Los gerentes de las campañas electorales que violen los topes de gastos tendrán que pagar hasta ocho años de cárcel.
El nuevo castigo quedó contemplado en una ley que sancionó esta semana el presidente Juan Manuel Santos y que busca aumentar la lucha contra la corrupción en los certámenes electorales.
Esta ley, impulsada por la Fiscalía General de la Nación y el Centro Democrático, se aplicará a los más de dos mil candidatos que se espera que postulen su nombre al Congreso en las elecciones del próximo año, y a los aspirantes que vayan por la presidencia.
La idea es que estas nuevas sanciones, las cuales quedaron estipuladas en el Código Penal, impidan casos de corrupción en las campañas de estos candidatos y que los pongan a pensar dos veces si incurren en delitos electorales.
Por ello, el Jefe de Estado hizo la presentación de la ley en medio del Foro Transparencia e Integridad en Tiempos de Paz.
“Ayer (el jueves) sancioné la ley para proteger los mecanismos de participación democrática. Ahí convertimos en delito lo que no era delito, hasta el día de ayer. Las sanciones por los abusos electorales, las cuentas, los topes de las campañas”, afirmó Santos.
Entre las nuevas sanciones que trae la norma está que quienes actúen como gerentes de campañas o tesoreros serán sancionados con cárcel en caso de que superen los topes de gastos.
En ese sentido, la ley indica que “el que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión” de 4 a 8 años.
La sanción también será económica. De acuerdo con la nueva ley, tendrán que pagar una “multa correspondiente al mismo valor de lo excedido”.
La responsabilidad para los gerentes de las campañas será puntual en los casos en que se compruebe que hubo financiación ilegal de las mismas.
Para esta falta se determinó que “el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales” se irá para la cárcel entre 4 y 8 años.
Y las multas para él serán de entre $ 249’800.000 y $ 884’400.000, según el salario mínimo legal vigente.
Esta nueva sanción aumenta los castigos para los responsables de la parte administrativa de las campañas, a los cuales las autoridades electores solamente podían imponerles sanciones administrativas.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral investiga la posible financiación indebida en las campañas de Santos y del candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, en el 2014.
Otra de las nuevas sanciones cobija a las empresas aportantes a las campañas. De ahora en adelante, todas las compañías que hagan aportes a las campañas tendrán que certificar –con soportes contables– sus contribuciones.
Si no lo hacen, sus representantes legales tendrán que ir a la cárcel entre 4 y 8 años.
Esta disposición busca impedir que haya aportes de empresas a campañas por debajo de la mesa o que no queden registrados en sus libros de contabilidad.
Para los candidatos elegidos a un cargo público, desde concejos hasta la Presidencia de la República, que se les demuestre que tenían inhabilidades para competir por el mismo, también se reforzaron los castigos con esta ley.
Si se comprueba que estaban inhabilitados para el cargo no solamente tendrán que dejarlo, sino que irán a prisión entre 4 y 8 años.
En las inhabilidades para ser congresista, por ejemplo, están que el elegido haya sido empleado público o autoridad administrativa dentro del año anterior a la elección.
Los demás delitos electorales –como la compra y venta de votos o la presión al elector para que sufrague por un determinado candidato–ya estaban castigados en una reforma que se hizo al Código Penal en el 2007 y lo que se hizo con la nueva ley fue reforzar su castigo.
El representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, fue uno de los autores del proyecto.
¿Cuál fue la motivación para impulsar esta ley?
Combatir eficazmente la corrupción electoral, pues antes era muy difícil judicializar a las personas que pagaban las elecciones a través de prebendas, contratos o dinero a sus electores. Lo que hace es combatir la corrupción electoral en todos los ámbitos.
¿Cómo se van a beneficiar los comicios del próximo año?
Ya los políticos tendrán que pensarlo tres veces antes de entregar televisores, aires acondi- cionados, prebendas o contratos, porque cualquier funcionario público o ciudadano los puede denunciar. No solamente irán a la cárcel, sino que también pierden su curul y su beneficio.
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