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Proceso de Paz

El blindaje total para los acuerdos de paz es político

El ‘fast track’ en el Congreso vence en mes y medio, y falta aprobar varias leyes claves para hacer posible la paz estable con las Farc.

El ‘fast track’ en el Congreso vence en mes y medio, y falta aprobar varias leyes claves para hacer posible la paz estable con las Farc.

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

El fallo de la Corte que valida lo pactado es importante pero insuficiente para cumplir lo acordado.

Juan Carlos Rojas
Al respaldar la reforma que mediante un artículo transitorio en la Constitución obliga a los próximos tres gobiernos a cumplir los acuerdos de paz con las Farc, la Corte Constitucional reconoció la validez de esos acuerdos y les dio estabilidad jurídica, pero no los sacó de su zona de mayor riesgo: el terreno político.
El verdadero blindaje para el Acuerdo Final de Paz que se firmó en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre del 2016 sería un acuerdo político nacional para sacarlo adelante. Mientras esto no ocurra, la implementación de lo pactado para terminar medio siglo de guerra estará siempre en vilo.
Y, por lo menos hoy, ese pacto nacional parece imposible en medio de una campaña presidencial en la cual, además de la manifiesta decisión del Centro Democrático de “hacer trizas los acuerdos de paz”, es un hecho que Cambio Radical decidió convertir la oposición a lo pactado en La Habana en una de las banderas de su campaña.
Esto, sin contar con los congresistas de otros partidos de la coalición del Gobierno que de manera individual han puesto en duda su voto afirmativo a proyectos como la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Como afirma el profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes Iván Orozco, “el fallo de la Corte puede servir para regular el comportamiento del Congreso y las instituciones del Gobierno, pero no para controlar el mundo político”.
Él piensa que si una coalición de Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras llega a ganar la presidencia en el 2018, encontrará caminos para desmontar los acuerdos. “Si no quieren desconocer la Constitución, pueden mover al pueblo para mover la decisión de la Corte”, sostiene Orozco.
Pero el riesgo político para los acuerdos de paz es, incluso, más inmediato. No solo porque el ‘fast-track’ –mecanismo legislativo abreviado para aprobar las leyes de la paz– se vence el 30 de noviembre y ya no tiene prórroga, sino también porque, en los hechos, lo que no se apruebe de aquí a diciembre quedará en el limbo. A partir de enero, los legisladores estarán dedicados a las campañas para la elección del nuevo Congreso, que será en marzo.
En este contexto, como dice el jurista español y asesor de la Farc Enrique Santiago, “que la implementación de los acuerdos fracase está al alcance de la mano”.
Además de la ley que reglamenta la JEP, cuyo debate se ha tardado más de lo previsto, están pendientes de trámite legislativo la ley que da vía a las 16 circunscripciones especiales en la Cámara para las zonas más afectadas por el conflicto, la reforma política y la actualización del catastro rural (para que el predial se pague de acuerdo con la extensión de la tierra).
También, la ley que permite que entidades del Estado involucradas con desembolsos de dinero para la implementación de los acuerdos puedan hacerlo en medio de la campaña electoral y no se vean limitadas por la Ley de Garantías.
Incluso, ni siquiera ha llegado al Congreso el proyecto de la ley de tierras, corazón de los acuerdos de paz y el que más puede contribuir a resolver las causas estructurales del conflicto armado que ha sufrido Colombia.
Todo esto muestra que, si bien el fallo de la Corte Constitucional que obliga a los próximos tres gobiernos a cumplir los acuerdos de paz le da un blindaje jurídico importante a lo pactado en La Habana, es en el terreno político donde está la mayor fragilidad de los acuerdos con las Farc.

Electores, la clave

La realidad es que desatar el nudo en el cual se encuentra la paz está en manos de los electores colombianos. En las elecciones presidenciales de mayo próximo se enfrentarán en las urnas los líderes de las dos grandes tendencias nacionales frente a los acuerdos: la que los respalda y la que no.
Por un lado, el Centro Democrático y Cambio Radical, que aspiran a capitalizar el rechazo de un importante segmento de colombianos a lo pactado con esa guerrilla, y por el otro, los partidarios de los acuerdos de paz, que se articulan en torno a candidaturas y precandidaturas como las de Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Claudia López, Clara López y Jorge Robledo.
El resultado electoral a favor o en contra de cualquiera de estas opciones políticas será el que, finalmente, determine el rumbo inmediato de los acuerdos. Y, por qué no, el del país.
Lo que está de por medio es la posibilidad de superar un conflicto armado que no le ha permitido a Colombia aprovechar todo su potencial de desarrollo. Y para ello se requiere el máximo blindaje: el político.

Lo que se hizo para proteger lo pactado

1. Artículo transitorio en la Constitución
Está en el acto legislativo que avaló la Corte Constitucional el miércoles pasado y obliga a los próximos tres gobiernos a cumplir y a desarrollar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
2. Compromiso unilateral del Estado ante la ONU
El presidente Juan Manuel Santos depositó una carta en la Secretaría General de la ONU en la que el Estado se compromete con la implementación de los acuerdos. Ante un incumplimiento, cualquier país de la ONU puede demandar a Colombia ante el Tribunal Internacional de Justicia, pero, por razones diplomáticas, es difícil que esto ocurra.
3. Depósito del acuerdo en Berna (Suiza)
Le da categoría de Acuerdo Especial y compromete al país a que no volverán a ocurrir crímenes de guerra y de lesa humanidad. El efecto de esto y del compromiso ante la ONU es, sobre todo, político.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG
Juan Carlos Rojas
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