Para el 20 de julio, el día cuando se conmemora la independencia de Colombia y el presidente Iván Duque instala una nueva legislatura en el Congreso, están programadas nuevas manifestaciones en el país, impulsadas por el Comité Nacional del Paro (CNP), la denominada ‘primera línea’ y otros ciudadanos de varias ciudades.
El Gobierno Nacional, específicamente los ministerios de Defensa y del Interior, ha estado adelantando consejos de seguridad en Bogotá, Pereira, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades principales para adelantarse a los riesgos que puedan surgir en las marchas y activar los protocolos necesarios para evitar los disturbios.
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En estos, la Policía ha determinado que hay personas que planean hacer vandalismo y “cometer actos contrarios a la ley”. “Está claro que, de acuerdo con información de inteligencia, el Eln y algunas disidencias de las Farc siguen con la intención de financiar actividades violentas y de criminalidad, alrededor de estas organizaciones e individuos”, advirtió el ministro de Defensa, Diego Molano.
Además, este viernes se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional para "coordinar con todos los alcaldes y gobernadores y mandos de policía y militares del país porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", señaló este viernes el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Por tanto, en el Valle del Cauca, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció un cierre de las fronteras hasta el jueves 22 de julio a medianoche, con el fin de que con esta medida restrictiva de movilidad, se garantice la “convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteraciones del orden público, así como disminuir la velocidad de contagio del covid-19”. También habrá toques de queda el lunes 19 y martes 20 de julio, de 7:00 p. m a 5:00 a. m. del día siguiente. “Junto a nuestra Fuerza Pública haremos acompañamiento a las movilizaciones sociales programadas para garantizar la protesta pacífica y la seguridad”, aseguró.
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En Bogotá, vigilan las entradas de la capital para controlar quiénes ingresan a la ciudad, pues no permitirán actos vandálicos. “Al primer hecho de violencia nuestra Policía Nacional tiene la orden de intervenir según los procedimientos y protocolos establecidos en la constitución y la ley”, aseveró Aníbal Fernandez de Soto, secretario de seguridad de Bogotá.
Y es que en videos ha quedado registrado cómo los miembros de la primera línea en Bogotá entrenan con machetes, palos y bolillos para posibles enfrentamientos.
“Quienes ingresan con caucheras, escudos, botellas o combustible no vienen con buenas intenciones, y esa es la finalidad de lo que estamos haciendo. Estamos detectando estas personas antes del 20 de julio. Son generadores del caos y destrucción”, reiteró el comandante de la Policía Metropolitana, el general Eliécer Camacho.
En paralelo, el jefe de la cartera política ha encabezado dos reuniones de la Mesa Nacional de Garantías para la Protesta Pacífica en Bogotá, así como en Pereira, Cali y Medellín, en las que ha señalado que “la manifestación pacífica no justifica la alteración del orden público”, por lo que no lo tolerarán.
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“En la concepción del Gobierno, la manifestación pacífica no constituye la alteración del orden público (...) Se debe garantizar la seguridad de los manifestantes, de que se puedan manifestar tranquilos y lo puedan hacer dentro de la ley. Pero también existe la obligación de que quienes propaguen un comportamiento delincuencial tengan que pagar las consecuencias”, aseguró Palacios.
Pero entre las autoridades políticas hay preocupación, especialmente por dos asuntos. El primero es que las nuevas manifestaciones puedan agilizar un cuarto pico de la pandemia de coronavirus y, el segundo, que haya desorden y caos en las ciudades.
“Con estas marchas se están incentivando las aglomeraciones. Ahí no hay forma de garantizar los protocolos de bioseguridad (...) lo que se está logrando con estas nuevas marchas es que los picos de contagio vuelvan a crecer”, aseguró Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios.
Además, afirma que los grupos armados ilegales están viendo estas manifestaciones como una oportunidad para “trasladar la guerra que antes hacían en el campo a la ciudad”, lo cual, dice, es un asunto grave pues “desvirtúa completamente lo que algunos, con una buena intención, pretenden, pues las marchas se convierten en un mecanismo para que los violentos destruyan la infraestructura y atenten contra los derechos de los colombianos”.
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Por tanto, el llamado que hace es a que estas marchas sean pacíficas, que no generen el vandalismo ni los bloqueos, ni se vean afectados los derechos de los otros colombianos. Para el Gobierno será un reto garantizar la protesta pacífica, evitar los excesos policiales y a la par garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
“Se debe garantizar la protesta pacífica y su normal desarrollo con respeto por los derechos de todos los ciudadanos, marchantes y no marchantes”, aseguró Didier Tavera, presidente de la Federación Nacional De Departamentos (FND).
A pesar de que este martes retornarán esas manifestaciones, Toro espera que este no sea el inicio de una nueva oleada de protestas.
Entre los partidos políticos hay opiniones divididas. De un lado, la oposición ha respaldado estas nuevas marchas, mientras que otros afines al Gobierno alertan que no pueden acarrear violencia.
“Este 20 de Julio, fecha que nos recuerda el grito de independencia, llegan a Bogotá la Minga Indígena y la juventud de las Primeras Líneas. Les recibiremos con afecto, respeto y reconocimiento”, aseguró en sus redes sociales la representante del partido Decentes, María José Pizarro.
En este mismo sentido, Omar De Jesús Restrepo, representante del partido Comunes, antes Farc, advirtió que volverán “a llenar las calles de alegre rebeldía” y levantarán “la voz por la paz con justicia económica, social y ambiental”.
De otro lado, el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, refiriéndose a los grupos que se estarían infiltrando, aseguró que “los violentos siguen adelante con su meta de caos y desestabilización, ahora no solo es el terrorismo urbano, van por las empresas y negocios”.
De ese mismo partido, el senador Gabriel Velasco señaló que los “empresarios de Cali y el Valle exigen seguridad, no más bloqueos y el cumplimiento de la ley y agregó que “Colombia debe reactivar la economía, incentivar la iniciativa privada y apoyar los más vulnerables para que tengan más oportunidades”.
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Por su parte, el Comité Nacional del Paro anunció que ese día radicará diez proyectos de ley ante el Congreso de la República. Según Francisco Maltés, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cada uno de ellos surgió de las conclusiones que se han obtenido durante el paro y “recopilan las necesidades de los colombianos”.
Dentro de los grandes temas a presentar, el Comité propone una renta básica para 10 millones de personas que constaría de una salario mínimo durante 7 meses y matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas con cargo al Presupuesto Nacional.
Además, señaló que habrá otro proyecto de ley para que “se pague el salario a los trabajadores de las medianas y pequeñas empresas, no a las grandes empresas, no de las mega empresas como sucedió en el pasado”, explicó Maltés.
LUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA
Twitter: @LuisaMercadoD
