La polémica alrededor de si los excombatientes podrían o no participar en política sin haber cumplido sus condenas en la justicia especial de paz parece haber quedado saldada en el proyecto de ley que reglamenta esta nueva jurisdicción.
Según la ponencia que se presentó para el segundo debate de la iniciativa, una vez se impongan las condenas a los excombatientes, estas serán “incompatibles” con el desempeño de un cargo de elección popular.
Esto quiere decir que los exintegrantes de las Farc que resulten elegidos al Congreso en 2018 y posteriormente reciban condenas en la justicia especial de paz deberán dejar sus curules.
Este vacío fue objeto de una intensa polémica en el primer debate del proyecto. Una de las primeras en alzar la voz fue la senadora por Alianza Verde Claudia López, quien presentó una proposición para modificar esta parte de la iniciativa.
Desde el comienzo, el Gobierno insistió en que esta disposición era parte del acuerdo de paz, y que además estaba en la reforma constitucional que creó la nueva jurisdicción especial.
No será compatible cumplir la sanción, sea ordinaria o alternativa, con el ejercicio de la política
Este jueves, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que en todo caso, el hecho de que los exguerrilleros sean elegidos al Congreso “no los sustrae de la obligación de la verdad y la reparación, y si no lo hacen se exponen a la cárcel”.
Es decir que si esta modificación es aprobada en el Congreso, en las próximas elecciones los excombatientes podrán presentarse, pero los que sean elegidos se exponen a que les quiten sus escaños si se les imponen las penas de las que habla el modelo especial de justicia.
La representante a la Cámara por los ‘verdes’ Angélica Lozano, impulsora también de este reclamo, confirmó que, según la ponencia para segundo debate del proyecto de ley, quedó que “no será compatible cumplir la sanción, sea ordinaria o alternativa, con el ejercicio de la política”.
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