¿La ley empanada promueve la invasión del espacio público?

¿La ley empanada promueve la invasión del espacio público?

Busca caracterizarlos y darles una oportunidad. Seguirán operativos, pero con reubicación previa.

Patio Bonito

Se han hecho 44.934 caracterizaciones de vendedores y les han ofrecido oportunidades de alternativa comercial

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Diego Santacruz / EL TIEMPO

Por: Política 
14 de agosto 2019 , 10:50 p.m.

Una de las inquietudes que surgen tras la promulgación la Ley 1988 del 2 de agosto de 2019, conocida popularmente como ley empanada, es si esta le da la facultad a los vendedores ambulantes de apropiarse del espacio público sin ningún control de las autoridades o, por el contrario, regula este oficio.

EL TIEMPO analizó el documento y estableció que lo que se busca es identificar y hacer una caracterización de ellos (ambulantes, semiestacionarios, estacionarios, periódicos y ocasionales o de temporada) para reubicarlos y brindarles, según su situación, una solución.

Por ejemplo, para aquellos vendedores informales que llevan más de 10 años en el oficio (principio de confianza legítima) se buscará su reubicación en un lugar que les brinde la posibilidad de vender sus productos, pero bajo la salvedad de que estos no deben ser piratas o de contrabando.

“Con esta ley, lo que se está diciendo es que se debe coger desde la mirada social el problema de los vendedores ambulantes y luego actuar desde el punto policivo”, asegura Carlos Guevara, senador de Mira y promotor de la ley.

También, se busca que un porcentaje de lo que algunos vendedores pagan por ocupar el espacio público (casetas) se invierta en un ahorro para la vejez y en un microseguro laboral. Para el caso de Bogotá, esto debe ser aprobado por el Concejo Distrital.

“Luego de la caracterización, se debe sacar a estos informales de esos préstamos gota a gota, ya que la gran mayoría de ellos para poder surtir sus chazas recurren a estos créditos ilegales; en cambio de esto se tendrá que brindar oportunidad para que los bancos les presten microcréditos y usen pagos electrónicos”, destaca Guevara.

Para el caso de aquellos ambulantes que son jóvenes o llevan poco tiempo en esa labor, la ley lo que pretende es que tengan la oportunidad de formarse, ya sea en convenios con el Sena o en el Ministerio de Industria y Comercio, y se les brinde un proyecto productivo, pero que no tenga que ver con la ocupación del espacio público.

Sin embargo, estas oportunidades que se les brindarían –según Guevara– no implican que la Policía no pueda seguir haciendo su trabajo de recuperar el espacio público, este debe seguir, pero teniendo previamente una alternativa de reubicación y de oportunidad de aprendizaje para esta población.

Sin embargo, para que estos pasos se den, los Ministerios de Trabajo y del Interior tienen 12 meses para elaborar y sacar una política pública en la que estos vendedores sean reconocidos como población vulnerable, pues en muchos lugares del país no lo son, además de dar los lineamientos para hacer todo el proceso con ellos y lograr que estén carnetizados.

“Hay que crear una ruta y revisar cuáles pueden ser reubicados y cuáles no. Esto es clave porque hoy los mandatarios locales esperan que un juez falle para hacer un proceso policivo, pero no hay cómo proteger a ese vendedor”, destaca Guevara.
La Defensoría del Espacio Público no se quiso pronunciar sobre esta ley, porque considera que el tema de vendedores ambulantes le corresponde al Instituto para la Economía Social (IPES).

El IPES, que viene trabajando en el tema desde antes de que se promoviera esta ley asegura que ha realizado 44.934 caracterizaciones e identificaciones a vendedores informales que ocupan el espacio público, y solo 13.453 han aceptado una alternativa comercial.


La Corte se ha pronunciado

Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional en varios fallos ha dicho que cuando los vendedores tienen derechos adquiridos (permanecer un tiempo prolongado en un solo sitio), antes de cualquier desalojo, la alcaldía debe reubicarlos en un nuevo lugar de trabajo, facilitando su traslado y sus labores. También les pueden ofrecer programas y proyectos de formalización de trabajo u otras medidas.

Como lo registró EL TIEMPO, el 13 de julio pasado, un tema específico que tuvo transformaciones por parte del alto tribunal tiene que ver con el Código de Policía, en cuyos artículos contemplan multas y sanciones contra los vendedores ambulantes.
Ahí la Corte dijo que se debe respetar la confianza legítima, es decir, no pueden ser desalojados ni decomisarles sus bienes a quienes por años se han dedicado a las ventas ambulantes en el mismo lugar. Tampoco las personas que se encuentren en una situación vulnerable.

¿Por qué el nombre de esta norma?

Este proyecto de ley fue presentado por el partido Mira en el 2017, sorteó dos debates en el Senado y luego pasó a la Cámara de Representantes para su aprobación en febrero del 2019. En ese momento tomó fuerza, cuando se registró el incidente del joven que en Bogotá fue multado con 800.000 pesos por comprar una empanada en el espacio público, de ahí tomó su nombre.

El proyecto fue aprobado en junio pasado y luego fue sancionado por el presidente Iván Duque.

POLÍTICA 

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