El Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, habló con Citynoticias sobre la lista de colados en las acreditaciones que entregó las Farc al Gobierno. Reveló que tiene la lupa sobre otros 500 nombres de supuestos guerrilleros presos que también fueron incluidos por esa organización para recibir beneficios jurídicos.
Rivera habló sobre los delitos que enfrentarían quienes incluyeron los nombres y señaló que podrían enfrentar procesos jurídicos ante tribunales internacionales.
¿Cómo identificaron que habían colados en la lista de postulados?
Encontramos ciertas alertas, en el sentido de que varios nombres no pertenecían a miembros de las Farc. Hicimos un segundo escrutinio, así que como teníamos muchas dudas, llevamos estos casos a un comité técnico que tenemos con las Farc. Les dijimos: creemos que esos nombres no hacen parte de la organización, queremos que ustedes verifiquen con su propia información. Estamos hablando de un interlocutor que entregó 14.178 nombres.
¿Ellos reconocieron que no hacían parte de la organización?
La mayor parte de estos nombres, salvo tres casos que revelamos ayer. Ellos finalmente aceptaron que no pertenecían a la organización, que los retiraban de la lista de postulados y la oficina procedió a tomar la decisión de no acreditarlos.
Como parte de la negociación se pactó que las Farc estaban obligados a decir la verdad para no perder los beneficios.
¿Podrían perderlos si se comprueba que manipularon las listas?
En este caso se firmó un decreto que establece que las Farc tienen la obligación de dar veracidad y exactitud en la información, pero el Gobierno tiene la obligación de verificar caso por caso, con los órganos de inteligencia que son nuestros ojos.
¿Qué consecuencias jurídicas podrían tener quien entregó esos nombres de los colados?
Yo no me atrevería a decir quién paso cada listado porque fueron varios.
¿A qué delitos se podrían enfrentar los responsables?
En el caso del Estado colombiano, si hay pagos de por medio, estaríamos hablando de delitos graves como fraude procesal porque tratan de engañar a las autoridades del Estado para que produzcan decisiones que de alguna manera no podrían cobijar a estos individuos. Pero si estos tratan de beneficiar a extraditables, estaríamos ante la obstrucción de la justicia en otros países y son conductas mayores. No estamos hablando de un tema menor.
¿Cómo se hizo la verificación?
El proceso tuvo una gran fortaleza que consistió en identificar a persona por persona, a través de sus huellas dactilares con el apoyo invaluable de la Registraduría.
¿Qué les preocupa?
Tenemos la mayor preocupación en la gente que está intentando salir de las cárceles porque si son miembros de las Farc tienen derecho a ampararse bajo el acuerdo para salir de las cárceles, pero si no son miembros de esta organización, no tendrían estos derechos. Ahí es donde está la mayor preocupación, el mayor riesgo.
Nos preocupa que en el listado inicial haya centenares de nombres sobre los que luego las Farc acepten que no pertenecen a su organización.
¿Qué otros casos encontraron?
Encontramos delincuentes comunes, delincuentes dedicados al narcotráfico, algunos de ellos extraditables, guerrilleros del Eln y criminales del clan del Golfo. Uno se imagina que en la interlocución con algunos frentes de las Farc pueden haber tenido acceso a alguien que los terminó recomendando para que los incluyeran en las listas.
La otra hipótesis es que hubo algunas personas visitando cárceles y promoviendo esta posibilidad de acceder a beneficios que son claramente inalcanzables para quienes no sean miembros de las Farc.
¿Sabe si hubo pagos de por medio?
No, pero con la Fiscalía hemos hablado que en el caso de que se tenga conocimiento de pagos, amerita que se investiguen los casos y que produzcan conclusiones y acusaciones que conduzcan a sanciones.
MARCELA ULLOA BELTRÁN
Periodista Citynoticias
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