La pregunta recurrente tras la captura de Jesús Santrich por la supuesta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos ha sido si este hecho llevará al fracaso el acuerdo de paz con las Farc.
La respuesta es simple. Si no hay más jefes del hoy partido político Farc involucrados en investigaciones que prueben rigurosamente su reincidencia en delitos tras la firma del acuerdo, el proceso de paz estará a salvo.
Pero si este no fuera el caso, el país estaría frente a un inminente derrumbe del pacto con el que el presidente Juan Manuel Santos buscó terminar 53 años de guerra.
Y es que una cosa es que un miembro de la cúpula de la Farc vuelva a delinquir e incumpla el acuerdo de paz, y otra muy distinta es que eso lo hagan varios exjefes guerrilleros.
Este proceso de paz no resistiría, como no resistió el que se hizo con los paramilitares, lo que ocurrió el 13 de mayo del 2008, cuando tuvieron que ser extraditados 14 exjefes ‘paras’ por seguir dilinquiendo. Esa vez ni siquiera hubo necesidad de una operación encubierta.
Eventuales nuevas capturas de exjefes guerrilleros por delitos posteriores a la refrendación del acuerdo de paz (el primero de diciembre del 2016), no sólo acabarían la confianza en el proceso, sino que provocarían una salida masiva de excombatientes de las zonas de reincorporación para sumarse a las disidencias. Es decir, a la delincuencia.
Santrich es uno de los dirigentes más visibles de la Farc, pero él no es el proceso de paz. Incluso así lo asumió el jefe de la exguerrilla, Timochenko, quien sostuvo que “el proyecto de una nueva Colombia es la suma de todos y más grande que cada individuo”.
En la misma tónica, Santos dijo que los excombatientes que se mantengan en la legalidad “no tienen nada que temer”. Y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue explícito en que el proceso legal que enfrenta Santrich será “con sujeción al Acto Legislativo No. 1 de 2017”, mediante el cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En suma, pese a la conmoción por la captura de Santrich, si el escándalo no va más allá de este exguerrillero y cada dirigente de la Farc, y cada parte del Estado, se ciñe a las leyes derivadas de los acuerdos de La Habana, el proceso de paz seguirá vivo.
Pero más allá del impacto político que causó, el caso Santrich promete reabrir un debate parecido al que se dio hace 10 años, cuando se inició la extradición de paramilitares. En ese entonces, la polémica era si antes de las extradiciones debía hacerse valer el derecho de las víctimas en Colombia a la verdad y la reparación, y si realmente era más grave exportar cocaína que masacrar colombianos.
El hecho es que en el 2008 la Corte Suprema condicionó las extradiciones de exjefes ‘paras’ a que cumplieran en el país con la verdad y la reparación. Pero las reactivó en el 2012 al considerar que la permanencia de los exparas en Colombia no les había servido a las víctimas.
Al perder el incentivo de la rebaja de penas en el país a cambio de verdad, la mayoría de los exparas se negaron en Estados Unidos a aportar verdad a las víctimas.
Un jurista cercano a la JEP le dijo a EL TIEMPO que en el caso Santrich el debate sobre la extradición “no solo no está muerto, sino que está más vigente que nunca”.
Sobre esto, el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, cuyo tribunal podría decidir la extradición de Santrich, dice que desde el 2012 no ha habido un caso que ponga a ese tribunal frente a una disyuntiva como la que se vivió con exjefes paramilitares.
Y un exmagistrado que conoce el funcionamiento de la Corte afirma que el escenario podría abarcar desde un aplazamiento de la extradición mientras Santrich responde a las víctimas con la verdad, hasta autorizar el envío del exguerrillero a Estados Unidos con el argumento de que “hay otros miembros de la Farc que están en la JEP y pueden contar esa verdad”.
MARISOL GÓMEZ G.
Editora EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG