1 de cada 3 financiadores de campañas políticas contrató con el Estado

1 de cada 3 financiadores de campañas políticas contrató con el Estado

Según informe, uno de cada tres aportantes a campañas luego recibe contratos con el Estado.

Contratos públicos

La contratación directa se usa en el 80 por ciento de los contratos otorgados a financiadores de campañas. 

Foto:

Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Por: JAVIER FORERO ORTIZ
06 de diciembre 2019 , 09:28 p.m.

El 'matrimonio entre Capital privado y campañas políticas es una relación riesgosa. Por lo menos así lo demuestra un reciente informe de la organización Transparencia por Colombia 'Elecciones y contratos', según el cual uno de cada tres financiadores de campañas políticas en 2015 y 2018 recibió contratos con el Estado.

Esta situación enciende las alarmas, pues si bien aportar a las campañas es legítimo, en algunos casos estos financiadores reciben contratos con el Estado por montos muy superiores a la cifra que donaron.

El estudio abarca los candidatos elegidos en los comicios de 2015 (alcaldes y gobernadores que aún tienen su periodo vigente) y los congresistas elegidos en marzo de 2018.

Entre enero de 2016 y septiembre de 2019 se encontró que aproximadamente la tercera parte de los financiadores privados a todos los cargos y corporaciones en las campañas territoriales de 2015 celebraron contratos con el Estado después de haber entregado sus aportes”, indicó Transparencia por Colombia.

De acuerdo con el documento, la “relación riesgosa” entre financiamiento de campañas y contratación estatal descansa en que la principal fuente de recursos para la actividad electoral es de origen privado.

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Recursos privados

Esto se evidencia en que para 2015, el 89 por ciento de la financiación de los candidatos en esas elecciones locales fueron recursos privados, 4 por ciento salió de los partidos y el restante de anticipos estatales.

Algo similar ocurrió con las elecciones a Congreso en 2018. El 83 por ciento fueron recursos privados y 3 por ciento de los partidos.

“La manipulación de los procesos de contratación pública para beneficiar a un particular puede adquirir distintas manifestaciones, como que se presentes únicos proponentes, no se hagan licitaciones públicas, se construyan pliegos acomodados, se inflen los costos de los servicios, entre otros factores”, asegura el informe.

La manipulación de los procesos de contratación pública para beneficiar algún particular puede adquirir distintas manifestaciones

Según el documento, algunos de los aportantes obtuvieron contratos hasta por 80 veces el monto donado.

No obstante, esto no implica necesariamente que haya existido alguna irregularidad en la ejecución, sino la coincidencia entre los aportes a las campañas y la asignación de contratos.

Básicamente son cuatro los factores que generan mayores riesgos de contratación:

  1.  Exceso de contratación directa por parte de entidades públicas en todos los niveles de administración.
  2. Abuso de regímenes especiales que permiten evadir la obligatoriedad del Estatuto General de Contratación.
  3. Normas presupuestales y cultura de ejecución presupuestal que presionan a la tercerización de la contratación y a contratar directamente.
  4. Recurrencia de contratistas por prestación de servicios.

La contratación directa, en este caso, asciende a 80 por ciento de todos los contratos celebrados a nivel territorial entre 2016 y 2019 con personas naturales y jurídicas que financiaron campañas en 2015”, reza el documento.

En esta modalidad se encuentran los contratos de prestación de servicios y contratos interadministrativos. Si bien este tipo de contratación está permitida, limita la pluralidad de oferentes.

Para evitar que grandes financiadores a campañas puedan interferir de manera indebida en la contratación pública, el Estatuto Anticorrupción establece que quienes aporte más del 2 por ciento del tope de gastos de un candidato no pueden ser contratistas en el mismo nivel administrativo en el que dieron su aporte.

Sin embargo, a pesar de la prohibición, 38 financiadores a alcaldías, gobernaciones y Congreso que superaron el tope recibieron contratos en estos mismos territorios.

Precisamente para evitar estas situaciones, el Congreso tramita una norma que establece la obligatoriedad de los pliegos tipo en la contratación pública, con el fin de evitar los pliegos de contratación amañados.

Los casos emblemáticos
  • B & V Ingeniería S. A. S. Le aportó 50 millones de pesos a la campaña del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dice el informe. La firma fue ganadora de un contrato –por licitación– con la gobernación por 4.459 millones de pesos.
  • Fundación Valle del Lili.  Esta fundación realizó cuatro aportes, según el informe, a la campaña del alcalde de Cali, Maurice Armitage, por un total de 145 millones de pesos. Ha obtenido contratos con el municipio por 11.706 millones de pesos.
  • . Jorge Andrés Olave Chávez. En el caso de este aportante, el estudio dice que le donó 53 millones a la campaña del gobernador de Santander, Didier Tavera. Ha sido escogido para cinco contratos por contratación directa con la gobernación por 2.278 millones de pesos.
  • Hugo Alberto Gómez. El informe de Transparencia señala que hizo una donación de 55 millones de pesos a la campaña del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez. Obtuvo 15 contratos con entidades del municipio por 2.213 millones.
  • Fundación Suramericana. Según Transparencia, hizo una contribución de 50 millones a la campaña del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. La entidad obtuvo un contrato con la Secretaría de Educación por $ 1.435 millones.
‘El filtro de los partidos no es muy riguroso’
Sandra Martínez

Sandra Martínez, coordinadora política de Transparencia por Colombia

Foto:

Transparencia por Colombia

Sandra Martínez, coordinadora política de Transparencia por Colombia se refirió a los resultados del informe. 

¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?

El financiamiento privado de las campañas es permitido. Pero sí existe un riesgo de una incidencia en la contratación. Uno de los problemas que hay desde el punto de vista del acceso a la información es que ni en Cuentas Claras –aplicativo para relacionar los gastos de campaña– ni en el Sistema Electrónico de Contratación Pública se hace la pregunta frente a si ese financiador es o ha sido contratista del Estado. Es necesario conocer esta información.

Colombia maneja un modelo mixto de financiación de las campañas (público y privado), pero se requiere también que el monto de los recursos que provienen del Estado sea más alto para que haya un equilibrio y que este llegue antes de las campañas. Hay una gran falencia en la figura del anticipo de los recursos públicos.

¿Podría pensarse en una financiación totalmente estatal?

Honestamente creo que es una falsedad hablar de una financiación 100 por ciento estatal. En un modelo como el colombiano eso llevaría a que haya mayor opacidad en la financiación privada y no a eliminar los dineros privados de las campañas. Lo que necesitamos es un modelo mucho más transparente frente al origen de los dineros.

Hay una gran falencia en la figura del anticipo de los recursos públicos

¿Por qué se ven casos en los que el financiador viola la norma, bien sea por superar los topes de aportes o por tener algún impedimento, y aun así se permite el ingreso de este dinero?

Ese es otro de los grandes retos, necesitamos contar con un sistema de información unificado sobre la información electoral. En el papel, los partidos tienen el deber de revisar los antecedentes de los candidatos y los aportantes, así como de velar por el cumplimiento de la norma, pero en la práctica este no es un ejercicio tan riguroso.

¿Qué responsabilidad tienen los partidos?

La verdad es que aquí hay una responsabilidad grande desde los partidos porque en últimas ellos son los responsables de avalar un candidato y de acompañar las actividades de campaña, y una de las actividades es la financiación.
Pero el candidato con su equipo también deben velar por el cumplimiento de la norma.

JAVIER FORERO ORTIZ
Redacción Política
@javierforero07

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