El asesinato de líderes sociales es una tragedia a la que hay que ponerle freno de inmediato. Cada mañana, el país se despierta con un crimen nuevo en donde el patrón es más o menos similar: pistoleros buscan a sus víctimas, algunas de ellas incluso en sus propias casas, y les disparan a sangre fría. En ocasiones, delante de sus seres queridos.
El número varía según las fuentes. En apenas dos semanas de este año, algunas organizaciones hablan de 18 muertos. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene, según información preliminar, los datos de 10 personas a quienes les han quitado la vida.
El drama para la ONU es de tal dimensión que lo califica de “terrible tendencia”.
La Misión de Verificación ya lo había advertido al Consejo de Seguridad del organismo durante sus últimos informes. Pero esta vez fue la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que preside la chilena Michelle Bachelet, la que, al hacer el balance de lo ocurrido entre 2019 y 2020, mostró su intranquilidad por el “significativo” número de homicidios.
El año pasado, en los registros de Naciones Unidas aparecen 107 activistas asesinados. El organismo está revisando otros 13 casos, lo que podría aumentar a una escalofriante cifra: 120. En 2018 “ya se habían intensificado” los asesinatos cuando hubo 115 asesinatos
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Por esta razón hacen un llamado al presidente Iván Duque para que “realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales”.
Además, le piden “investigar todos y cada uno de los casos, y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones” y también le dicen que esa “violencia e impunidad debe detenerse”.
Grupos ciudadanos en distintos puntos del país reclaman mayor protección para los líderes.
Alexis Múnera
Según la ONU, de los 107 casos registrados de 2019, el 98 por ciento sucedió en municipios donde operan grupos ilegales que se disputan las economías ilícitas. Y el 86 por ciento fue en veredas con una tasa de pobreza por encima del promedio nacional.
Más de la mitad de los homicidios fueron en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. “Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos”, diagnostica Naciones Unidas.
En el informe dice que esta escalada criminal “es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
Esta oficina explica que entre las causas de la problemática, además del las economías ilícitas, está la llegada de los grupos ilegales a los territorios que dejó las Farc tras el proceso de paz con la administración Santos. Por eso habla de los “continuos desafíos” en la implementación del acuerdo de paz.
Sobre este punto precisa la urgencia “del desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo” y buscar “la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas”.
De hecho, el responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertó hace unos días al Consejo de Seguridad sobre cómo la violencia generalizada “sigue amenazando la consolidación de la paz”.
Si bien reconocen avances del Estado en la protección de los líderes, la oficina de Bachelet insta al Gobierno para frenar esa “tendencia” de crímenes. Se trata de un desafío enorme. Hace unas semanas, el Ejecutivo presentó una política pública que tiene como propósito prevenir y proteger la vida y los derechos de los líderes.
El plan fue elaborado con 370 activistas de 17 departamentos, lo que permite, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “tener una política basada en la experiencia personal de los líderes, los riesgos que corren en razón de su labor y las iniciativas para hacerles frente de manera efectiva”.
El jueves de la semana anterior, el presidente Duque, al hacer un balance de la situación dijo que “hay que avanzar todos los días en que la reducción (del número de crímenes)” hasta “llegar a cero, porque rechazamos esa tragedia”.
Según la ONU, de los 107 casos registrados de 2019, el 98 por ciento sucedió en municipios donde operan grupos ilegales.
Alexis Múnera
EL TIEMPO le hizo 5 preguntas a Martha Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Bandas Criminales de la Fiscalía.
¿Qué radiografía tienen sobre estos crímenes?
Desde 2016, la Fiscalía desarrolla una estrategia de investigación y judicialización que ha permitido que se alcancen resultados sin precedentes en relación con el avance de esclarecimiento de estos hechos. Entre el 1.º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, la Fiscalía investigó un total de 592 homicidios reportados por la ONU, organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria.
Para este período, la ONU reportó 365 crímenes de defensores, de los cuales el 75,34 % ocurrió en 11 de los 32 departamentos del país. Cauca (59 víctimas) y Antioquia (53 víctimas) concentran el mayor número de casos, seguidos de Norte de Santander (32 víctimas), Valle del Cauca (26 víctimas) y Caquetá. Además, el 67,40 % de estos 365 casos se presentaron en zonas rurales.
¿Cómo han avanzado las investigaciones?
Frente a estos casos tenemos una metodología especial que incluye la activación de unidades itinerantes con la capacidad de desplazarse a cualquier lugar del país para atender los homicidios, un mecanismo de asociación de casos, el fortalecimiento de las capacidades investigativas de las seccionales y la expedición de directrices precisas para la investigación.
¿Qué resultados hay?
En general, del universo de 592 homicidios, 256 (43,24 %) se encuentran con avance de esclarecimiento. De manera particular, sobre el total de homicidios reportados por la ONU (365 víctimas) se tiene un avance investigativo en 191 hechos, que equivale al 52,32 %, con los siguientes resultados: 54 casos con condena, 71 en juicio, 28 con imputación de cargos, 36 en indagación con orden de captura y 2 precluidos por muerte del indiciado. Se han vinculado 510 personas, de las cuales 211 están privadas de la libertad.
¿Quién está matando a los líderes?
En los casos reportados por la ONU es importante advertir que los homicidios son atribuidos a múltiples autores, que incluyen particulares (38,74 %) y a organizaciones criminales (57,59 %), con los siguientes responsables: 31 víctimas atacadas por organizaciones criminales locales, 27 por disidencias de las Farc, 20 por el ‘clan del Golfo’, 16 por el Eln, 6 por ‘los Pelusos’ y 5 por ‘los Caparros’.
¿A qué atribuyen la diferencia de cifras entre las entidades?
La Fiscalía aborda la totalidad de homicidios denunciados, independientemente de la entidad u organización que lo reporta. Es posible advertir que la conceptualización sobre quién es defensor varía entre fuente de información y, además, su verificación en terreno es diferente, por esto la Fiscalía implementó una directiva en la que se abordan temas como el concepto de defensor con base en información de la ONU.
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