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Fajardo le pide a la ONU exigir a Fiscalía celeridad en su proceso
Sergio Fajardo

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

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César Melgarejo / EL TIEMPO

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Fajardo le pide a la ONU exigir a Fiscalía celeridad en su proceso

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo.

El aspirante presidencial reclama una inmediata definición para no afectar sus derechos políticos.

Sergio Fajardo le pidió a la ONU que exija celeridad a la Fiscalía General de la Nación en el proceso que tiene en su contra al considerar que el empantanamiento afecta sus derechos políticos. Para la campaña, la ausencia de una determinación por parte del ente acusador se convierte en una distracción evidente a menos de un año de las elecciones presidenciales.

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La solicitud fue hecha por Mauricio Pava Lugo, abogado defensor de Fajardo, quien le pidió directamente a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "conminar a la Fiscalía General a que cumpla con los plazos razonables en el proceso contra el precandidato presidencial".

La defensa destacó que la Fiscalía se ha tomado casi cinco años investigando sin formular acusación en su contra ni permitirle a Fajardo ser oído por su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia.

Pese a que la conducta investigada habría ocurrido en el año 2013, los tiempos que se está tomando la Fiscalía llevarían a que se adelantara el juicio en medio de la contienda electoral para la Presidencia 2022, dice la defensa de Fajardo, quien ocupa los primeros puestos en la intención de voto, según varias encuestas.

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En un comunicado de la firma de abogados, dice que tras cinco años de investigación y más de dos meses después de haber formulado imputación, "la Fiscalía General de la Nación sigue sin acusar formalmente a Sergio Fajardo ante la Corte Suprema ni solicitar preclusión a su favor".

Esto, "a pesar de la insistencia de la defensa de que este proceso se surta en tiempos razonables, Fajardo permanece a la espera del momento en que la Fiscalía decida llamarlo a juicio".

Con la pretensión de que Fajardo sea oído sin dilaciones por su juez natural, la defensa, liderada por Mauricio Pava Lugo, presentó directamente en Nueva York la petición a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la solicitud.

También se hizo al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García. "En esta se solicita que el organismo multilateral conmine a la Fiscalía General de la Nación a que presente el caso a la Corte Suprema de Justicia y que no afecte los derechos políticos del hoy precandidato presidencial", agrega la comunicación.

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La investigación inició en el año 2016 y se refiere a hechos ocurridos durante su época como Gobernador de Antioquia (2013). Pero apenas recientemente el caso ha cobrado relevancia, tras la imputación de la Fiscalía a pocos meses de la contienda presidencial.

En palabras de Pava Lugo, “preocupa que, después de cinco años de investigación por una conducta supuestamente cometida en el 2013, los tiempos de la Fiscalía ahora coincidan con los del calendario electoral".

"Hemos pedido a las Naciones Unidas que vele por que se cumplan los plazos razonables aplicables a cualquier proceso y que Sergio Fajardo pueda ser escuchado oportunamente por la justicia colombiana”, agrega.

El pasado 5 de mayo ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fajardo sostuvo: “No acepto los cargos, jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”.

En 2018, el senador y entonces candidato presidencial Gustavo Petro, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para solicitar ayuda a fin de que se le garantizaran sus derechos políticos, en vista de los hechos de violencia ocurridos en la contienda electoral de ese momento.

El senador de la oposición Iván Cepeda también envió comunicaciones a la CIDH y Naciones Unidas el año pasado haciendo algunas consideraciones alrededor de la actuación del presidente Iván Duque con relación al proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

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