La posibilidad de que los electores revoquen el mandato de sus alcaldes y gobernadores, que se incorporó en la Constitución de 1991, parece alejarse cada vez más de las manos de los ciudadanos.
Contra este mecanismo de participación ciudadana atentan no solo el hecho de que ninguna votación –56 en 20 años– ha prosperado, sino que esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó su facultad para estudiar las 110 que cursan en este momento.
Precisamente el caso de Peñalosa fue el que motivó que el CNE confirmara esta semana su competencia para estudiar las causales con las que se piden estos mecanismos: el incumplimiento del Plan de Gobierno y la insatisfacción generalizada de la ciudadanía.
Un aspecto que ha quedado claro con esta cascada de revocatorias, como la de Peñalosa, es que en su mayoría son impulsadas por los contradictores políticos de los mandatarios. Por quienes perdieron la elección, sin rigor jurídico.
La otra amenaza para las revocatorias corre por cuenta de los altos costos que estas acarrean, algo que el Ministerio de Hacienda le ha hecho saber al Consejo Electoral. Expertos electorales estiman que la de Peñalosa, por ejemplo, podría costar alrededor de 42.000 millones de pesos, a los que habría que sumar lo que se tenga que invertir en la realización de una nueva elección, en caso de que Peñalosa sea revocado.
Para Mauricio Jaramillo, politólogo y profesor de la Universidad del Rosario, uno de los problemas de este instrumento es que se pueden “pervertir por diferentes tintes políticos, como en el caso de Bogotá, que parece más una especie de venganza política”.
Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado, afirmó que las revisiones que plantea el CNE pueden “restringir un derecho” ciudadano, como es la revocatoria.
Por el momento, el CNE tiene previsto estudiar, a partir del martes, tres revocatorias que ya tienen fecha para ser votadas: San Benito Abad (Sucre), el 4 de junio; Remolino (Magdalena), el 18 de junio, e Icononzo (Tolima), el 2 de julio.
