La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió este domingo el trámite de revocatorias de mandato hasta tanto el Ministerio de Salud emita concepto sobre la viabilidad de recoger firmas en medio de la pandemia.
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En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social autorice la recolección de apoyos, la Registraduría le solicitó a esa cartera trazar los lineamientos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas.
En el oficio remitido al jefe de la cartera de salud, la entidad solicita “su autorizado
concepto, sobre la viabilidad de la entrega de formularios físicos de recolección de firmas de apoyo y si autoriza la consecuente recolección de las mismas por parte de los comités promotores y sus equipos de trabajo en terreno”.
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Se estima que para llevar a cabo las 58 iniciativas de revocatoria de mandato inscritas a la fecha, se deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerca de 200 mil millones de pesos.
El alto costo de estos mecanismo ha generado críticas en los últimos días. Si bien la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores es un derecho consagrado en la Constitución de 1991, más allá de las razones de peso que tengan sus promotores, sobre el tapete quedó planteada la conveniencia de estos procesos justo cuando el país enfrenta una gran crisis económica por causa de una pandemia que parece no ceder.
No es momento de polarización. No es momento de pugnas políticas. Necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de la sociedad
En esto coinciden muchas voces, empezando por la del presidente Iván Duque, quien ha insistido en que para atender la pandemia se requiere la coordinación de gobernadores, alcaldes y toda la sociedad. En línea con ese propósito, Duque aseguró esta semana que no es momento de revocatorias. “No es momento de polarización. No es momento de pugnas políticas. Necesitamos la coordinación de todos y no la fractura de la sociedad”.
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Una mirada en retrospectiva a la revocatoria del mandato muestra que a esa figura de participación ciudadana no le ha ido bien. Desde 1991, cuando se introdujo en la Constitución y hasta el año 2017 se presentaron 166 intentos de revocatoria contra alcaldes, uno de estos fue contra un gobernador, pero según la Registraduría Nacional del Estado Civil, a día de hoy solo han llegado a elecciones 69 votaciones de estas iniciativas. Y solo una, realizada en el 2018 prosperó.
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El talón de Aquiles de la revocatoria, a pesar de ser un elemento clave de participación ciudadana, es precisamente la ausencia de los votantes que ha llevado al fracaso de estos procesos. Las cifras son elocuentes: el 5 de marzo del 2000 hubo una convocatoria para revocar al alcalde de Piamonte, Cauca. Se requería un mínimo de 388 votantes para que la revocatoria procediera, pero solo lo votaron 188.
Lo mismo ocurrió en Polonuevo, Atlántico el 15 de octubre de ese año, se necesitaban mínimo 5.857, pero solo votaron1.530 personas. El 5 de septiembre del 2010 se convocó a elecciones de revocatoria del mandato en Samacá, Boyacá. De un mínimo de 4.454 votantes que se requería, solo participaron 44.
Estos casos son llamativos porque a simple vista los promotores de la revocatoria la tenían fácil para lograr su objetivo, pero, fueron derrotados por la alta abstención. 65 de las 69 votaciones que se han realizado hasta la fecha no han alcanzado el umbral de participación ciudadana, pero sí han tenido un elevado costo: Según la Registraduría en todos los procesos realizados se han invertido $1.888.000.000 del presupuesto y solo uno logró su cometido.
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