Los acuerdos con los que la Fiscalía y la JEP hicieron las paces

Los acuerdos con los que la Fiscalía y la JEP hicieron las paces

Las relaciones entre las dos jurisdicciones muestran mejoría. Este miércoles hubo una reunión clave.

La vicefiscal María Paulina Riveros y la presidenta de la  JEP, Patricia Linares.

La vicefiscal María Paulina Riveros y la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

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Fiscalía

Por: Política
17 de octubre 2018 , 05:24 p.m.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación se estaban ‘pisando las mangueras’ y estuvieron a punto de generar choques institucionales, pero esas relaciones comenzaron a mejorar este miércoles.

Gracias a una cumbre de poderes realizada esta mañana en el Capitolio, en la que estuvieron las dos partes, y con la compañía de miembros del Congreso, del Gobierno y de la Procuraduría, se acordó crear una mesa técnica donde se buscarán las soluciones a los asuntos que distanciaban a las dos jurisdicciones.

El testimonio del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, es contundente en ese sentido: “Gobierno, Congreso y Poder Judicial estamos ahora remando para el mismo lado”.

Hubo otro aspecto de la reunión que llamó la atención. El gobierno del presidente Duque, a través de distintos voceros suyos en la reunión, ofreció todo su apoyo para el éxito de la JEP. Inclusive, hizo saber que está decidido a buscar más recursos para garantizar su éxito.

Según dijo el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado y promotor de estos buenos oficios para buscar la aproximación entre la JEP y la Fiscalía, se acordó una agenda de temas por resolver.

Algunas de las soluciones podrían implicar reformas constitucionales. Otras, leyes. Pero también se identificaron soluciones de procedimiento (decretos) y de mera comunicación.

Juzgamiento a terceros

La Fiscalía y la JEP están de acuerdo con crear una instancia en la JEP para juzgar a los terceros, es decir, a los civiles que participaron en el conflicto armado. Este asunto requerirá norma constitucional.

Cuando se aprobaron las normas constitucionales de la JEP se llegó a hablar de la conveniencia de que los terceros también concurrieran a este tribunal, pero el tema se sacó del proyecto. Ahora las dos jurisdicciones están de acuerdo con que los civiles que fueron parte del conflicto armado vayan a la JEP.

Se va a necesitar también una ley que ponga fin al limbo jurídico de los campesinos cocaleros que firmaron sustitución voluntaria de sus cultivos ilícitos, pero que al mismo tiempo admitieron la ocurrencia de un acto ilegal. El plazo de un año venció y los miles de campesinos que aceptaron haber estado incursos en ese delito deben resolver su situación jurídica.

Bien por vía de ley o de decreto (todavía no está claro el camino) se acordó poner fin a la dualidad de las jurisdicciones. Se trata de resolver la situación de algunos ciudadanos que teniendo procesos en la Fiscalía decidieron acogerse a la jurisdicción de la JEP, pero no han tenido la aceptación de esta última.

Sin mencionar a Santrich

Existe la decisión de examinar la jurisprudencia de ponderación de las víctimas sujetos de derechos en caso de extradición. Esto, en otras palabras, es mirar en qué casos no procedería la extradición de personas cobijadas por la competencia de la JEP.

Hubo acuerdo entre todas las partes para no mencionar casos específicos.
Pero este tema tiene que ver no solo con Santrich, sino de otros líderes de las Farc que podrían estar incursos en la misma situación.

Quedó establecido que el valor de los bienes incautados a las Farc sería destinado 50 por ciento para la JEP y 50 por ciento para fondos gubernamentales.

Ahora la Fiscalía y la JEP están de acuerdo con que el 100 por ciento del valor de estos bienes sean entregados a las víctimas del conflicto armado.

Hay más o menos consenso para fortalecer el cuerpo investigativo de la JEP. Mientras la Fiscalía tiene cerca de 500 investigadores, la JEP solo 18. Y se estima que habrá no menos de 80 mil procesos.

Se debe entonces, a juicio de las partes, robustecer el aparato investigador de la JEP.

Quedó claro, también, que los bienes incautados a las Farc, que no estaban en la lista entregada por los excombatientes, irán para la jurisdicción ordinaria. La JEP los quería para ella.Según la Fiscalía se han incautado bienes no establecidos en esa lista por un valor superior a $1.300.000.0000.000 (un billón trescientos mil millones de pesos).

Un caso insólito

Quedó en vía de solución el caso del grupo criminal denominado “Llamarada”, compuesto por exintegrantes del Eln, que a pesar de tener procesos en marcha en la Fiscalía, fue acogido por la JEP.

Como la JEP decidió abocar el conocimiento del caso, el proceso en la justicia ordinaria quedó paralizado.

Se trata de los autores de la bomba puesta en el Centro Comercial Andino.

La JEP argumentó que había decidido conocer del caso porque algunas personas del grupo estaban reportadas por el Comisionado de Paz como integrantes de las Farc, pero el comisionado desmintió eso.

Pero, en fin, estos y muchos otros temas que se cruzaban entre la Fiscalía y la JEP, van a comenzar a ser tratados en una “mesa técnica” a la que concurren los tres poderes y que ahora va a contar con el apoyo del propio presidente Iván Duque. Esa mesa tendrá sesiones en Palacio con la presidencia de Duque.

POLÍTICA

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