante la escalada de violencia en la que han caído asesinados decenas de civiles —especialmente jóvenes—, en el ambiente hay cada vez más confusión producto del ruido generado por las posiciones menos informadas que pasionales.

¿Cuál es la mirada de un extranjero? EL TIEMPO entrevistó al estadounidense Kyle Johnson, uno de los responsables de la Fundación Conflict Responses —Core—, que busca investigar, entender mejor e incidir sobre lo que ocurre en el campo colombiano respecto a la violencia, la paz, los movimientos sociales y el medioambiente.

(Puede leer: Gobierno defiende uso de término homicidios colectivos; no de masacres)

Kyle Johnson vive el Colombia desde hace 11 años. Ha trabajado como investigador en varias organizaciones: la Corporación Nuevo Arco Iris, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Organización Internacional de Migraciones, el International Crisis Group y hasta hace poco estuvo en el prestigioso Instituto Kroc. Por su actividad recorre como pocos los lugares que por estos días han sido noticia por ser, de nuevo, escenario, de estremecedoras masacres.

¿Por qué escogió Colombia?

Yo de joven estaba interesado en la política de Estados Unidos en América Latina. Vine a Colombia en 2005 con apenas 19 años y me enamoré del país. De ahí volví varias veces entre 2006 y 2009, haciendo un poco de investigación, más que todo periodística, aún enamorado del país. En 2009, me mudé y aquí sigo.

Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando ahora?

Creo que estamos viendo una transformación, una reconfiguración del conflicto armado y quizá una nueva etapa de violencia que ya no responde a lógicas nacionales, la confrontación directa con el Estado es menor y la ideología ha venido perdiendo su papel.

Masacres en Cauca

Sepelio jóvenes asesinados en Cauca.

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Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

¿Ve, entonces, una violencia más focalizada?

Sí. A diferencia de años anteriores —las décadas de los 90 y 2000—, estos conflictos actuales son supremamente locales y los alcances de las jerarquías de los grupos armados son cada vez más locales también, como con las diferentes disidencias de las Farc. Aunque la ideología está perdiendo preponderancia, las estrategias políticas de los grupos siguen siendo fundamentales.

(Lea también: ‘Estaremos entregando resultados rápidamente’: Duque sobre masacres)

¿Por qué cree usted que está pasando esto?

Con la salida de las Farc como grupo armado de los territorios, se dejó un 'espacio' en las estructuras de poder en esos lugares: de poder económico, político y social, entre otros. El Estado no fue capaz de entrar a ejercer autoridad ni de copar los territorios militarmente. Desde ahí, diferentes grupos armados —incluso disidencias de las Farc, creadas por una mezcla de razones económicas, ideológicas, organizacionales y de identidad— han venido enfrentándose para controlar las economías ilegales, para regular la vida social y lograr tener el poder a nivel local que alcanzaron las Farc en su momento.

Con la salida de las Farc como grupo armado de los territorios, se dejó un 'espacio' en las estructuras de poder en esos lugares: de poder económico, político y social, entre otros

¿Todos los ilegales se aprovechan del vacío que el Estado no es capaz de llenar?

Sí. Esto ocurre por numerosas razones: las economías ilegales en varios territorios quedaron sin un agente regulador; el Estado e incluso las fuerzas militares y policiales no fueron capaces de copar este territorios; otros actores, sean estatales o no, no han podido fortalecerse y ganar mayor legitimidad para regular la vida social; y las condiciones económicas, políticas y sociales que sostuvieron el conflicto armado por tanto tiempo en estos territorios no se han superado todavía. Esta historia se repite en Cauca, en Catatumbo, en Nariño, en Putumayo, en Guaviare y varias otras zonas del país.

(Le puede interesar: ¿Quiénes fueron las víctimas de la masacre de Arauca?)

¿Quién, con la información que usted tiene, cree que está detrás de estas masacres?

Depende del caso. En Tumaco, frente a las masacres en Llorente y La Guayacana, hay una disputa entre 'los Contadores' y el frente 'Óliver Sinisterra', la disidencia previamente liderada por alias Guacho. Ambos son responsables por las tres masacres entre estos dos pueblos en este mes.

¿Y en el oriente del país?

En el caso de Arauca, la información que tenemos en Core es que la disidencia del 10.° frente de las Farc es responsable del asesinato de las cinco personas, después de haberlas acusado de robar ganado.

¿En todos los casos hay indicios de quién disparó o hay lugares donde ni siquiera se sabe?

En El Tambo, en Cauca, no está claro quién es el responsable. Entre los municipios de Argelia, el Tambo y Patía —especialmente cerca del corregimiento de El Plateado—, el Eln ha estado en disputa con una disidencia conocida como el 'Carlos Patiño'. Más recientemente ha llegado una unidad vinculada a la 'Segunda Marquetalia', y hay una versión de que este grupo sería el responsable. Yo dudo, por las dinámicas de la presencia de los grupos, pero realmente cualquiera de los tres podría ser el responsable.

Masacres en Cauca

Sepelio jóvenes asesinados en Cauca.

Foto:

Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

¿La situación en algunos puntos de Nariño es muy compleja?

En efecto. En Ricaurte, en Nariño, el caso es complejo por ser una zona bajo control del Eln. Eso hace pensar que podría haber sido esta guerrilla la que ejecutó a los tres indígenas, pero los motivos son difíciles de establecer.

¿Qué pasó en Samaniego? Todas las víctimas son estudiantes, ninguno con antecedentes...

Así es. El caso de Samaniego es el más difícil para entender qué pasó. No hay una disputa territorial clara con los grupos armados grandes, y podría formar parte de la ola de violencia que este año se está viviendo en el municipio. La Fiscalía cree que se dio por pugnas internas de un grupo local del narcotráfico, pero la comunidad y otros sectores lo niegan.

(Vea el especial de EL TIEMPO: El país que sigue matando a sus jóvenes)

¿Por qué cree que en su mayoría las víctimas son jóvenes?

Desafortunadamente, esto es un aspecto central del conflicto armado y la violencia en Colombia históricamente: las víctimas son en muy buena parte jóvenes. Son los más acusados de hacer parte de otros grupos armados, son los más acusados de participar en la delincuencia común, y son los más apetecidos por los grupos armados también.

También cuenta la fragilidad de este sector de la población...

Por supuesto. Los jóvenes, especialmente en el campo, están particularmente vulnerables: a menudo no tienen trabajo, no han podido continuar sus estudios, salir a estudiar no es una oferta generalizada y la tentación de trabajar en economías ilegales es fuerte: aun así, en el caso de Samaniego, parece que los jóvenes víctimas no sufrían de estas vulnerabilidades. El tema es bien complejo.

¿Cree que hay una estrategia de los violentos para atacar a los jóvenes?

Atacar a los jóvenes incluso puede apuntar a desactivar cualquier posibilidad de resistencia de las comunidades. Si bien puede que no sea una razón consciente de los grupos armados y otros ilegales, lo cierto es que las masacres de jóvenes sumadas al ataque de líderes sociales o comunitarios tienen como gran consecuencia la de destruir los posibles liderazgos de las comunidades.

Desde su punto de vista, ¿cómo le parece hasta ahora la respuesta que ha dado el Gobierno Nacional?

Ha sido problemática desde todos los puntos de vista. En primer lugar, aplicar el espejo retrovisor —de comparar las masacres en estos dos años con los ocho de Santos— es un poco ridículo, pues no es válido. Además, Duque ya lleva dos años en el poder: es cierto que las masacres no volvieron porque nunca se fueron, pero también es cierto que la responsabilidad de él como Presidente es asegurar que las masacres no aumenten.

¿Cómo le parece la línea argumentativa del Gobierno al poner el foco de manera preponderante en el narcotráfico?

Enfocarse en el narcotráfico exclusivamente es un error. El narcotráfico es una fuente de finanzas de los grupos armados, las cuales necesitan para poder operar. Pero no es la única condición necesaria para que pueda existir un grupo armado. Al mismo tiempo, el narcotráfico es resultado de ciertas condiciones políticas, sociales y económicas también: no existe porque sí.

¿Además de la droga, hay un disputa por lo que se podría llamar la 'gobernabilidad' en las regiones?

Así es. En algunos puntos se confronta por quién tiene el poder y autoridad a nivel local. Con ese poder, los actores armados logran controlar la vida social e imponer un sistema de gobernanza, lo cual les permite mantenerse en los territorios e incluso traficar drogas.

¿En qué lugares ocurre eso?

Esto está claro en diferentes zonas del país: ocurre en la zona del Cauca, donde fue la masacre hace poco. Incluso ocurre en Tumaco, donde los grupos armados aplican su forma de justicia, resuelven disputas locales, ofrecen 'protección' frente a otros grupos armados y el Estado, e imponen sus reglas. 'Guacho' incluso alcanzó a controlar el tráfico vehicular en Llorente, por ejemplo. Esto es quizá lo más claro en la masacre de Arauca, donde tanto la disidencia como el Eln hacen cumplir una serie de reglas para la vida social.

En línea con lo que dice el Gobierno, ¿cree que si se acabara el narcotráfico, se terminarían los problemas?

Para nada. Si se acaba con el narcotráfico, existen otras economías ilegales de las cuales pueden sobrevivir los grupos armados, bien sea la minería ilegal, la extorsión, el contrabando entre Venezuela y Colombia y el tráfico de madera, entre otras.

Masacres en Cauca

Sepelio jóvenes asesinados en Cauca.

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Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Masacres en Cauca

Sepelio jóvenes asesinados en Cauca.

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Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

En esta misma línea, el Gobierno dice tener una herramienta poderosa ahora, que es la fumigación para erradicar los cultivos. ¿Cómo le parece?

Argumentar que la fumigación es la solución es muy problemático. Primero, se parte de la idea de que el narcotráfico es el único problema, lo cual ya vimos que no es. Segundo, se presume —en contra de evidencia clara y bastante consistente al contrario— que es la mejor manera de luchar contra el narcotráfico. Finalmente, es posible que la fumigación aumente la violencia y fortalezca el poder político y la legitimidad de los grupos armados ilegales, lo cual sería, en efecto, un disparo en el pie por parte del Gobierno.

(En otras noticias: Autoridades investigan asesinato de tres jóvenes en Norte de Santander)

¿Por qué?

Porque muy seguramente fumigar incrementará la desconfianza a la ya tensa relación entre las comunidades campesinas y el Gobierno, que le ha apostado a la erradicación manual, que se traslapa con operativos contra la deforestación. En ellos, sobre todo en zonas como Guaviare o Meta, han agarrado a los pequeños campesinos y no a los grandes terratenientes detrás de este fenómeno.

Pero ¿cómo hacer entonces? ¿Dejar de luchar contra el narcotráfico?

En absoluto. No he dicho  que no haya que luchar contra el narcotráfico, porque sin duda es necesario. Sino es fundamental hacerlo de tal forma que el Estado gane legitimidad y cambie las condiciones económicas y políticas que permiten que siga existiendo este negocio. Si no, vamos a encontrarnos en la misma situación cada cinco, diez o quince años.

Por lo que ha visto hasta ahora, ¿qué es lo que más le ha impresionado?

Son muchas cosas que impresionan, pero quizá en lo negativo, es el hecho de que estos lugares siguen sufriendo de la violencia de varias formas. Me impresiona cómo entre 2006 y 2010, cuando venía al país, Nariño sufría de una violencia muy semejante: diferentes actores armados que buscaban copar el territorio dejado por las Auc. O en Arauca, que cuando fui por primera vez en 2007 sufría una guerra entre las Farc y el Eln. Los municipios de Argelia y el Tambo en ese momento también sufrieron un conflicto entre estas dos guerrillas. Los ciclos impresionan, sin duda.

En medio de esta situación tan dramática, ¿ve algo positivo?

Muchas cosas. Me impresionan, por ejemplo, los esfuerzos de las comunidades, de la gente local de construir paz a nivel local. Le cito un caso. En Arauca existe una organización llamada Fortulee, que realiza tertulias con los niños en todos los rincones más alejados del departamento. También los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas del Pacífico me impresionan por cómo siguen luchando muy directamente contra la violencia y no paran a pesar de ella. En este país hay mucha gente que le muestra a uno qué es el sentido de vivir.

Hacia el futuro, ¿usted cómo vislumbra el panorama?

El panorama en el futuro dependerá en buena parte de la transformación de los territorios aún afectados por el conflicto armado. Para esto, en el corto plazo, se necesita una política de seguridad territorial clara y que busque fortalecer la institucionalidad estatal y territorial. Esta institucionalidad debería incluir a las comunidades étnicas también. Y se necesita que se cambien las visiones a las comunidades: que se respeten sus derechos, que no las vea como criminales, que las reconozcan como ciudadanos colombianos.

No parece ser. El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se enreda con la tesis de que a las masacres cuando hay grupos de víctimas entre grupos armados no se les puede llamar así; el Presidente abre una discusión semántica...

Si no amplían su visión de la situación, les será muy difícil hallar la solución. Si se sigue buscando 'neutralizar' los 'blancos de alto valor', como los comandantes de los grupos armados, las dinámicas de violencia dependerán más de las relaciones entre los grupos armados que de la política estatal, pues así el Estado no logrará controlar el territorio.

Si no amplían su visión de la situación, les será muy difícil hallar la solución

Usted que recorre el país, cree que el Gobierno sí está implementando el acuerdo de paz.

Creo que el Gobierno Nacional debería entender que el acuerdo de paz sigue proveyendo muchas oportunidades para cambiar la realidad de estas comunidades. Su implementación integral representará pasos gigantes en el camino de superar la violencia política y criminal. Una implementación parcial del acuerdo sería una gran oportunidad perdida para cambiar el país.

Entre tanto, ¿qué hacer?

Un elemento a analizar es si en el corto plazo, los otros indicadores de violencia, como los asesinatos selectivos, los desplazamientos, el confinamiento, el reclutamiento o las minas antipersonales, subirán o no. Sin embargo, ante los desaciertos de la intervención del Estado y los aprendizajes de las comunidades y los grupos armados, se puede pensar en la posibilidad de que se realicen diálogos o acuerdos locales que reforzarán la gobernanza criminal, pero disminuirían los ataques a la población civil.

Pero ¿eso no es para ya?

Es importante tener en cuenta que estos cambios son de largo plazo, y superar la violencia no es un proceso lineal: habrá avances y retrocesos. Lo clave es no repetir los errores del pasado y apostarle a políticas de largo plazo que apunten a mejorar la calidad de vida de los que actualmente sufren de la violencia.

ARMANDO NEIRA
EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO​@armandoneira

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