Pasadas las elecciones locales del pasado 27 de octubre, diferentes sectores políticos han manifestado inquietudes sobre algunas disposiciones que entraron a regir, especialmente una que tiene que ver con asambleas y concejos.
Según la Constitución y el Estatuto de la Oposición, quienes quedaron de segundos en las votaciones de gobernaciones y alcaldías tienen el derecho a ocupar una curul en asambleas y concejos, los cuales comenzarán sus periodos el próximo primero de enero.
El lío se ha presentado porque en algunos departamentos, ciudades capitales y municipios del país el voto en blanco fue el que quedó de segundo y no un candidato que pueda ocupar el escaño que las normas destinaron para los segundos en alcaldías y gobernaciones.
Esta situación se presentó en tres gobernaciones (Cundinamarca, Valle y Bolívar) y en dos ciudades capitales (Barranquilla y Armenia).
Hace varios meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución que resolvió este tema jurídicamente, pero que no parece haberlo solucionado en el campo político.
Según el tribunal electoral, cuando el voto en blanco quede de segundo, el que debe ocupar la curul es el tercero en votos, ya que la norma indica que el escaño pertenece al aspirante que siga en votación al primero.
En la gobernación del Atlántico el voto en blanco quedó de segundo, pero el tercero, Nicolás Petro, podrá asumir la curul en la asamblea departamantal.
Vanexa Romero /EL TIEMPO
Pese a la claridad jurídica, algunos sectores políticos siguen teniendo dudas sobre el tema. En el Valle del Cauca, por ejemplo, uno de los departamentos donde se presentó esta situación, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa ha alertado del tema.
Para Motoa, quien presidió la Comisión Primera del Senado cuando se tramitó el Estatuto de la Oposición, cuando se presenten estos casos “no habría lugar a ocupar esa curul”, pues “el tercero es tercero y no segundo y no habría sustento jurídico para decir que ese tercero representa a la oposición”.
Aunque jurídicamente el tema parece resuelto por el CNE, diferentes sectores políticos no parecen haber quedado satisfechos y es posible que lleven sus inquietudes a instancias como el Consejo de Estado.
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