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Partidos Políticos

¿Se están cometiendo delitos electorales en esta campaña?

Claudia López y Gustavo Petro

Claudia López y Gustavo Petro

Foto:Carlos Ortega. EL TIEMPO - Archivo

Existen casos como las manifestaciones en plaza pública de Petro y el trino de Claudia López.

Pese a que faltan más de cuatro meses para la primera vuelta presidencial, algunos precandidatos a la Presidencia y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, han desarrollado diferentes actividades y expresado posiciones que podrían llegar a constituirse en faltas electorales y disciplinarias y que las autoridades están investigando.
De acuerdo con la Registraduría, la campaña presidencial comenzará oficialmente el próximo 29 de enero y solamente desde ese día los aspirantes podrán hacer publicidad de sus candidaturas.
Pese a esto, para algunos sectores, lo hecho por precandidatos como el senador Gustavo Petro, de origen izquierdista y quien ha participado en manifestaciones en plaza pública, son hechos que merecen ser investigados.
El pasado 10 de septiembre, por ejemplo, Petro participó en una manifestación en la plaza de la Paz, en Barranquilla, en la que pronunció un encendido discurso frente a sus seguidores. En ese momento, varios de los políticos que lo apoyan afirmaron que lo que se hizo fue aprovechar su presencia en la inauguración de la sede del Pacto Histórico para que él tuviera reuniones con la comunidad.
Después de esto, el aspirante presidencial ha participado en actos similares en Valledupar, Bogotá, Cartagena, Sincelejo, Bucaramanga y Villavicencio, además de Bello y La Estrella, en Antioquia.
Fuentes de la organización de Petro le dijeron a EL TIEMPO que estas manifestaciones han sido organizadas por candidatos que están en las listas del Pacto Histórico o políticos locales que son afines a su propuesta. Es decir, por terceros y no por la campaña como tal.
Esto significaría que la campaña del precandidato no habría invertido dinero en la organización de estos actos y que, por lo tanto, no tendría que reportarlo en la plataforma Cuentas Claras, la cual, además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará una vez comience oficialmente la campaña.

La Procuraduría conserva todas las facultades para actuar de manera preventiva y disciplinaria frente a la ocurrencia de presuntas faltas que cometan todas y todos los funcionarios públicos

Este diario supo que por este tipo de manifestaciones llegó una queja al Consejo Electoral, la cual está siendo investigada.
Según algunos magistrados del CNE, que no puede pronunciarse públicamente por la posibilidad de ser recusados, se deben sopesar las circunstancias en las que Petro participó en este tipo de actos.
La lógica en este caso es que una cosa son las reuniones públicas, a las cuales tienen derecho todos los colombianos, y otra es que en medio de estas manifestaciones haya publicidad de la candidatura de Gustavo Petro. En este último caso sí habría lugar a sanciones por publicidad electoral extemporánea.
Este tipo de sanciones son económicas y van desde alrededor de 14 millones de pesos hasta más de 100, según sea el caso.
Un caso similar fue el que protagonizaron algunos precandidatos presidenciales que buscaron el aval con firmas y los cuales, para diversos sectores, se habrían cobijado en la recolección de apoyos para publicitar sus candidaturas.
El expresidente del Consejo Electoral Joaquín José Vives afirmó que no ve “ningún inconveniente” en los actos que está protagonizando Petro ya que, para él, el mismo término de los cuatro meses de prohibición para hacer campaña presidencial se aplicaría a las consultas del 13 de marzo, en las que el senador espera competir.
“Adicionalmente, habría qué ver el tipo de participación que es, porque podría estar acompañando candidatos al Congreso que, probablemente, ya están en campaña”, afirmó Vives.

Claudia López y la presunta participación en política

Caso aparte es el de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien enfrenta todo un debate político por un trino publicado tras el anuncio del aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de no ingresar a la coalición Equipo por Colombia.
“El uribismo va solo hasta primera vuelta. Jajaja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. No más! #NoPasarán #ElCambioEsImparable”, escribió López.
El mensaje fue objeto de debate básicamente por la posibilidad de que la mandataria esté interviniendo en política, algo vedado para los gobernantes. Incluso, el abogado Hollman Ibáñez anunció que radicó una “queja disciplinaria” para que se investigue a López.
En este caso hay otro tema de por medio y es la posición de la Corte IDH sobre las sanciones a un servidor público elegido de manera popular, como es el caso de la alcaldesa de Bogotá. Para esa instancia internacional, un juez penal es el único que puede proferir una sanción contra estos funcionarios.
No obstante, hace algunos meses se aprobó una ley que modifica algunos aspectos de esta clase de procesos y que brinda más garantías para cuando se investigue a los elegidos popularmente.
En este sentido, la procuradora General, Margarita Cabello, le dijo a EL TIEMPO que el Ministerio Público conserva todas las facultades “para actuar de manera preventiva y disciplinaria frente a la ocurrencia de presuntas faltas que cometan todas y todos los funcionarios públicos, incluidos, por supuesto, los de elección popular”, y que “desde que comenzó este proceso, en marzo de 2021, se ha alertado, requerido y conminado públicamente a todos los servidores, incluyendo a los de elección popular, a cumplir los deberes funcionales orientados a abstenerse de intervenir, participar, utilizar el cargo y/o influir en actos de política partidista que pongan en riesgo las garantías del electorado”.

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